MONTERREY, NL. (apro).- Luego de inconformarse con la determinación de la juez federal Beatriz Jaimes Ramos, quien otorgó un amparo al exgobernador Rodrigo Medina para que fuera liberado 18 horas después de su aprehensión, la madrugada del 26 de enero, la Fiscalía Anticorrupción del estado anunció que buscará la manera de ponerlo tras las rejas. De acuerdo con el subprocurador Ernesto Canales Santos, la autoridad federal determinará si la titular del Juzgado Quinto de Distrito con sede en esta capital se excedió en sus funciones con el propósito de proteger al priista al excarcelarlo después de ser internado en el Penal del topo Chico. La Fiscalía estatal precisó que actualmente tiene demandada a la juzgadora, mientras que la defensa de Medina presentó un recurso en contra del juez de Control, Miguel Ángel Eufracio, porque fue quien concedió la prisión preventiva del exmandatario. A la juez la demandaron penalmente ante el Ministerio Público federal, y ante la misma instancia fue denunciado el juzgador local, por lo que sus actuaciones deberán ser evaluadas por los respectivos consejos de la Judicatura. Como se espera que ambos respalden a sus respectivos jueces, la determinación deberá tomarla un Tribunal Colegiado, explicó Canales en conferencia de prensa. “Consideramos que la actuación de la juez federal estuvo totalmente ilegal. La ley de amparo establece que no procede la protección de la justicia federal tratándose de medidas cautelares tomadas durante un proceso penal, de manera que la juez federal no tiene facultades para ordenar la liberación por una orden de aprehensión liberada por un juez de control”, detalló. De acuerdo con el funcionario estatal, la demanda que presentaron en contra de la juez federal reviste una trascendencia de orden nacional, pues al detectar la Subprocuraduría de Nuevo león que la integrante del poder federal busca proteger a Medina, queda en evidencia que hay un abuso del recurso de amparo para que los imputados evadan la acción de la justicia. “Después de 15 horas de discusión, el juez de Control toma la decisión de declarar vinculado a Medina, además de considerar que debe tomar también la prisión preventiva, pero al día siguiente la juez federal, sin ninguna prueba adicional, ordena su liberación. ¿Para qué tener entonces las audiencias del juez de control?”, preguntó. Añadió: “Es un asunto muy serio y estamos confiados en que la PGR (Procuraduría General de la República) tome una medida contra la juez federal, porque si no, verdaderamente esto hace que la reforma de los juicios orales quede a la discreción de un juez, cuando esta reforma fue aprobada por el Congreso”. Afirmó que en este juicio, para el que ya pidieron sumar los dos expedientes al tratarse del mismo hecho, la liberación –legal o ilegal– de Medina sentará precedente para otros casos que se avecinan. “Debe proceder a que se ponga un alto en el país por los abusos del amparo que sobajan totalmente la función de justicia en los estados. Pareciera una protección al exgobernador Rodrigo Medina de parte de las autoridades federales, en contra de la justicia de Nuevo León, y lo pelearemos para que se respeten las decisiones de los jueces locales cuando están apegadas a derecho”, afirmó. De igual manera, reiteró que existe un riesgo real de que Medina se sustraiga de la acción de la justicia –con penas acumuladas (por tres procesos) de 36 años de prisión, además de que debería pagar 3 mil 600 millones de pesos por reparación de daños–, porque ha evidenciado que tiene recursos para huir, pues constantemente viaja entre Monterrey y la Ciudad de México. Actualmente el exmandatario se encuentra vinculado por los delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones y daño al erario por la entrega presuntamente ilegal de apoyos millonarios a la armadora surcoreana de autos KIA, instalada en el municipio nuevoleonés de Pesquería.