Fuerzas armadas participan de forma “temporal” en seguridad pública, responde gobierno de Peña a AI

Un soldado después del enfrentamiento con sicarios en Culiacán. Foto: Juan Carlos Cruz Un soldado después del enfrentamiento con sicarios en Culiacán. Foto: Juan Carlos Cruz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno federal aseveró hoy que las fuerzas armadas mexicanas participan de manera “temporal” en las labores de seguridad pública, como parte de su respuesta a los numerosos señalamientos de violaciones a los derechos humanos en México que realizó la organización Amnistía Internacional (AI) en su informe anual 2016/17.

En su informe global, AI deploró que a 10 años de iniciarse la llamada “guerra contra el narcotráfico”, el gobierno mexicano sigue empleando militares en tareas de seguridad pública y que “la violencia en el país continuaba siendo generalizada”.

La organización también recordó casos de ejecuciones extrajudiciales, de tortura y de desaparición forzada perpetrados por agentes del Estado, entre ellos, militares.

En un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob), así como la Procuraduría General de la República (PGR) reconocieron “los desafíos que enfrenta (el gobierno de México) en materia de derechos humanos” y presumieron los avances en la atención de los problemas señalados por la organización.

Y es que, en su informe, AI aseguró que en 2016, “en México, las autoridades se mostraron tan reacias a aceptar críticas, que llegaron al extremo de negar la crisis de derechos humanos que vivía el país”.

Más: “A pesar de que se había denunciado la desaparición de casi 30 mil personas, de que miles habían perdido la vida a consecuencia de las operaciones de seguridad en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, y de que miles más sufrían desplazamiento forzado debido a la violencia generalizada, las autoridades hicieron caso omiso de las críticas de la sociedad civil mexicana y de las organizaciones internacionales, incluida la ONU”.

La organización enumeró la serie de acontecimientos ocurridos en 2016 en la investigación oficial sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y señaló que el gobierno de México intentó “entorpecer” la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Además, recordó que los expertos echaron abajo la “verdad histórica” del gobierno federal, según la cual los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula. También rememoró cómo Tomás Zerón de Lucio alteró las evidencias de la investigación y posteriormente fue nombrado por Enrique Peña Nieto a la Comisión Nacional de Seguridad Pública (CNSP).

Las tres dependencias del gobierno federal no comentaron sobre el papel de Zerón; se limitaron a subrayar el “ambiente de apertura y cooperación total” de la administración mexicana con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), añadió la organización internacional.

La PGR precisó en este sentido que se acordó con los padres y representantes de las víctimas, así como con la propia CIDH, la creación de un mecanismo de seguimiento a las medidas cautelares dictadas por la Comisión. Dicho mecanismo es coordinado por el relator de país, comisionado Enrique Gil Botero, y a la fecha ha llevado a cabo dos visitas, de acuerdo con el plan de trabajo correspondiente.

AI planteó, asimismo, que las autoridades no llevaron a cabo las investigaciones necesarias para castigar a los mandos responsables de las ejecuciones extrajudiciales de Tanhuato y Apatzingán –en Michoacán– ni de Tlatlaya, en el Estado de México. El gobierno contestó que “en todos los casos hay investigaciones, detenidos y procesados”.

Ante la falta de resultados concretos, la PGR se limitó a destacar avances “en algunos” de los rubros abordados en el capítulo sobre México del informe anual de AI.

Indicó además que a partir del 6 de julio de 2016 atrajo la investigación iniciada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por los hechos ocurridos en Nochixtlán y que por su parte, la Segob ha mantenido comunicación con las víctimas y familiares a fin de garantizar la asistencia y la atención correspondiente para la reparación del daño.

El gobierno mexicano se comprometió a esclarecer los hechos y la sanción a los responsables en los casos de Tanhuato, Tlatlaya y Apatzingán y afirmó que el gobierno mexicano está comprometido con la reparación a las víctimas y en evitar la repetición de sucesos similares.

AI subrayó la “impunidad (…) casi absoluta” en los casos de tortura y de desaparición forzada, a la que calificó, además de “práctica generalizada”. El gobierno, por su parte, condenó estas prácticas, planteó que las dos leyes generales en las materias se encontraban en manos de los legisladores y expresó su “confianza” en que el Congreso de la Unión las apruebe “muy próximamente”.

De igual manera, reiteró el rechazo más absoluto a los actos de tortura y se comprometió a prevenir su comisión y sancionar a los responsables.

AI también criticó en su informe la persistencia de la violencia “endémica” contra las mujeres y de las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas de tomar decisiones con “consentimiento libre, previo e informado” sobre proyectos que afectarían sus territorios. El gobierno mexicano aseveró que su legislación cuenta con herramientas para revertir estos fenómenos y aceptó el rezago que existe en el respeto a los derechos de la población indígena.

México aceptó lo señalado por AI acerca de que en México hay una falta de datos precisos, actualizados y desglosados sobre violencia de género, lo cual constituye un importante obstáculo para abordar el problema de la violencia contra las mujeres y niñas.

En materia migratoria, AI subrayó que México concedió el asilo a dos mil 162 personas en 2016, y a la par deportó a 136 mil 420 migrantes de origen centroamericano a sus países, mientras persistieron “los informes de extorsión, expulsiones masivas, secuestros y otros abusos contra los derechos humanos de las personas migrantes”.

El gobierno mexicano expresó su compromiso “irrestricto” con el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y presumió sus “esfuerzos importantes a fin de aumentar sus capacidades para brindar protección a los migrantes que transitan por nuestro país y a los solicitantes de la condición de refugiado y protección internacional”.

Respecto a la protección a periodistas y defensores de derechos humanos –tema en el que AI sonó la alarma–, el gobierno aseveró que mejoró los mecanismos de protección y fortaleció las instituciones, a la par que invitó a Michel Forst, relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, a realizar una visita oficial en el país.

En cuanto al apoyo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la PGR explicó que durante la profunda crisis financiera tanto de la Comisión (CIDH) como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sufrida en 2016, México tomó el liderazgo para proponer una solución que permita asegurar recursos previsibles y financiamiento sostenible al trabajo que realizan dichos órganos.

Esta propuesta se encuentra en discusión en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y se espera que sea aprobada en la próxima sesión de la Asamblea General de la OEA, en junio de 2017. Para ello, el apoyo y acompañamiento de los usuarios del sistema interamericano y en especial de las organizaciones de la sociedad civil es fundamental.

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