CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres celebraron la notificación de una nueva alerta de género en Veracruz, esta vez por agravio comparado, emitida por la Secretaría de Gobernación (Segob), notificada al gobierno de Miguel Ángel Yunes el pasado 10 de marzo. La medida destacó la urgencia de realizar las modificaciones necesarias para reformar la legislación actual con el fin de aumentar a 12 el número de semanas para interrumpir legalmente los embarazos y no criminalizar a las mujeres. En conferencia, Araceli González Saavedra, de Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres, y  María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) –organizaciones que solicitaron la Alerta de Género por Agravio Comparado–, urgieron a los tres poderes del estado de Veracruz responder en máximo 15 días si admiten o no las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim). Esta alerta se suma a la Alerta por Violencia de Género (AVG)  por violencia feminicida, emitida el año pasado durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Las representantes de las organizaciones sociales solicitantes de la alerta consideraron que la de Veracruz es la primera en su tipo en que el consejo técnico que elaboró el dictamen abordó el “contexto de discriminación, debido al marco jurídico y a la política pública vigente en materia de salud sexual y reproductiva que transgreden los derechos humanos de las mujeres”. González Saavedra explicó que en el ambiente de impunidad y violencia que se vive en Veracruz, de 2009 a 2013 se registraron 53 mil 360 nacimientos en los que la madre era menor de 18 años, en tanto que en 22% de los alumbramientos fueron menores de 15 años; en 2015 se registraron 487 partos de madres de entre 10 y 12 años de edad. La defensora explicó que durante el gobierno de Fidel Herrera, en 2009, hubo reformas en el Código Penal para, supuestamente despenalizar el aborto. En ellas se consideró pasar del castigo de cárcel cuando el aborto fue producto de “la incapacidad  emocional para tomar decisiones de las mujeres”, a ser sancionado con medidas de salud y educativas. Además, se abrieron centros de atención a embarazadas en situación vulnerable, a las que se supuestamente van sólo quienes se practicaron la interrupción. Sin embargo, Equifonía identificó 18 casos en que jóvenes fueron acusadas de homicidio por razón de parentesco, aunque muchas de ellas abortaron de manera espontánea. “Identificamos que nueve de cada 10 mujeres acusadas por ese delito son indígenas, pobres y jóvenes. Por eso insistimos que el tipo penal discrimina por ser mujer, por ser indígena, por ser pobre y ser joven”, dijo González Saavedra. Ignoran marco jurídico La activista agregó que el informe de la Conavim también identificó que la Fiscalía General del Estado (FGE) no informó sobre casos de interrupción legal del embarazo por motivos de violación, que contempla la norma 046 de la Secretaría de Salud. De acuerdo con la defensora, en un estudio realizado en 2015 por Equifonía y el Comité Promotor por una Maternidad Segura en México, advirtieron que en hospitales del sector salud y de procuración de justicia de Xalapa, el personal no tenía información ni capacitación sobre la aplicación de la mencionada norma; mucho menos había coordinación entre ambas instituciones. En el único caso que González Saavedra identificó la aplicación de la norma, fue gracias a la intervención de su organización, luego de que una víctima acudió a Equifonía a denunciar que “prácticamente le dijeron que fuera a la Ciudad de México a practicarse la interrupción legal del embarazo”. María de la Luz Estrada, representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), resaltó que mientras subsisten 24 solicitudes por alerta de género en su modalidad de violencia feminicida, la importancia de esta Alerta de Género por Agravio Comparado en Veracruz, es porque significaba “un reto analizar el marco jurídico y la política pública, que son discriminatorias, que ponen en riesgo los derechos humanos de las mujeres y el análisis se hace dentro del marco internacional de derechos humanos y los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”. La activista insistió en que el precedente es relevante dado que, aun cuando en México está contemplada la interrupción legal del embarazo en mujeres y niñas por causales de salud y violación en 22 estados, “no se aplica porque las autoridades anteponen sus prejuicios. Es grave que en los últimos dos a tres años sólo haya 26 casos de aborto legal por violación”. Al señalar que en muchos casos los agentes ministeriales advierten a las víctimas que si abortan ya no procede la queja por violación, dijo que generalmente las mujeres agredidas sexualmente “no denuncian en el primer trimestre por miedo a la criminalización o por miedo a los agresores. En el caso de que el responsable sea miembro de la delincuencia organizada, mejor no lo hacen por miedo a que las vayan a matar”. Las defensoras puntualizaron que las recomendaciones centrales de la alerta emitida por Conavim instruyen a despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación; establecer como causal del riesgo a la salud de las mujeres, dejar sin plazo de aplicación la causal de aborto por violencia sexual y garantizar la aplicación de la NOM 046. De aceptar el gobierno de Veracruz las recomendaciones, detallaron que tendrá seis meses para cumplirlas. En caso contrario, el gobierno federal intervendría para obligar a la entidad a acatar el dictamen de la Conavim. Las defensoras solicitaron la instalación de mesas de diálogo para que el gobierno de Miguel Ángel Yunes implemente las recomendaciones y se cumpla con los indicadores establecidos en el documento.