SAN SALVADOR (apro).-- Cabizbaja, mirada pérdida, aire de pesada incertidumbre, gruesa capa de maquillaje naranja pálido sobre su cara enferma, demacrada, cansada. Ana Ligia Mixco Sol de Saca espera en una sala del centro judicial Isidro Menéndez, en San Salvador. El fiscal Mario Antonio Huezo enciende el micrófono y explica el supuesto mecanismo que la exprimera dama y su esposo, el expresidente Elías Antonio Saca González, utilizaron para desviar y lavar 250 millones de dólares del tesoro público de El Salvador entre los años 2004 y 2009. La Fiscalía General de la República (FGR) la acusa de ser una pieza más de una gigantesca maquinaria de corrupción que en 2004 montó Saca González desde el primer día que asumió el poder. Estos son los engranajes de esa operación: el primer día de trabajo el mandatario aprobó el reglamento interno de “funcionamiento para el manejo, control y fiscalización de los fondos públicos, gastos reservados y secretos de la Presidencia de la República destinados a las actividades de inteligencia, clasificación, manejo y protección de la información y deber de guardar secreto de los colaboradores designados para el manejo de los gastos reservados y secretos”. Era, según la versión de Saca y una docena de imputados, un decreto ejecutivo que respaldaba una partida de dinero para los gastos del Organismo de Inteligencia (OIE); es decir, los espías del Estado. Pero la realidad fue otra. Operación hormiga En cuanto el reglamento entró en vigencia, el entonces presidente firmó 60 cheques de la Cuenta Institucional Subsidiaria del Tesoro Público a nombre de Élmer Charláix Urquilla, entonces secretario privado de la Presidencia y éste lo depositaba en dos cuentas a su nombre: una en el Banco Agrícola y en el Banco Davivienda. Ese fue el primer desvío de fondos: casi 16 millones de dólares. Pero detectarlos habría sido más fácil; quedaban en evidencia al hacer movimientos financieros con sus nombres. En el año 2006 cerró las dos cuentas y ordenó a Francisco Rodríguez Arteaga, jefe de la Unidad Financiera Institucional (UFI) de la Presidencia y a Pablo Gómez, técnico de la UFI, abrir 14 cuentas: el primero abrió diez y el segundo dos en los bancos Citibank e Hipotecario: entre los dos movieron 251 millones 297 mil 412 dólares. Saca firmaba los cheques para Arteaga y Gómez que los depositaban en sus cuentas para posteriormente transferirlos a las cuentas de Saca, su esposa, sus empresas y a las de sus socios o amigos. Las empresas del exmandatario son: Promotora de Comunicaciones, Grupo Samix, Radiodifusión de El Salvador, Radiodifusión de Usulután y Stereo 94.1 FM. La Fiscalía descubrió que los dos empleados de Casa Presidencial retiraron 180 millones 475 mil 904 dólares en efectivo; es decir, implementaron la Operación Hormiga: movieron grandes cantidades de dinero en efectivo para evitar el rastro que dejan las transacciones en el sistema financiero. Una parte del dinero desviado llegaba a tres empresas de publicidad: Funes y Asociados, Anle y América Publicidad. América Publicidad la fundaron en 1992 Rolando Alberto Durán Acevedo y su esposa Silvia Ivón Castro. Entre 2004 y 2009 el gobierno de Saca le pagó 5 millones 823 mil 671 dólares… ¿Por qué? La Fiscalía le preguntó a Eugenio Chicas, actual secretario de Comunicaciones de la Presidencia, si la empresa había vendido servicios en ese periodo. La respuesta fue no. Al seguir el rastro se encuentra una explicación: Durán Acevedo recibió el dinero y después lo transfirió íntegro a Grupo Samix, Promotora de Comunicaciones, Radiodifusión de El Salvador y Stereo 94.1 FM. Anle la fundó en marzo de 1979 Antonio Lemus Simún, un reconocido publicista y humorista salvadoreño. En el mismo periodo la administración Saca le pagó 3 millones 400 mil