CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La manifiesta hostilidad de Donald Trump hacia México coloca al país en una situación de vulnerabilidad y riesgo acaso no vivida desde 1846, año del inicio de la guerra planeada por el presidente James K. Polk para apoderarse de la mitad del territorio nacional. El presidente Trump no le ha declarado la guerra militar a México, pero sí ha emprendido una estrategia de agresión verbal, migratoria y comercial sin precedente. Mediante insultos y amenazas, sus embates retóricos pretenden denigrar y someter a su vecino del sur. El demagogo los utilizó primero como estrategia de campaña a fin de crear un enemigo contra el cual volcar la furia xenófoba del electorado que lo llevó al poder y, ya en él, los ha convertido en políticas públicas para mostrar su fuerza y belicosidad ante el mundo entero. La acometida migratoria ya comenzó. El martes 21, el Departamento de Seguridad Interna (DHS por sus siglas en inglés) anunció el inicio de una agresiva ejecución del poder coercitivo de las leyes migratorias que podría desembocar en deportaciones masivas de indocumentados. Fue el regalo de Trump al presidente Enrique Peña Nieto para ser entregado personalmente en México por el secretario de Estado, Rex Tillerson, y el secretario de Seguridad Interna, John Kelly. Una prueba más de la “diplomacia” del desprecio, característica del demagogo que hoy gobierna la máxima potencia mundial. Vergonzoso e inadmisible. El memorando emitido por el secretario Kelly establece que ahora prácticamente cualquier indocumentado puede ser deportado sin trámite judicial de por medio. Trátese de un sentenciado, acusado o sospechoso de un delito, grave o no. El blanco ya no son sólo los “bad hombres”, como lo había dicho el mandatario, sino cualquier migrante que no tenga permiso para permanecer en Estados Unidos. Con una excepción: los llamados dreamers: 2.1 millones de indocumentados que llegaron a la Unión Americana siendo niños y ahí han crecido y estudiado. Adicionalmente, el memorando del DHS pretende que los inmigrantes procedentes de países centroamericanos sean deportados a México por el hecho de haber ingresado a territorio estadunidense a través de su frontera sur, lo que es contrario al derecho internacional y a los acuerdos bilaterales de repatriación. Se trata de una media de presión para que México controle mejor su frontera sur –donde, por cierto, también se violan los derechos humanos– e impedir que los migrantes centroamericanos lleguen a Estados Unidos. El canciller Videgaray ha dicho que México no aceptará ninguna imposición unilateral en materia migratoria. Veremos. De todos los problemas de la relación entre México y Estados Unidos el más doloroso es, sin duda, el de la migración de connacionales hacia el coloso del norte en busca de mejores condiciones de trabajo. Millones de mexicanos deciden abandonar su país porque no les ha ofrecido las oportunidades de trabajo y el ingreso necesarios para brindar a sus familias una vida digna y la esperanza de un futuro mejor. Los 12 millones de emigrados que viven en aquel país representan el 10% de la población total de México. De ellos, 5.8 millones son indocumentados, equivalentes a más del total de los habitantes de Puebla (6.3 millones), el quinto estado más poblado del país. Dos tercios de los migrantes mexicanos sin documentos han vivido durante más de una década en Estados Unidos, lo cual revela su deseo de permanecer en ese país, a pesar del trato discriminatorio que reciben y del peligro de ser deportados. Este riesgo se magnifica con las medidas recién anunciadas. Ello tiene importantes repercusiones sociales y humanitarias que la memoranda del gobierno trumpista ignora por completo. Hay 4.5 millones de niños nacidos en los Estados Unidos de padres indocumentados y que tienen derecho a la ciudadanía estadunidense. Si sus padres son repatriados, la familia se separa y los niños se quedan solos, lo cual violenta un derecho fundamental de los infantes. Abundan los casos como ese que ahora se multiplicarán. La deportación sin juicio de por medio es contraria a la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadunidense, que establece la igualdad ante la ley de toda persona que se encuentre en su territorio, así como el derecho al debido proceso, sin distinción de nacionalidad, raza o religión. Por tanto, el gobierno mexicano deberá reforzar la defensa de los trabajadores migrantes en tribunales. Asimismo, habrá de presentar denuncias rigurosamente fundamentadas ante Naciones Unidas y organismos internacionales defensores de los derechos humanos. La razón jurídica no puede ser pisoteada por la sinrazón de la fuerza bruta. Ya no vivimos en la época de las cavernas, señor Trump. Reducir el fenómeno migratorio a un asunto meramente judicial es abusivo e hipócrita. La mayoría de los inmigrantes ilegales son trabajadores, no delincuentes, y realizan labores necesarias en beneficio de la economía estadunidense. Existe demanda de su trabajo, por eso van allá. Las industrias turística (hoteles, restaurantes y centros de diversión), de la construcción (donde el señor Trump hizo su fortuna) y vitivinícola, así como la agricultura, la silvicultura y la minería o las ventas al mayoreo y al menudeo, entre otros ámbitos de la actividad económica estadunidense, se nutren de la mano de obra de trabajadores indocumentados. La decisión del gobierno de Estados Unidos de criminalizar la migración parte de un diagnóstico equivocado con un claro fundamento racista. La vulnerabilidad legal de los mexicanos indocumentados los induce a no cometer delitos para evitar ser deportados. No obstante, la xenofobia y el primitivismo del señor Trump le hacen tomar decisiones contrarias a los principios constitucionales y a los intereses de Estados Unidos. México tiene que defenderse con inteligencia y energía de los ataques del autócrata.