CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó el amparo promovido por un exfuncionario de la Procuraduría General de la República (PGR) a quien se le declaró penalmente responsable de la comisión del delito de hostigamiento sexual, previsto y sancionado por el Código Penal Federal. En la sesión de este miércoles, la Primera Sala del máximo tribunal del país resolvió, a propuesta del ministro José Ramón Cossío Díaz, el amparo directo en revisión 3186/2016, y confirmó la sentencia que negó la protección constitucional al quejoso, en la cual se le declaró penalmente responsable de la comisión del delito de hostigamiento sexual, previsto y sancionado en el artículo 259 bis, primer párrafo del Código Penal Federal. La Primera Sala sostuvo que el hostigamiento sexual constituye una conducta de tono sexual que no necesariamente debe incluir contacto físico alguno. Además, que este tipo de actos atentan de manera especial contra la libertad, dignidad e integridad física y psicológica de las mujeres, y constituyen una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre las mujeres, al denigrarlas y concebirlas como objetos, por lo que se concluyó que el hostigamiento sexual es una forma de violencia contra la mujer. Adicionalmente, se entendió que el derecho de protección judicial tiene implicaciones especiales en casos en los que se analizan actos constitutivos de violencia contra la mujer a la luz de las obligaciones contenidas en el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, pues las mujeres víctimas de violencia, en especial de tipo sexual, enfrentan barreras extraordinarias cuando intentan acceder a la justicia, incluyendo algunas relacionadas con la acreditación del delito y la responsabilidad penal del imputado, destacó la SCJN en un comunicado. En razón de lo anterior, la Primera Sala estableció reglas, deducidas mayoritariamente de lo sostenido por la Corte Interamericana en los Casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú contra México, para, con perspectiva de género, realizar la valoración de testimonios de las víctimas de delitos que involucren actos de violencia sexual contra la mujer. El modelo propuesto para tal fin se integra por los siguientes elementos: a) Se debe considerar que los delitos sexuales son un tipo de agresión que en general se produce en ausencia de otras personas, por lo que se requieren medios de prueba distintos a los tradicionales, por lo que la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Y tomar en cuenta que usualmente, por la naturaleza de esos delitos, la víctima no suele denunciarlos por el estigma que implica. b) Dada la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual, puede ser usual que el recuento de los hechos presente algunas inconsistencias o variaciones cuando se hace, lo que no debe restar valor probatorio a la declaración de la víctima. c) Se deben tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros. d) Se debe analizar la declaración de la víctima, que es la prueba fundamental, en conjunto con otros medios de convicción como dictámenes médicos, testimonios, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones. e) Las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones se utilizarán siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes con los hechos. Este modelo probatorio podrá permitir el respeto al derecho de todas las mujeres a llevar una vida libre de violencia, destacó la SCJN. En el caso de referencia, una servidora pública fue víctima del constante acoso sexual de su superior jerárquico, César Zaldívar Hernández, exdirector del área del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la delincuencia de la PGR, que consistió en constantes insinuaciones, comentarios sobre su apariencia e invitaciones, por lo que la mujer interpuso una denuncia. Finalmente se condenó al exfuncionario por dicho ilícito, y fue posible imponerle la destitución del cargo, la suspensión de sus derechos políticos, amonestación y condena a la reparación del daño.