dólares por supuestos servicios de publicidad vendidos a la presidencia. Pero la Fiscalía escarbó y concluyó que esos servicios jamás existieron. Al revisar las cuentas bancarias descubrió que Lemus Simún había recibido el dinero y luego emitido cheques por un millón 89 mil 708 dólares a Promotora de Comunicaciones y Radiodifusión de El Salvador. El mismo son bailó Funes y Asociados: recibió 2 millones 770 mil por servicios de publicidad inexistentes y luego pagaba a Saca y sus empresas con la diferencia que la agencia se quedaba con el 20% de comisión por participar en la operación; es decir, retornó 2 millones 216 mil dólares. Funes y Asociados es propiedad de César Daniel Funes Cruz, Gerardo Antonio Funes Durán y César Funes Durán, éste último expresidente de la estatal Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y exsecretario de Juventud en la presidencia de Saca. En la actualidad, César Funes Durán y el expresidente comparten celda en una cárcel de Mariona, un municipio de San Salvador. Están recluidos en el Sector Nueve que no hace más de dos meses fue rehabilitado. Operación retorno En el argot fiscal, ese proceso es conocido como Operación de Retorno: el funcionario desvía el dinero a empresas presuntamente cómplices y éstas lo introducen al sistema financiero a través de pagos a las empresas o cuentas bancarias del funcionario. Con la exprimera dama, el mecanismo tomó una ruta similar: la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia –institución del Órgano Judicial que compara cuán ricos eran los funcionarios al iniciar sus mandatos y cuán ricos son cuando los terminaron-- revisó sus cuentas y se dio cuenta que ella tenía escondidas dos cuentas bancarias: en el Banco Agrícola con 580 mil 220 dólares y otra en Citibank por 87 mil 167 dólares. En El Salvador la ley obliga a todos los funcionarios a llenar una declaración patrimonial en la que detalla cuantos bienes personales y familiares tiene. Lo hacen al iniciar funciones y al terminar. Probidad audita las declaraciones y si detecta inconsistencias las señala. Si al final no hay justificación de incrementos patrimoniales manda el caso a la cúpula del Órgano Judicial que decide si archivar el caso o presentarlo a un tribunal. En la etapa de desvanecimiento de pruebas Mixco Sol de Saca aseguró que el incremento patrimonial aparentemente injustificado era de los salarios que le pagaba Promotora de Comunicaciones, una de las empresas de la que también es dueña. Pero Probidad también le pidió explicaciones de dos cuentas que había escondido: la del Agrícola en la que durante 41 meses los empleados de Casa Presidencial y de sus empresas le depositaron 14 mil dólares mensuales; y la del Citibank en la que los mismos le depositaron, desde noviembre de 2006 a mayo de 2009, 2 mil 187 dólares cada mes. Las empresas de Saca le pagaban a la exprimera dama. Los empleados de Casa Presidencial también le depositaban dinero. En el expediente de la acusación la Fiscalía señala que el esquema se repite: miles de dólares ordeñados del Estado que terminan en las empresas del expresidente; empleados de Casa Presidencial y de las empresas del expresidente depositaron esos miles de dólares en las dos cuentas bancarias de la exprimera dama. Nuevamente: Operación de Retorno. Las empresas también registraron un crecimiento inusitado desde que Saca asumió el poder en 2003 hasta que dejó el cargo en 2009. Al iniciar el periodo las cinco recibieron en ingresos hasta 3.5 millones de dólares en un año; en 2007 reportaron al Ministerio de Hacienda ingresos por 8 millones 712 mil 287 dólares. Casi el doble. En concepto de utilidades registraron 153 mil 255 dólares en 2003; cuatro años después, en la mitad de la presidencia, reportaron 3 millones 246 mil 688 