En Guerrero, una entidad sumida en la violencia, con ejecuciones cotidianas, con víctimas inocentes de los tiroteos de las bandas criminales que se disputan los territorios por donde fluye la droga y donde el secuestro y la extorsión tienen atenazados a los ciudadanos, el gobernador Héctor Astudillo desplegó un operativo de seguridad que distrajo a policías estatales, soldados y marinos, para permitir que en Acapulco se desarrollara sin contratiempos el Abierto Mexicano de Tenis. CHILPANCINGO, Gro.- Mientras Guerrero vive una brutal ola de violencia e inseguridad, el gobierno de Héctor Astudillo Flores desplegó a numerosos policías estatales para resguardar el torneo deportivo llamado Abierto Mexicano de Tenis (AMT) 2017, que tuvo lugar del 27 de febrero al pasado sábado 4, en la Zona Diamante de Acapulco. Los hechos más recientes sintetizan la situación de extrema violencia: un empresario fue secuestrado en Chilpancingo y cuatro días después lo encontraron muerto; y el reportero Cecilio Pineda Birto fue asesinado el jueves 2 poco después de que hubiera denunciado que el gobierno de Astudillo presuntamente brinda protección al sicario Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, y al diputado local priista Saúl Beltrán Orozco, de quien se dice que tiene vínculos con el narco y enfrenta una orden de aprehensión por homicidio, de la que se ha librado gracias al fuero. Además, el lunes 6 hubo en la entidad 10 ejecuciones durante la visita del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien afirmó que la incidencia delictiva en Acapulco ha disminuido 60%. La realidad desmiente a Osorio Chong: la semana pasada se documentaron más de 30 asesinatos en diferentes puntos del estado. Destacan el de una joven de 15 años ejecutada en Acapulco, un niño de 13 acribillado en Chilpancingo, así como nueve desmembrados en la capital estatal y en Chilapa, lugar éste donde también calcinaron a seis personas en un vehículo. Incluso, el sábado 4, el delegado del gobierno de Astudillo en la región de la Costa Grande, Julio César Vargas Calvo, fue privado de su libertad por un comando y hasta la fecha sigue desaparecido. En julio pasado, Carlos Vargas –hermano de Julio César– fue muerto por el Ejército durante un enfrentamiento entre miembros de la delincuencia organizada y militares en las inmediaciones de La Salitrera, municipio de José Azueta, donde un “presunto pistolero” perdió la vida y otros dos resultaron heridos, además de tres soldados, reportó la Defensa. La familia Vargas forma parte del grupo político de Alejandro Bravo Abarca, jefe de la oficina de Astudillo, quien, según reportes oficiales, tiene nexos con el narcotráfico. El sábado 4 Osorio Chong y Astudillo acudieron a la partida final del AMT –torneo organizado por el presidente del grupo Pegaso, Alejandro Burillo–, donde el estadunidense Sam Querrey se impuso al español Rafael Nadal. En la ceremonia de premiación, el público abucheó al mandatario estatal. Guerrero sigue ocupando los primeros lugares del país en homicidios dolosos; Astudillo –quien ha expresado públicamente que en la entidad hay seguridad, porque los asesinados y desaparecidos “no son turistas ni personas famosas”–, se ha enfocado en la promoción del Tianguis Turístico, que se realizará del lunes 27 al jueves 30 en Acapulco. Según documentos oficiales consultados por Proceso, además de patrocinar el AMT, el gobierno estatal desplegó un operativo en el cual participaron cuatro patrullas del Ejército y la Marina y más de 70 policías estatales y municipales a fin de garantizar la seguridad de los asistentes, quienes pagaron de 35 mil hasta 100 mil pesos por boleto. Violencia imparable El pasado 27 de febrero, integrantes del Frente Estatal de Familiares de Personas Desaparecidas protestaron frente a la residencia oficial Casa Guerrero, donde acusaron a Astudillo de ser incapaz de acabar con los homicidios, las desapariciones, los secuestros y las extorsiones. Y a pocos kilómetros de la Zona Diamante de Acapulco, sede del AMT, en el poblado indígena de Zitlala ocurrió un hecho inédito el 28 de febrero: la ancestral pelea de Los Xochimilcas –se remonta a la época de la Conquista–, que se lleva a cabo en esta zona de población nahua cada martes de carnaval en la víspera del miércoles de ceniza, fue suspendida por la violencia desatada por los grupos delictivos de Los Ardillos y Los Rojos, que se disputan este corredor de heroína y mariguana. Previamente, en Zitlala había sido ejecutado el director de Personal del ayuntamiento, Antonio Godinillo Yectli. En tanto, habitantes de la comunidad de Tlaltempanapa se enfrentaron a tiros con miembros de una guardia comunitaria vinculada con el grupo delictivo Los Ardillos; la refriega dejó dos detenidos por el Ejército y una movilización masiva de las autodefensas para liberar a sus compañeros. Las autoridades cedieron para evitar un mayor conflicto. El pasado 9 de febrero, la agencia Apro reveló que el gobierno de Astudillo delegó la vigilancia y seguridad del corredor que conecta Chilpancingo con los municipios