CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, y de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, por la detención arbitraria y cateo ilegal en agravio de tres personas, entre ellas una mujer que fue sometida a tortura. También por el cateo ilegal contra otras cuatro víctimas –dos de ellas menores de edad y un adulto mayor– en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. En un comunicado, el organismo destacó que el 14 de abril de 2016 se dio a conocer en diversos medios de comunicación, redes sociales e internet, un video en el que dos personas con uniforme militar, y una más con el de la Policía Federal, interrogaron y torturaron a una mujer. Por la trascendencia del caso, la CNDH inició de oficio el expediente de queja CNDH/2/2016/2793/Q. Una semana después recabó las quejas de otras dos personas que refirieron su detención en las mismas circunstancias que la mujer, por lo que se inició el expediente CNDH/2/2016/3863/Q, que se acumuló al primero por tratarse de hechos relacionados. Tras diversas diligencias, la CNDH contó con indicios y evidencias para acreditar que el 4 de febrero de 2015, en las primeras horas del día, miembros del Ejército Mexicano ingresaron a un domicilio particular donde detuvieron a las tres personas mencionadas, sin contar con mandato expedido por autoridad competente. En la vivienda también estaban las otras cuatro víctimas: la madre de la mujer torturada, dos hijos de ésta de ocho y sesis años de edad, y el propietario del inmueble, de 74 años. Los tres agraviados fueron llevados ante la autoridad competente, 17 horas después de su detención; primero fueron trasladados a instalaciones militares donde, según declaración de la mujer torturada, fue golpeada por tres mujeres, dos vestidas con uniforme del Ejército y una con el de la Policía Federal. En un cuarto fue obligada a desnudarse y recibió más agresiones, y fue interrogada por un hombre con uniforme militar. También fue llevada a un taller mecánico abandonado, donde continuó el interrogatorio sobre armas y personas; al no proporcionar información, la amenazaron con dañar a su familia. La mujer policía la obligó a hincarse, la esposó con las manos hacia atrás y le colocó una bolsa de plástico en la cabeza e intentó asfixiarla en dos ocasiones. Posteriormente la trasladaron en una patrulla a Iguala, Guerrero, y en el trayecto la uniformada le dio toques eléctricos en una pierna en cuatro ocasiones. El día que se difundió el video, la Sedena emitió un comunicado de prensa en el que informó que los hechos sucedieron el 4 de febrero de 2015, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Dijo que desde el 10 de diciembre de 2015 tuvo conocimiento de lo ocurrido, por lo que dio vista al Ministerio Público Militar, que inició la indagatoria correspondiente. Asimismo, que el 5 de enero de 2016 la Procuraduría General de Justicia Militar cumplimentó una orden de aprehensión contra un capitán y una soldado policía militar, a quienes se decretó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión de delitos del orden militar. En la misma fecha, la CNS emitió otro comunicado para informar que la Unidad de Asuntos Internos inició una investigación por tales acontecimientos. Acreditadas las violaciones a derechos humanos, la CNDH recomendó a la Sedena y a la CNS coordinarse para reparar el daño de forma integral a las siete personas agraviadas, colaborar en el trámite y seguimiento de la denuncia de hechos y de las quejas que presente ante la Procuraduría General de la República y el Órgano Interno de Control de dichas dependencias contra los servidores públicos involucrados. También, ordenar que los elementos de ambas instancias empleen, en todos sus operativos, cámaras fotográficas, de videograbación y grabación de audio; capacitar a los servidores públicos en materia de derechos humanos, en especial sobre prevención y erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; de las detenciones arbitrarias y cateos ilegales. Ambas dependencias deberán inscribir a los agraviados en el Registro Nacional de Víctimas para que tengan acceso, en lo conducente, a los derechos y beneficios previstos en la Ley General de Víctimas. Además, pidió a la CNS instruir a los servidores públicos de la Policía Federal para que elaboren sus partes informativos apegándose a la verdad y se fomente en ellos la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos.