Titular de SSP de Juárez reprueba control de confianza y lo acusan de archivar denuncias contra Duarte

viernes, 17 de febrero de 2017 · 22:02
CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El encargado de la Secretaría Seguridad Pública de Juárez, Sergio Almaraz Ortiz, reprobó los exámenes del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Sistema Nacional de Seguridad (SNS) y enfrenta una investigación por presuntamente archivar, sin justificación, indagatorias por corrupción y peculado contra el exgobernador, César Duarte Jáquez, y dos de sus colaboradores. Almaraz Ortiz fue fiscal de la Zona Centro y fue señalado, junto con el exfiscal general, Jorge Enrique González Nicolás, y el exdirector de la Policía Estatal Única, Pablo Ernesto Rocha Acosta, así como otros mandos, por evadir exámenes de confianza durante el sexenio anterior. Ante la presión de autoridades estatales, los pasados 18 y 19 de enero, el funcionario presentó los exámenes en el Centro de Evaluación y Control de Confianza en la Ciudad de México, pero no los pasó, según notificó el organismo federal a la Presidencia Municipal de Juárez el 9 de febrero y al día siguiente, al despacho del Ejecutivo estatal. De acuerdo con el funcionario municipal, él aún no conoce los resultados. No obstante, el alcalde de Juárez, Armando Cabada Alvídrez, reprochó que éstos deben ser confidenciales. A la demanda que enfrenta Almaraz Ortiz se sumó la muerte de Alejandro Cisneros Martínez, luego de ser detenido por agentes municipales. Según los reportes, fue sometido en las instalaciones de la comandancia, donde falleció por traumatismo cranoencefálico, como lo arrojaron los resultados de la necropsia. El parte policíaco informó que el detenido murió en su celda, pero en un video filmado desde las instalaciones de la comandancia municipal a la que lo llevaron, se demostró que fue sometido a la fuerza y murió en ese forcejeo. Negros antecedentes Sergio Almaraz Ortiz fue nombrado encargado de la SSP de Juárez a finales del año pasado, cuando renunció al cargo de secretario de Seguridad Pública, Jorge Enrique González Nicolás, el exfiscal general de César Duarte, junto con el jefe de la Policía Municipal de Juárez, Pablo Ernesto Rocha. Al ser nombrado, el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, advirtió que con no se podrían establecer líneas de confianza con personal del sexenio de Duarte Jáquez, por lo que el gobierno estatal se mantendría atento a los nombramientos que hiciera la Presidencia Municipal de Juárez en las áreas de seguridad pública. "No debe haber un reciclaje de personajes que pertenecen al mismo grupo que sirvió a la anterior administración estatal", señaló entonces, aunque indicó que el gobierno del Estado respeta las decisiones de los ayuntamientos. Cuando Jorge González Nicolás se desempeñaba como fiscal general del Estado, Sergio Almaraz Ortiz era fiscal de la Zona Centro. Posteriormente, fue uno de sus más cercanos colaboradores durante su estancia en la SSP juarense. Almaraz Ortiz fue señalado por el agente del Ministerio Público que archivó los expedientes contra César Duarte y sus dos colaboradores, como el jefe que le ordenó esa acción sin indagar los casos. Se trata de denuncias por peculado y enriquecimiento ilícito contra el exgobernador y el exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral. El caso lo lleva el juez de Control, Edgar Alexis Ornelas Pérez. Según el juez Octavio Armando Rodríguez Gaytán, existe otra denuncia por los mismos delitos contra Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, diputado federal que ocupó varios cargos públicos y de confianza durante la anterior administración. En la audiencia del pasado 14 de diciembre, el juez Ornelas Pérez ordenó a la Fiscalía General del Estado reabrir la denuncia e investigar al Ministerio Público que confesó haberla archivado por orden de Almaraz Ortiz. De acuerdo con el cuadernillo 234/2016, Joaquín Medina Rosales, del Congreso Nacional Ciudadano, denunció el 26 de mayo de 2016 a los dos exfuncionarios, pero el agente de Ministerio Público a cargo, determinó el no ejercicio de la acción penal por orden de su superior. La denuncia fue para que se investiguen los depósitos que hizo el gobierno estatal al Banco Unión Progreso o Banco Progreso de Chihuahua, así como del Fideicomiso por 65 millones de pesos.

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