dólares. En cinco años pasaron de manejar 279 mil dólares en efectivo a 11 millones 276 mil 948 dólares. Fueron estas mismas empresas, sus empresas, las que le pagaron a Saca 4 millones 145 mil 999 pesos. Pasaron las empresas de ser medianas a grandes y llegaron a manejar tanto dinero que Saca fue capaz de relanzarse como candidato a la presidencia en 2014 con un aparato mediático y logístico de millones y millones de dólares. Pero esa vez, ARENA, el partido que lo llevó al poder hace 14 años, ya lo había expulsado. En las presidenciales de 2014, Saca se convirtió en el principal obstáculo de ARENA, el partido de ultraderecha que fundó en los años 80 el militar Roberto d´Aubuisson Arrieta: se lanzó nuevamente como candidato y dividió el voto conservador. En el país el Código Electoral no permite las candidaturas independientes para la presidencia pero sí las coaliciones. Y para eso se unieron tres partidos: Gran Alianza por la Unidad (GANA), Partido de Concertación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC). La alianza se llamó UNIDAD. Es aquí donde las historias se entrelazan. GANA lo fundaron disidentes de ARENA que a finales del año 2009 dijeron sentirse insatisfechos con su antiguo partido. Entre los que se fueron están Guillermo Gallegos, actual presidente de la Asamblea Legislativa; los exdiputados Miguel Ahués Karrá, Nelson Guardado, Walter Guzmán, entre otros. José Andrés Rovira Canales, un viejo socio de Saca, asumió las riendas cuando GANA se constituyó oficialmente como partido político. En los años 90 fue presidente de ABC FM Stereo. Y es aquí cuando aparece un vínculo que a la Fiscalía le llamó la atención: en enero de 2010 el expresidente compró la radio, con dinero sacado de su propio bolsillo, por un millón 330 mil dólares. Los fiscales analizaron la transacción y concluyeron: “Se trata de una venta sobrevalorada por las circunstancias irregulares que se observan pues el monto pagado es muy superior a su valor de mercado”. En el expediente de acusación los fiscales comparan: si en 2009, uno de los años en que Promotora de Comunicaciones recibió más inyecciones de capital, poseía un patrimonio de 7 millones 600 mil dólares y cada una de sus acciones tenía un valor comercial de 400 dólares. El patrimonio de ABC FM Stereo, al momento de ser comprada, era apenas de 32 mil 670 dólares. Saca, sin embargo, pagó 447 dólares por cada acción. ABC no era comercialmente exitoso. Incluso reportaba pérdidas. Pero Saca no tuvo empacho en pagar más de un millón de dólares por una empresa al borde de la crisis. ¿Por qué? La Fiscalía escarbó y halló que en enero de 2010 Rovira Canales abrió una cuenta bancaria a nombre de la sociedad ANDCAR en la que las empresas de Saca le depositaron miles de dólares sin que aparentemente haya una justificación comercial. En un año, la empresa de Rovira Canales movió un millón 775 mil 276 dólares. De todas esas transacciones a la Fiscalía le llamó la atención que ANDCAR pagó “montos importantes” a casas de crédito y que al mismo Rovira Canales le pagó 660 mil dólares. “La mayoría de depositantes son sociedades del Grupo Radial Samix”, advierten los fiscales. ARENA siempre acusó a Saca de estar detrás de GANA, de haberlo fundado con dinero sucio. Saca y su círculo –Charláix, César Funes Durán y Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia- están en prisión desde finales de 2016. El 22 de febrero también fueron enviados a prisión provisional los dueños de las agencias publicitarias y los gerentes de las empresas del expresidente, entre estos Óscar Edgardo Mixco Sol, hermano de Ana Ligia Mixco La exprimera dama será procesada penalmente en libertad porque “tiene obligaciones con muchos empleados”. El Órgano Judicial le ordenó pagar 250 mil dólares de fianza.