TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La organización Mexicanos Primero, que preside Claudio X. González Guajardo, calificó de incapaz al gobierno de Manuel Velasco Coello por no sancionar a maestros que pararon al inicio del ciclo escolar, afectando a 760 mil alumnos del estado. Luego de precisar que la falta injustificada de los docentes a su lugar de trabajo “viola el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes”, la organización exigió a Velasco Coello y a los secretarios de la Contraloría General y de Educación Pública del estado, Miguel Agustín López Camacho y Roberto Domínguez Castellanos, respectivamente, “que atiendan al mandato que recibieron (cumplir y hacer cumplir la ley) y no solapen la impunidad”. En una carta pública, la organización explicó que a través de su brazo jurídico Aprender Primero realizó una serie de acciones para verificar el cumplimiento del gobierno chiapaneco de lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), con motivo del paro sindical al inicio del ciclo escolar 2016-2017. Ese paro duró alrededor de 12 días y provocó el cierre del 58% de los planteles educativos en la entidad, afectando aproximadamente a 760 mil estudiantes. Sin embargo, apuntó, ningún docente fue sancionado. Mexicanos Primero y Aprender Primero solicitaron los nombres de los maestros que habían sido separados del cargo y/o nombres de los docentes a los que se les realizaron descuentos por los días de inasistencia. En respuesta a dicha solicitud, la Secretaría de Educación del estado determinó que no recibió reportes de incidencias relativas a faltas injustificadas en el periodo solicitado. En una segunda acción, Mexicanos Primero y Aprender Primero solicitaron a la Secretaría de Educación estatal iniciar los procedimientos respectivos para separar a los trabajadores de la educación que tuvieron más de tres faltas injustificadas, como marca la LGSPD. “La petición no recibió respuesta en el plazo que establece la ley, por lo que Aprender Primero inició una demanda en el Tribunal Superior de Justicia del estado de Chiapas en contra de la Negativa Ficta y pidiendo la intervención del Judicial ante esta omisión del Ejecutivo. Esta demanda está en trámite”, destacó la organización. En una tercera acción, Mexicanos Primero interpuso una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría General de Chiapas en contra de los servidores públicos de la Secretaría de Educación que no cumplieron con lo dispuesto en la LGSPD, en relación a separar del cargo a los docentes que faltaron injustificadamente por un periodo mayor a tres días. El 17 de febrero se le notificó a la organización la resolución a dicha denuncia, en la que la Secretaría de la Contraloría General determinó que “no existen elementos de prueba que permitan fincar alguna responsabilidad, toda vez que de las constancias remitidas por las autoridades se advierte que todas las acciones tomadas fueron con la única finalidad de no exponer la integridad física y psicológica de los menores alumnos, así como la integridad física laboral de los docentes para no confrontarlos con los grupos que se manifestaban contra la reforma educativa”. Según Mexicanos Primero, la Contraloría basó su resolución en las razones que había dado la Secretaría de Educación de Chiapas: que no se recibió reporte alguno de faltas injustificadas de los maestros; que aun cuando los centros de trabajo fueron cerrados por padres de familia u organizaciones sociales, eso no impidió que los trabajadores desempeñaran sus actividades educativas en sedes alternas, y que no se aplicaron descuentos por instancias derivado de los diferentes acuerdos que el gobierno sostuvo con representantes del conflicto magisterial. Esta situación, agregó, fue confirmada por el director de Asuntos Federalizados de la Secretaría de Educación de Chiapas, citado en el escrito de la Secretaría de la Contraloría en respuesta a la demanda. “Si bien es cierto que diversos centros educativos pertenecientes a esta Dirección a mi cargo se encontraban cerrados, fue en razón a la situación social que prevalecía en ese entonces que se tomaron diversos criterios a fin de salvaguardar la integridad física y laboral de los docentes, así como prevalecer la integridad física de los menores alumnos, y trabajadores de Educación de Chiapas”. Para Mexicanos Primero y Aprender Primero, dichas razones carecen de sustento legal alguno y, por tanto, no son válidas. “Implican incumplimiento grave de las obligaciones de los servidores públicos de la Secretaría de Educación para reportar faltas de los docentes; tampoco se señalan las pruebas que sustentan lo expresado por dicha Secretaría en el sentido de que todos los docentes desempeñaron sus actividades educativas en sedes alternas mientras duró el conflicto”, destacó en su misiva. Lo peor, sostuvo, es que se violó la normativa –de observancia en todo el territorio nacional– a sabiendas, derivado de diversos acuerdos con los disidentes y de diversos criterios. “Es indignante esa pretendida justificación en palabras de un funcionario, por la violación de garantías que representa para los niños”, resaltó Mexicanos Primero, y exigió a Velasco Coello que ordene a sus secretarios el inmediato cumplimiento de la ley en favor del interés superior de la niñez, sin distorsiones ni rebajas. Y como su superior, apuntó, debe instruirlos para que desempeñen sus funciones y ejerzan todas sus atribuciones en el marco de la ley, y no tolerando las respuestas superficiales, oportunistas o cómplices que defraudan a las presentes y futuras generaciones. A Miguel Agustín López Camacho, secretario general de la Contraloría General, le exigió que verifique inmediatamente el actuar de los servidores públicos de esa dependencia local, por el aval a criterios extralegales para dejar de aplicar la ley y dar por ciertos los dichos sin prueba alguna. En su caso, que se indique a la ciudadanía a qué sedes alternas se fueron a dar clases todos los docentes del estado durante los días que duró el cierre de planteles escolares. “Faltar a la verdad de manera tan grave no puede ser la herencia que deja un titular en una dependencia de importancia crucial para la rendición de cuentas a los ciudadanos”, señaló la organización. Al secretario de Educación estatal, Roberto Domínguez, Mexicanos Primero demandó verificar el actuar de los responsables de reportar las faltas de los docentes a sus labores, pues parecen omitir deliberadamente el cumplimiento de sus deberes, y proporcionen información veraz para vigilar el cumplimiento de la ley y de las obligaciones de los maestros. “Negociar con la ley es burlarla, y pretender presentar la incapacidad en seguridad pública como justificante de una violación grave al marco jurídico educativo, que es de observancia nacional, es doble agravio, no justificación”, advirtió. Para Mexicanos Primero, la violación del derecho humano a una educación de calidad de parte de la propia autoridad estatal resulta indignante y oprobiosa, y ningún interés puede estar por encima del derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes chiapanecos. “Mexicanos Primero exige el cumplimiento sin pretexto de la ley, y la reparación debida a los alumnos por la oportunidades de aprender que les fueron negadas con violencia e impunidad. La autoridad estatal debe encontrar vergonzoso que se deba recurrir al apremio judicial ante su deserción de la tareas que los ciudadanos le han confiando para el desarrollo de la joven generación”, concluyó.