XALAPA, Ver. (apro).- Han pasado mil 95 días, tres procuradores de justicia y dos gobernadores y la familia Quevedo González sigue en espera de tener noticias del paradero de su hijo Gerson, joven de 21 años que fue secuestrado por un comando en El Tejar, Medellín. Tras el “levantón” del que fue víctima, su hermano Alán –portero de sub 17 de los Tiburones Rojos– y su cuñado Miguel Caldelas –subcampeón local de taekwondo– fueron acribillados por una célula criminal cuando acudieron al rescate de Gerson. “Tres años y no hay justicia. No sabemos nada de Gerson y aunque detuvieron a tres secuestradores, seguimos sin saber nada de mi otro hijo. Un juez federal sigue sin resolver si hubo participación de la delincuencia organizada, cuando es claro que la hay”, reclama Maricela González Orozco, madre de los jóvenes deportistas. En entrevista telefónica con Apro desde algún punto del país, señala que ni siquiera puede decir que esperan que Gerson “vuelva a casa”, porque el resto de la familia vive desplazada por las constantes amenazas e intimidaciones que sufrieron sus integrantes después del entierro de Alan, la búsqueda de Gerson y la presión que ejercieron a través de algunos medios de comunicación. Hace un par de meses fueron detenidos Cristian de Jesús Castillo Wachi, de 23 años, y Lucina Ramón Quintero La Luci, de 44, como dos de los presuntos responsables del secuestro de Gerson. La Fiscalía General del Estado (FGE), quien los capturó, no les fincó responsabilidad por la ejecución de Alan y de Miguel, sino sólo por el “secuestro agravado” de Gerson. El Juzgado Quinto del Distrito Judicial del Puerto de Veracruz liberó la orden de aprehensión, a partir de la investigación ministerial 131/2016. Y aunque el juicio sigue su curso, la Fiscalía y la Policía Ministerial no han podido obtener datos extra que lleven al paradero del joven. “Esa es nuestra exigencia, que nos digan dónde está Gerson, pero que también haya castigo a los culpables y que el gobierno federal dictamine participación de la delincuencia organizada”, exige Maricela González. “Descansa mi amor” Mientras la carpeta de investigación 015/UECS-DM/2014 acumula polvo en alguna gaveta arrinconada de la FGE, “pues ya no se ha continuado con las diligencias”, la familia Quevedo González se adhirió a la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos y al colectivo María Herrera, como una manera de ejercer presión a las autoridades y continuar en la búsqueda de su hijo. En el caso de Alan, a quien llamaban Coquito, su familia guarda el recuerdo ante la imposibilidad de visitar su tumba, debido al desplazamiento obligado que han tenido que vivir. Un video con imágenes de cuando él era bebé, de niño en la playa y las albercas, cuando jugaba con su hermano, su primera “cascarita” en la arena y sus primeros partidos con los Tiburones Rojos son apenas un tibio consuelo para el dolor. El video va acompañado de la canción Descansa mi amor, del cantante de banda El Komander, que dice: “Tu sonrisa en mi mente he guardado Tus caricias nadie las borró Tengo el corazón hecho pedazos Pero estoy confiado en que todo acabó No perdiste, supiste ganar Mil batallas pudiste enfrentar Pero Dios te quería con cariño Y por eso mi niño te quiso llevar Descansa mi amor Descansa mi bien Descansa campeón Que todo está bien”. Maricela González reprocha que con el nuevo gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, el actual fiscal general Jorge Winckler Ortiz únicamente recibe a los colectivos de familiares de desaparecidos cuando se confirma la asistencia del subsecretario de Gobernación y Derechos Humanos, Roberto Campa. “Sólo cuando va Campa asiste el nuevo fiscal, si no, no nos recibe... ya viste lo que pasó la última vez: entramos por la fuerza y haciendo desmán”, cuenta. Un año de exigencia antes del exilio Gerson Quevedo González estudiaba Arquitectura y quería ser jugador de futbol profesional. La madrugada del 16 de marzo del 2014, un día después de su secuestro en el fraccionamiento Arboledas San Ramón, su hermano Alan y su cuñado Miguel Caldelas fueron acribillados, presuntamente, por el mismo comando secuestrador. El doble homicidio ocurrió minutos antes de que policías estatales llegaran al lugar de los hechos. Alan y Miguel fueron encontrados sin signos vitales en el interior de su vehículo Mazda rojo, placas YJX5999. Antes de morir, descubrieron la casa de seguridad donde los delincuentes tenían a Gerson. Tras el homicidio, éste fue llevado por sus captores en un automóvil con rumbo desconocido. “Lo dije la otra vez: en la camioneta donde apareció el sicario muerto, ahí fueron encontrados documentos de Alan: una credencial de estudiante, una papeleta de empeño y otros documentos personales. La clave está ahí. ¿De quién es la camioneta?”, recriminó en su momento el papá de los jóvenes. Gerson padre vivió un auténtico viacrucis para exigir el avance de las investigaciones. En cinco ocasiones fue citado en Xalapa para declarar ante el Ministerio Público y en la nueva Unidad Especial Antisecuestros, hoy adscrita a la FGE. Sin embargo, recriminó que los trámites se debían hacer desde Xalapa, mientras que el doble homicidio y secuestro ocurrió en Medellín, a 120 kilómetros de distancia. En 2015, el padre de familia rememoró que durante el plagio hubo tal indiferencia del personal del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4) y del servicio de emergencias 066, que su familia se vio orillada a negociar con los captores. Entonces, acordaron un rescate de 50 mil pesos que depositarían en el estacionamiento de Plaza Crystal. Hasta ahí fueron Alan y Miguel. Pasaron las horas, pero ninguno volvió a casa. La comunicación con los plagiarios se cortó. Horas antes, en el folio 56699, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detalló que cuando la familia Quevedo González se quejó por el secuestro de uno de sus hijos, del otro lado de la línea, un oficial les respondió: “Seguramente se trata de un secuestro virtual. Mándenle un mensaje al celular de su hijo. Díganle que ustedes están bien, que regrese a casa”. Durante un año, el padre de familia reclamó a las autoridades dar con el paradero de Gerson y aplicar justicia por el homicidio de Alan y Miguel. Sin embargo, a inicios de 2015 tuvo que exiliarse del estado pues sufría amenazas constantes de muerte e intimidaciones a través de su teléfono celular y del de otros integrantes de su familia. Según contó entonces, presuntos miembros de la delincuencia organizada le exigían que se desistiera de pedir justicia y aparecer en los medios de comunicación.