COLIMA, Col. (apro).- La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex) y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo (Conalipe) solicitaron al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, ejercer su facultad de veto y no publicar el decreto del Congreso del estado que crea el delito de “perturbación del orden público” para castigar a quienes difundan por cualquier medio de comunicación “noticias falsas” sobre ataques con arma de fuego y otros hechos de violencia. A la vez, exigieron a los legisladores rectificar su decisión y derogar “de inmediato” el decreto aprobado el pasado miércoles 15, mediante el que adicionaron al Código Penal el artículo 266 bis. De acuerdo con esa disposición legal, se impondrán hasta cuatro años de cárcel y multa por un equivalente de cien a trescientas unidades de medida de actualización a quien “con intención de perturbar el orden público, dé a conocer falsamente, por cualquier medio de comunicación (…) ataques con armas de fuego y sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud”. Esta reforma, recordaron las organizaciones, es muy similar a la que propuso en 2011 el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, que fue declarada como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en junio de 2013. A través de una carta enviada al mandatario colimense, la Fapermex y el Conalipe expresaron su solidaridad con los periodistas de Colima “ante la inminencia de que sea promulgada una ley mordaza, ya aprobada por el Congreso local” y denunciaron “los intentos siniestros de algunos legisladores con leyes que vulneran las libertades de prensa y expresión”. Advirtieron que se mantendrán a la expectativa en espera de una respuesta positiva, de lo contrario promoverán las acciones necesarias y solicitarán la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que presente ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad contra esa reforma penal. La víspera, la delegada estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Martha Zepeda del Toro, exigió públicamente al mandatario estatal vetar la reforma legislativa, con el argumento de que criminaliza a los periodistas y es contraria a la libertad de expresión. Por su parte, Isamar Ramírez Rodríguez, consejera de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Colima, informó que en una reunión reciente de ese organismo se acordó presentar una acción de inconstitucionalidad en caso de que la disposición legal se publique en el periódico oficial “El Estado de Colima”.