de Quechultenango, Mochitlán y Chilapa a esa guardia comunitaria vinculada con Los Ardillos, grupo criminal que, según reportes del gobierno estatal, es liderado por la familia del dirigente perredista Bernardo Ortega Jiménez. Ese día funcionarios estatales y federales –reunidos con líderes del grupo armado– firmaron un compromiso con la guardia comunitaria de Petaquillas, del municipio de Chilpancingo, para sacar al Ejército y a las corporaciones policiacas estatales y federales de la zona donde opera la banda. En esa reunión participaron el delegado federal Ramiro Ávila y el subsecretario para Asuntos Políticos del gobierno estatal, José Maldonado. Cabe destacar que Astudillo ha calificado a este grupo de autodefensa como un grupo “de oscuros intereses” y el vocero del gobierno estatal, Roberto Álvarez Heredia, señaló que Los Ardillos operan en la antesala de Chilpancingo, donde actualmente disputan la plaza con dos bandas criminales más: Los Rojos y el Cártel de la Sierra. El acuerdo firmado con las autodefensas viola el precepto que establece que la seguridad pública es una facultad constitucional que compete exclusivamente al gobierno en sus tres niveles; y el municipio de Chilpancingo no es considerado de mayoría indígena, por lo que no se aplican los usos y costumbres que ampara la ley 701 para el desarrollo de los pueblos originarios. El gobierno estatal también delegó la función de Seguridad Pública del corredor de drogas que conecta la zona rural de Acapulco con el valle del Ocotito, región Centro, en el grupo de autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, también señalado por sus presuntos nexos con el narco. Mientras que en los municipios de la zona norte y la región de Tierra Caliente también operan autodefensas vinculadas con la delincuencia organizada. En Teloloapan, Arcelia y San Miguel Totolapan las bandas de La Familia, Los Tequileros y Guerreros Unidos se disputan esta zona, donde no sólo trafican narcóticos sino que están presentes en las inversiones mineras que promueve el gobierno de Astudillo. Cecilio Pineda En esta zona de Tierra Caliente, el periodista Cecilio Pineda Birto fue ejecutado la tarde del jueves 2 en Ciudad Altamirano, municipio de Pungarabato. La víctima regresaba del municipio de San Miguel Totolapan y durante el trayecto transmitió un video a través de su cuenta de Facebook, donde afirmó que a pesar de que el gobierno de Astudillo tenía conocimiento del lugar donde se esconde el líder de Los Tequileros, Raybel Jacobo de Almonte, no actuaba porque “había compromisos muy fuertes” entre el narco y las autoridades estatales. En el video, el periodista hizo referencia a los problemas que se viven en San Miguel Totolapan, donde un grupo de autodefensas vinculados con el grupo delictivo La Familia mantiene cerradas más de un centenar de escuelas en la región para exigir al gobernador guerrerense la captura de El Tequilero y el desafuero del diputado Beltrán Orozco, señalado como cabeza de la banda de Los Tequileros. La víctima afirmó que el coordinador de la Policía Preventiva Estatal en la región de Tierra Caliente presuntamente brinda protección a la banda del Tequilero, e incluso que los agentes estatales escoltan a las esposas de los sicarios para que puedan realizar compras en la cabecera municipal sin ser molestadas. Además anunció que en breve los miembros del grupo de autodefensa de San Miguel Totolapan iban a bloquear la carretera federal entre Arcelia y Pungarabato. “Llama la atención por qué no quiere intervenir el gobierno de Astudillo, a pesar de que tienen los elementos de la ubicación del grupo criminal de Los Tequileros. Pareciera que hay compromisos muy fuertes”, expresó Pineda. En los 16 meses de la administración de Astudillo han sido asesinados dos periodistas. A casi un año del primer caso, prevalece la impunidad: el pasado 25 de abril fue ejecutado a tiros Francisco Pacheco, director del diario El Foro de Taxco; a la fecha las autoridades ministeriales no han aclarado el crimen. Secuestro y asesinato En Chilpancingo, el pasado 27 de febrero fue secuestrado el exdirigente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en esta capital, Carlos Cruz Islas. Cuatro días después su cuerpo fue localizado cerca de Zumpango, municipio de Eduardo Neri. El empresario había sido asesinado a tiros. El crimen cimbró a los representantes del sector empresarial. El dirigente de la Coparmex en Chilpancingo, Adrián Alarcón Ríos, expresó su indignación y dijo que el hecho exhibe el vacío de autoridad que se vive en esta ciudad. Agregó que en lo que va de este año se ha incrementado el delito de extorsión contra comerciantes y empresarios en Chilpancingo, provocando el cierre de al menos 70 establecimientos comerciales, entre ellos un restaurante exclusivo de la cadena nacional La Mansión. Por ello reiteró su exigencia a Astudillo para que asuma su responsabilidad ante la ola de inseguridad, impunidad y violencia que no cesa en Guerrero. Este reportaje se publicó en la edición 2106 de la revista Proceso del 12 de marzo de 2017.