México debe reducir presencia militar en funciones de seguridad pública: exrelator de la ONU

Operativos de militares en Sinaloa (archivo). Foto: Juan Carlos Cruz Operativos de militares en Sinaloa (archivo). Foto: Juan Carlos Cruz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exrelator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan Méndez, aconsejó reducir en México la presencia de elementos castrenses en funciones de seguridad pública, en virtud de que la Ley de Seguridad Interior, dijo, “va en la dirección de por lo menos limitar, si no eliminar, los controles democráticos sobre la actuación de las fuerzas armadas”.

Añadió: “Obviamente no conozco al detalle el texto de la ley que se está proponiendo, y creo que hay varios proyectos distintos, pero sí espero que en el debate parlamentario se mantenga por lo menos el espíritu de que si las fuerzas armadas van a intervenir en seguridad interior lo hagan bajo control de la autoridad pública, de las instituciones de control y especialmente de las autoridades elegidas democráticamente, porque el estado de derecho requiere que no haya ningún estamento estatal que esté fuera de los controles democráticos”.

En un comunicado, la Universidad Iberoamericana dio a conocer que previo a una conferencia que dio en esa institución académica, Méndez recordó que en el informe que hizo como relator de Naciones Unidas sobre la tortura, después de su visita a México en 2014, destacó que “la incidencia en la tortura se correspondía en el tiempo con la incorporación de las fuerzas armadas a la seguridad interior”.

Y con base en información anecdótica, pero muy creíble, se observó en ese informe que los mismos patrones de tortura se aplicaban por parte de las fuerzas armadas y las corporaciones policiales, agregó el abogado argentino.

Destacó que a raíz de la lucha contra el crimen organizado, en México se ha generalizado la tortura, “de una manera que es muy difícil erradicarla”. Y si bien se han hecho esfuerzos por controlarla, “hasta ahora no se demuestran del todo fructíferos”.

Abundó que en México la tortura está prohibida y hay mecanismos de prevención, pero no han sido eficaces, porque “el principal factor que reproduce las condiciones para que haya tortura es la impunidad. Hay muy poca o casi ninguna actividad de investigación, procesamiento y castigo de los casos individuales de tortura”, misma que es una obligación internacional asumida por el Estado mexicano.

“Hasta que no se rompa el ciclo de impunidad va a ser muy difícil prevenir la tortura para el futuro”, indicó Méndez.

Por eso opinó que es muy importante alentar a las instituciones del Estado, especialmente a la Judicatura, y también a la sociedad civil, para no bajar los brazos e insistir en que se puede combatir y derrotar al crimen organizado respetando los derechos humanos y la dignidad personal de toda la gente.

De acuerdo con el asesor especial para la prevención de Crímenes de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, México no es el único lugar donde se presentan casos de tortura, de hecho ésta es una práctica habitual en muchas naciones y regiones del mundo.

“Lamentablemente más de la mitad de los países del mundo practican la tortura, algunos más intensamente y algunos más frecuentemente que otros. En América Latina es una maldición que no hemos podido erradicar, ni siquiera en épocas democráticas, como fundamentalmente casi todos nuestros países están viviendo ahora”, pero esto no quiere decir que no haya habido progresos, parciales y limitados, puntualizó.

Pese a esa situación, Méndez –sometido a torturas y confinado en régimen de detención administrativa por la dictadura militar argentina durante año y medio por sus actividades de representación de presos políticos– considera que es posible erradicar la tortura en las democracias latinoamericanas y en el mundo en general. “No es fácil, pero es posible, y deberíamos redoblar los esfuerzos”, dijo.

El exasesor jurídico de Human Rights Watch sostuvo que ahora el problema fundamental es que las democracias más desarrolladas del mundo, incluido Estados Unidos, bajo la amenaza del terrorismo han optado por ser un pésimo ejemplo para el resto del mundo al “relativizar la condena de la tortura, el usar la tortura y el no investigar ni castigar los casos específicos de tortura que se conocen. Si el país más poderoso del planeta da esos ejemplos, obviamente es mucho más difícil conseguir que otros países respeten estas obligaciones”.

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