ONG alertan ante inminente aprobación de la Ley de Seguridad Interior

Militares en acción. Foto: Juan Carlos Cruz / Procesofoto Militares en acción. Foto: Juan Carlos Cruz / Procesofoto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el riesgo de que sea aprobada la Ley de Seguridad Interior y con ello se favorezca la militarización de la seguridad pública, activistas y académicos exigieron a los legisladores tomar en consideración la “experiencia empírica” de los últimos diez años, en los que se ha incrementado la violencia y las violaciones a derechos humanos a partir de que las fuerzas armadas incrementaron su presencia en labores propias de autoridades civiles.

En rueda de prensa, activistas advirtieron que “la Ley de Seguridad Interior representa una afrenta a las recomendaciones que diversos organismos internacionales han dado a México”, además de que la experiencia de diez años ha demostrado que el despliegue militar ha sido “riesgoso para la población y poco efectivo para lograr la reducción de la violencia desencadenada desde la implementación de la estrategia de seguridad contra el narcotráfico”.

Las organizaciones destacaron que existe evidencia de “graves casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones y ejecuciones a manos de militares”, por lo que esos factores deben ser tomados en cuenta antes de aprobar una ley que a todas luces es contraria a la Constitución y a la legislación internacional en materia de derechos humanos.

Alejandro Madrazo, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), sostuvo que después de diez años de que “la militarización ha sido la política pública”, aplicada a la seguridad nacional, “las bases de datos, los informes, los análisis de órganos internacionales, los análisis de la academia y del propio Instituto Belisario Domínguez del Senado, lo que nos dicen es que hay fuertes señales de alarma” si se aprueba la Ley de Seguridad Interior.

El investigador destacó que de acuerdo con análisis sobre el despliegue militar durante la gestión de Felipe Calderón, del 2006 al 2011, la aplicación de operativos conjuntos significó un incremento de la violencia y una demostración de la letalidad de las fuerzas armadas.

Al señalar que a escala municipal se registró durante ese periodo “una explosión de los homicidios”, agregó que los registros pasaron de ocho homicidios por cada 100 mil habitantes a una tasa superior de 24 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Madrazo agregó que en acciones de combate los homicidios aumentaron 6%, “pero si en ese combate participaban las fuerzas armadas, ese incremento es de 8%, y específicamente si participó la Sedena el incremento en promedio es de 9%, un dato que tendría que tomarse en cuenta si es que se pretende regular la militarización”.

El investigador dio datos aún más contundentes, al señalar que el índice de letalidad de las fuerzas armadas y de las policías alcanzó niveles “inaceptables, al grado de que es tan alta que es incalculable, pues no existen heridos y sólo se reportan muertos, lo que hemos llamado eventos de letalidad perfecta”.

Del análisis de los eventos o enfrentamientos en los que participaron las fuerzas castrenses de 2006 a 2011, la investigación de Madrazo identificó que aquellos en los que sólo se registraron bajas mortales representaron “37% de los combates, pero aportan 90% de los muertos”.

Entre los riesgos de aprobar dicha ley destaca la invasión de competencias del fuero civil por la castrense, sobre todo en lo que compete a la procuración de justicia, alertó el director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), José Antonio Guevara.

Al señalar que es una ley que significa “un golpe para los derechos humanos, porque puede facilitar la comisión de abusos”, y que no está sola sino que forma parte de una estrategia global, Guevara destacó que en la iniciativa de reforma al Código de Procedimientos Penales, presentada por el diputado priista César Camacho Quiroz, se incluyen “disposiciones que le dan a la Procuraduría de Justicia Militar facultades que son invasivas, como la de ingresar a los organismos autónomos para hacer investigaciones, así como darle la atribución de poder producir pruebas de referencia”.

De aprobarse la Ley de Seguridad Interior, Guevara alertó que lo que se avecina en diez años es “un desprestigio inimaginable de las fuerzas armadas, tal como ocurrió en Guatemala o en Argentina, lo que se avecina es la imposición de la impunidad”.

Ante la eventual aprobación de la ley, Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), hizo un llamado a la CNDH a interponer un juicio de inconstitucionalidad, como ya lo hizo en la reforma al Código de Justicia Militar.

Los activistas resaltaron que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como el Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos exhortaron al Estado mexicano a diseñar un “plan concreto para el retiro gradual de las fuerzas armadas en tareas de seguridad”, en tanto que el representante de la ONU recomendó “promover un enfoque de seguridad pública en línea con los derechos humanos”.

En la conferencia también participaron Tania Reneaum Panszi, de Amnistía Internacional; Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Pablo Girault y Lisa Sánchez, de México Unido contra la Delincuencia; Luis Fernando Fernández, del colectivo #seguridadnomilitarizada; Mario Patrón Sánchez, director del Centro Prodh; Jesús Robles Malof, de Enjambre Digital, y Denise Dresser, politóloga y escritora.

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