COLIMA, Col. (apro).- A casi tres años de la huelga de hambre de trabajadores de la Universidad de Colima (Ucol), quienes exigían transparencia y apego a la normatividad en la administración del fondo de pensiones, persisten las irregularidades en el manejo de los recursos de esa partida, denunció Leonardo César Gutiérrez Chávez, exsecretario general del Sindicato Único de Trabajadores (SUTUC) de esa institución. En entrevista, el catedrático de la casa de estudios aseguró que el Fondo Social de Apoyo al Pensionado (Fosap) continúa en la opacidad y “se siguen violando el contrato colectivo de trabajo y el contrato del fideicomiso”. Gutiérrez Chávez, quien en 2014 fue destituido de la dirigencia sindical universitaria mientras encabezaba el movimiento por la transparencia y legalidad del manejo del Fosap, aseveró que el fideicomiso del Fondo de Pensiones de la Ucol no se encuentra registrado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). De acuerdo con solicitudes de información realizadas recientemente por Leonardo Gutiérrez con base en la Ley de Transparencia, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el SAT “nos dijeron que ellos nunca han auditado ese fondo, que la información es inexistente y en sus archivos de la delegación Colima del SAT y a nivel federal no hay registro alguno de los fideicomisos de la Universidad de Colima”. Según el exdirigente sindical, la falta de registro del fideicomiso del Fosap ante el SAT “es un delito, pues es un recurso que no se está reportando ante la instancia federal y bien puede ser dinero ilícito, esa es la gravedad del asunto; entonces aquí hay dos culpables, por un lado la institución, que tiene la obligación de estar reportando cada peso que entra y sale de la universidad, y por otro una de las responsabilidades del SAT es vigilar todos los recursos”. Lo más grave del asunto, manifestó Gutiérrez, es que “nos dicen que no hay fideicomiso y, al no existir, al no estar registrado en el SAT todos los trabajadores estamos en el aire, en la indefensión total”. Luego refirió que la SEP solicita cada año a las universidades entregar la auditoría de sus fondos de pensiones para evaluarlos, pero “hasta ahorita lo que hemos encontrado, desde mi punto de vista, es una complicidad de la SEP, de la Cámara de Diputados y del SAT para no dar a conocer esta información”. En un informe financiero de la Ucol obtenido de la SEP mediante un recurso de revisión interpuesto ante el Instituto Nacional d Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Gutiérrez dice haber encontrado “evidencias muy notables” de irregularidades en el manejo del Fosap. Una de ellas, mencionó, es el hecho de que el pago de la nómina de jubilados y pensionados se realiza de las aportaciones que entrega el gobierno estatal a la institución educativa, y nadie sabe para qué se utiliza el dinero que se descuenta a los trabajadores y la cantidad que corresponde aportar a la universidad. Así también, agregó, en un informe financiero que el rector José Eduardo Hernández Nava entregó en diciembre pasado a la Cámara de Diputados, aparece el dato de un retiro de alrededor de 200 millones de pesos de la cuenta del Fosap –que de casi 800 millones quedó en 570 millones de pesos– sin una explicación precisa de su destino. “No sabemos para qué se utilizó ese dinero; ahí dice que para un pago, pero no aclara de qué. Si fuera de la nómina, ésta es de 110 millones de pesos, para qué sacaron más”, cuestionó. Por otra parte, refirió que solicitó a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Vigilancia de la ASF, la nómina de jubilados y pensionados de la Ucol, que inicialmente le fue negada, pero finalmente por órdenes del INAI le fue entregada únicamente la información correspondiente a 2013. “Aunque esos datos son atrasados –dijo– nos sirven para confirmar lo que hemos dicho antes: hay gratificaciones de jubilados y pensionados muy por encima de la máxima categoría del máximo nivel académico de la Universidad de Colima, sobre todo de exrectores y altos exfuncionarios”. Leonardo Gutiérrez señaló que los exrectores jubilados perciben cantidades similares o cercanas al sueldo del rector en funciones, que actualmente es de 169 mil pesos mensuales, además de recibir un aguinaldo equivalente a 60 días de salario. Estos beneficios, expuso, son producto de acuerdos cupulares en detrimento de los recursos del Fosap, que “son sangrados” con los ingresos de un pequeño grupo privilegiado de exdirectivos de la universidad, que se llevan en conjunto alrededor de 20 millones de pesos anuales, esto es, casi 20% de la nómina total del fondo de pensiones. Entre los exrectores jubilados se encuentra el exgobernador Fernando Moreno Peña, el exsecretario de Salud Carlos Salazar Silva y el exdiputado federal y actual delegado estatal de la SEP Miguel Ángel Aguayo López, entre otros. Una de las irregularidades, a juicio del exlíder sindical, es el hecho de que para dictaminar si se cumplían los requisitos legales para obtener ese monto jubilatorio no se reunió el comité técnico del Fosap, como lo marca el reglamento para la aprobación de cada caso particular. En una de sus solicitudes de información más recientes, Gutiérrez Chávez logró una resolución favorable de parte del INAI para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregue los informes sobre el uso y destino de los recursos financieros federales otorgados a la Universidad de Colima, correspondientes al primero, segundo y tercer trimestre de 2016. La dependencia se había declarado incompetente y orientó a Gutiérrez a presentar su petición ante la universidad, por lo que éste interpuso un recurso de revisión ante el organismo. En su ponencia, la comisionada Areli Cano Guadiana afirmó que la autonomía de las universidades debe entenderse aparejada a la responsabilidad de actuar con la máxima transparencia en cuanto al ejercicio de los recursos públicos para el desarrollo de sus labores sustantivas. De acuerdo con un comunicado del INAI, Cano expuso que esa perspectiva se retomó en la reforma constitucional de 2014 en materia de transparencia, en la cual se argumentó que la autonomía de las universidades públicas no debe ser entendida como exención a las obligaciones de rendir cuentas. Igual explicó que en el país las instituciones de educación superior reciben recursos del erario estatal y federal, lo cual implica la obligación de abrir toda la información sobre el destino de los mismos y el derecho de las personas para conocer sobre el ejercicio presupuestal, ya sea de manera directa, al consultar a las propias universidades, o de manera indirecta, como en este caso, a través de la Secretaría de Hacienda. Concluyó: “Conocer los informes trimestrales del ejercicio presupuestal de la máxima casa de estudios del estado de Colima posibilita, entre otras cosas, la ampliación en la capacidad de exigencia sobre los niveles de calidad del bien público, del que se benefician no sólo los integrantes de las comunidades académicas, sino la sociedad en su conjunto, pues sus labores trascienden sus aulas, por lo que es de interés general no sólo la legalidad en la aplicación de los recursos, sino su ejercicio eficaz y eficiente”.