COLIMA, Col. (apro).- Guillermina Curiel Zamora, jubilada del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), interpuso una denuncia penal por fraude contra Eva Miramontes Puente, quien supuestamente le pidió 150 mil pesos para conseguirle a uno de sus sobrinos una plaza laboral en el sector educativo. La querella contra la representante estatal del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (SITEM) fue presentada en la agencia del Ministerio Público del municipio de Cuauhtémoc. Según el testimonio que la denunciante rindió ante la autoridad ministerial, hace un año se jubiló de su puesto de intendente del Conalep Colima e intentó dejar su plaza a un sobrino, pero no lo logró. Miramontes Puente le ofreció ayudarla y, confiada, Guillermina le entregó sus documentos personales para afiliarse al SITEM. En su denuncia, Curiel Zamora sostuvo que tras recibir la documentación, la dirigente sindical la visitó en su domicilio para solicitarle 6 mil pesos para el pago de pasajes a la Ciudad de México, y luego cada semana le pidió diversas cantidades de dinero para tramitar algún documento o bien para otros gastos. En total le entregó 150 mil pesos. Desde mediados de diciembre, dijo, Miramontes dejó de contestarle las llamadas, por lo que buscó a otras personas del SITEM, entre ellas el profesor Abad Tadeo, quien “me dijo que ella (Miramontes) como representante del sindicato no tenía que haberme pedido dinero, que todo se debió hacer gratis”, por lo que decidió proceder legalmente. En entrevista, Eva Miramontes rechazó los hechos denunciados y aseguró que Guillermina Curiel es utilizada como parte de un “juego político” de Abad Tadeo y un grupo de maestros que anteriormente formaba parte de la representación sindical. Antes de jubilarse, agregó, la denunciante pretendía vender su plaza y “se la ofreció a dos de sus sobrinos por la cantidad que ella dice que a mí me dio, pero al no tener familiares directos pierde el derecho de que alguien más ingrese en su lugar, y ahora ya no podemos heredar las plazas, sólo cuando hay familiares directos el sindicato puede brindar su apoyo”. Al preguntarle si recibió los 150 mil pesos de manos de Curiel para que le consiguiera una plaza, Miramontes sostuvo que eso es “una calumnia”, y lamentó que su acusadora y el grupo de maestros que la apoyan “no estén midiendo el daño que me están causando a mí y a mi familia, especialmente a mis hijos”, pues “no tienen ningún comprobante en donde diga que se me entregó esa cantidad, porque yo no vendo plazas”. Sin embargo, admitió que Guillermina Curiel sí entregó algunas cantidades de dinero (sin especificar la cifra), pero “no a mí”, para la validación y verificación de los documentos que la acreditan como jubilada del Conalep, y “en su momento nuestros abogados van a exhibir las pruebas ante el Ministerio Público”. La dirigente sindical indicó que el único dinero que ella recibió de la denunciante fue para comprar medicamento o bien para pagar al médico que atendía a Guillermina y a su madre en Jalisco y Michoacán. Es, dijo, un asunto personal en el que brindó su apoyo. Luego advirtió que el caso se le podría revertir a la acusadora, dado que el ISSSTE investigará la supuesta venta de una plaza, con el consecuente riesgo de retirarle la pensión a la mujer. Manuel Larios Álvarez, presidente del Frente Magisterial Independiente (FMI) en Colima, consideró que la denuncia de Curiel contra la representante del SITEM es apenas una muestra de la presunta “venta de plazas” laborales dentro del ámbito educativo, y advirtió que su organización estará atenta a ese asunto e irá hasta las últimas consecuencias para que se esclarezcan los hechos y se haga justicia. Dijo que seguramente en este asunto se encuentran coludidas autoridades educativas y sindicales de diferentes niveles. Por su parte, César Augusto Ursúa Vargas, integrante del FMI y del SITEM, señaló que ignora quién protege a la profesora Eva Miramontes, y dijo que el secretario de Educación del gobierno estatal, Óscar Javier Hernández Rosas, debe aclarar el asunto. “Es una situación lamentable, muy grave, sobre todo en el estado de Colima, donde muchos maestros se han estado evaluando para conseguir su plaza e inclusive a varios de los que sacaron primeros lugares no se las dieron, fue una falacia, por lo que exigimos que se investigue a fondo a las autoridades educativas, con la intervención del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y la Procuraduría General de la República”, subrayó. Y advirtió que los maestros inconformes pedirán que se tomen cartas en el asunto. “No quitaremos el dedo del renglón, somos ciudadanos hartos, molestos por las injusticias y la corrupción, así como la impunidad; sabemos que no es fácil enderezar algo tan chueco y retorcido como la corrupción, pero por algo se empieza”, acusó.