CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplicará medidas de austeridad en las áreas de servicios personales, administración de recursos materiales y servicios generales, administración de inmuebles y obra pública, tecnologías de la información y viáticos y pasajes, que le permitirán ahorros hasta por mil 900 millones de pesos en 2017. El organismo publicó este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo sobre las medidas de austeridad que anunció semanas atrás y que, dijo, se desarrollarán bajo la premisa de que la actividad jurisdiccional no se verá afectada. De acuerdo con la información difundida, en el rubro de servicios personales, la creación de plazas obedecerá a las necesidades institucionales indispensables para la atención de asuntos prioritarios y estratégicos del ámbito jurisdiccional y estarán sujetas a autorización. Los contratos de prestación de servicios profesionales se limitarán a lo “estrictamente indispensable”, mientras que las plazas que vacantes por más de seis meses se destinarán a cubrir requerimientos prioritarios o estratégicos. Para ello, se buscará que sean multianuales los contratos de adquisición de bienes y contratación de servicios, en rubros como materiales de oficina y administración, mobiliario y equipo administrativo; equipo de cómputo; vehículos, telefonía celular, seguros de gastos médicos mayores; de vehículos, de bienes inmuebles y contenidos y servicios de voz y datos de la red amplia, entre otros. Sobre la adquisición de vehículos de servicio, el Acuerdo indica que deberá limitarse al mínimo indispensable y preferentemente para sustituir el parque vehicular que ya no sea útil. En materia de difusión, impresiones y publicaciones oficiales, la Corte informó que promoverá la celebración de convenios con instituciones públicas para la producción, edición e impresión de obras de carácter jurídico, así como para la difusión del quehacer de este Poder. Y para la difusión de información de carácter público y la publicidad de las actividades institucionales, privilegiará el uso de la intranet e internet, además de racionalizar y optimizar los recursos presupuestales autorizados para las publicaciones en medios impresos. En el rubro de inmuebles, ejecución de obra pública y servicios relacionados, además de diferir los proyectos no prioritarios, la Corte dispuso que las remodelaciones de oficinas serán las “mínimas indispensables” y, de manera excepcional, las que previo dictamen de procedencia estén vinculadas con situaciones que pongan en riesgo la seguridad de las personas o las instalaciones. Según el acuerdo, los órganos del Poder Judicial de la Federación reportarán trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el avance y los montos de ahorro obtenidos, derivados de la aplicación de estas medidas. La publicación aseguró que “las medidas que habrán de instrumentarse garantizarán en todo momento condiciones necesarias para una operación eficiente, que asegure el cumplimiento de las funciones del Poder Judicial de la Federación (PJF) y aquellas obligaciones constitucionales establecidas para satisfacer la demanda ciudadana de acceso a la justicia”.