CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante un nuevo aplazamiento en el Senado de la República para dar a conocer la lista de aspirantes “idóneos” para ocupar el cargo de fiscal anticorrupción, el colectivo #FiscalíaQueSirva exigió “cancelar el proceso de nombramiento”, al considerar que “no será transparente ni participativo en tanto no se cuente con una Fiscalía General autónoma”. En conferencia de prensa, Rocío Culebro, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), y Alfredo Lecuona, consultor independiente, advirtieron que mientras no se reforme el artículo 102 constitucional para que la Fiscalía General sea autónoma –como lo recomendó el colectivo #FiscalíaQueSirva en noviembre del 2016–, y de la que existe una iniciativa en el Senado, “la figura de fiscal anticorrupción será “decorativa”. Acompañados del académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Miguel Sarre –quien renunció a su aspiración a ser fiscal anticorrupción la semana pasada–, los integrantes del colectivo destacaron que por la forma en que está diseñado el cargo, bajo las órdenes del fiscal general el combate a la corrupción será “mera simulación”. Rocío Culebro abundó en que, ante ese riesgo, más de 100 organizaciones civiles, defensores y académicos del colectivo #FiscalíaQueSirva exigieron a los senadores la cancelación el proceso de nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. Además, les pidieron “abrir mesas públicas que permitan avanzar en la reforma integral del artículo 102 Constitucional y transitar a la Fiscalía General de la República garantizando su autonomía”. La defensora apuntó que la sociedad civil debe ser también consultada para modificar el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República para “la correcta integración de un Comité Técnico de Acompañamiento en la designación del Fiscal Especializado”. Culebro agregó que la falta de nombramiento del fiscal “no puede ser pretexto para no perseguir a Javier Duarte, (exgobernador de Veracruz) o al otro (César) Duarte (exgobernador) de Chihuahua. En estos momentos, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene todos los instrumentos jurídicos para esclarecer esos casos ¿o nos van a decir que están rebasados?”. Por ello, agregó, las organizaciones de la sociedad civil exigen también que el procurador Raúl Cervantes rinda un informe sobre las acciones tomadas por la dependencia para resolver casos como los de los exmandatarios y otros escándalos de corrupción conocidos en los años recientes. Para abundar en la falta de transparencia del proceso de selección del fiscal, Ernesto Lecuona explicó que por la forma en que éste fue diseñado, la designación quedaría en manos de “cuatro senadores. Estamos hablando de los coordinadores parlamentarios de los partidos más fuertes, Miguel Barbosa, del PRD (sic); Emilio Gamboa, del PRI, Fernando Herrera del PAN, y Carlos Puente, del PVEM”. Y es que, explicó, el Comité Técnico de Acompañamiento que estaría presente en la “pasarela” de candidatos sólo tendría facultades para emitir “observaciones, comentarios, propuestas y calificaciones”, dejando la decisión final en la Jucopo. Lecuona insistió en que mientras los senadores “no lleguen al fondo de las reformas, lo que vamos a ver es a un fiscal florero, que es lo que se convertiría el fiscal anticorrupción si, dependiendo de la Fiscalía General, ésta no cuenta con autonomía plena”. Falta de independencia Miguel Sarre Iguíniz, señaló que, precisamente la falta de independencia, ahora de la PGR y después de la Fiscalía General, lo motivó a renunciar a su aspiración para encabezar la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. El académico del ITAM reconoció que “si la corrupción no se ha perseguido, no ha sido por falta de una Fiscalía Especializada”, sino que es y ha sido responsabilidad de la PGR “la investigación de numerosas denuncias que han sido presentadas por la Auditoría Superior de la Federación y otras entidades públicas, así como particulares, y las diligencias penales para acreditar ante los tribunales los desvíos de recursos que día a día se difunden en los medios de comunicación”. Sarre Iguíniz tomó como ejemplo de corrupción evidente que tendría que ser investigada por la PGR, la asignación directa para la construcción de penales de alta seguridad en México, así como la concesión mediante asignación directa de los servicios para la vigilancia de personas en libertad condicionada. “Para perseguir la corrupción, no es cuestión de crear fiscalías, menos aun cuando el edificio no se puede mover sin que la cabeza no lo haga”, apuntó Sarre Iguíniz.