Apertura de fosas en Jojutla seguirá el mismo esquema que en Tetelcingo: Fiscalía

Una dentadura hallada en Jojutla, Morelos. Foto: Germán Canseco Una dentadura hallada en Jojutla, Morelos. Foto: Germán Canseco

CUERNAVACA, Mor. (apro).- El fiscal Javier Pérez Durón confirmó a diputados locales que el lunes 6 de marzo comenzará la apertura de las fosas clandestinas de Jojutla, “con el mismo esquema que se hizo en Tetelcingo” en la apertura de tumbas ilegales ubicadas en esa comunidad.

“Habrá colaboración de instancias defensoras de los derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y autoridades federales, quienes garantizarán transparencia en el procedimiento para una reinhumación digna de los cadáveres”, sostuvo.

En octubre de 2015, Apro dio a conocer el hallazgo por parte de una familia de al menos dos fosas clandestinas, ubicadas en un panteón irregular en la comunidad de Tetelcingo, municipio de Cuautla. En dichas fosas fueron inhumados clandestinamente más de 100 cuerpos.

A partir de la lucha emprendida por familiares de desaparecidos de todo el país, el 23 de mayo pasado un equipo multidisciplinario de peritos forenses conformado por la Fiscalía General de Morelos, PGR, División Científica de la PF y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) exhumó 117 cuerpos y tomó muestras para su identificación.

De esa fosa se han identificado dos cuerpos, mismos que fueron entregados a sus respectivas familias. Se trató de un joven de Cuernavaca y una mujer del Estado de México, ambos desaparecidos en 2012. El primero de hecho fue secuestrado, pero a pesar del pago del rescate jamás apareció.

En junio pasado Proceso dio a conocer la existencia de otras fosas con las mismas características, bajo control supuestamente de la Fiscalía y en donde se habían colocado cuerpos desde hace más de 10 años, según los testimonios de los vecinos. Estas fosas fueron localizadas en el panteón municipal de Jojutla.

Desde entonces, los familiares de víctimas de desaparecidos han estado exigiendo que se abran. Aunque la Fiscalía había fijado para noviembre pasado la fecha de la diligencia de intervención de las fosas, ésta no se llevó a cabo. Luego se dijo que sería en este febrero, pero tampoco ocurrió. Ahora se confirmó que será el 6 de marzo próximo.

La información publicada por Proceso en junio pasado reveló que existen documentos que prueban que, en julio de 2014, en esas fosas de Jojutla fueron colocados los restos de 38 personas. Sin embargo, al consultar a vecinos de la colonia Pedro Amaro, donde se ubica el cementerio, éstos aseguraron que en ese lugar se han hecho inhumaciones irregulares desde hace más de 10 años.

De hecho, los vecinos que solicitaron el anonimato puntualizaron que “a enterrar los cuerpos vienen judiciales (policías), y nadie se quiere meter con ellos”. Se quejaron de que constantemente sus viviendas son inundadas por el olor a muerte.

Además, en un recorrido este corresponsal pudo localizar en las inmediaciones de las fosas una parte de una mandíbula humana, misma que se encontraba sobre el suelo. Hasta el momento no hay confirmación de la PGR y la Policía Federal respecto de su participación en las diligencias.

En la comparecencia ante diputados locales, el fiscal Pérez Durón además confirmó la desaparición de los jinetes montadores de toros de jaripeo, hecho del que Apro dio cuenta ayer. Cuatro jóvenes acompañados de amigos acudieron el viernes pasado al municipio de San Miguel Totolapan a una presentación, sin embargo, desde ese día nadie sabe de su paradero.

La madre de uno de los jóvenes desaparecidos confirmó que ha recibido mensajes en su teléfono celular en los que le exigen el pago de un rescate, pero quien envía los mensajes se ha negado a enviar una prueba de vida de los jóvenes morelenses.

El fiscal también abordó la problemática de los feminicidios en la entidad. Dijo que este fenómeno viene desde hace algunos años y que no es sólo responsabilidad de esta administración.

De acuerdo con el Comité contra el Feminicidio en Morelos y la Comisión Independiente de Derechos Humanos, 2016 fue el año más violento para las mujeres en la actual administración del perredista Graco Ramírez.

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