CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Trabajadores sindicalizados protestaron en las oficinas del notario público en funciones de presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal (TSJ), Robespierre Robles Hurtado, con el fin de exigir mejoras salariales y seguridad social. Los inconformes denunciaron que durante la administración de Robles Hurtado, señalado públicamente por sus presuntos nexos con el narco, aún persisten los vicios de corrupción, nepotismo y compadrazgo en el Poder Judicial. Hace dos años, estos mismos factores detonaron un paro laboral que se prolongó durante dos meses y colapsó el cuestionado sistema de impartición de justicia en la entidad, lo que provocó “un cambio de forma pero no de fondo”, recordaron los trabajadores esta mañana durante una conferencia realizada en la sede del TSJ, al sur de esta capital. Por ello, exigieron el cumplimiento de su pliego petitorio enfocado en incremento salarial, respeto a la carrera judicial, así como un programa de créditos para adquirir vivienda de interés social y garantizar un plan de retiro o jubilación digno. De lo contrario, advirtieron que las protestas se van a intensificar en los próximos días en caso de que no reciban atención a sus añejas demandas. Desde las 8:30 horas, decenas de trabajadores provenientes de Acapulco y Chilpancingo se concentraron frente a la sede del TSJ portando una manta, y enseguida ingresaron al lugar donde se manifestaron en la oficina del titular del Poder Judicial. Los inconformes fueron recibidos por Paloma Oviedo Galeana, hija de la actual magistrada Lambertina Galeana y secretaria particular de Robles Hurtado, quien estuvo resguardada por un escolta personal y se limitó a decir que el presidente del TSJ no se encontraba y que regresaran posteriormente para agendar una reunión. Los trabajadores reprocharon la indolencia de Robles y afirmaron que desde el 18 de noviembre de 2015, fecha cuando fue impuesto en el cargo por el gobernador Héctor Astudillo Flores sin tener carrera judicial, se ha dedicado a hacer campaña porque aspira a ser el candidato del PRI a la alcaldía de Acapulco. Incluso, señalaron que Robles Hurtado “inventó una plataforma electoral”, denominada Voluntariado del Poder Judicial, que preside su esposa Zurya Ajuria y se limita a socializar entre la clase política y comercial del puerto, así como promover cursos de “zumba, yoga y sana alimentación” entre los trabajadores. Acerca de los señalamientos de compadrazgo y nepotismo, señalaron el caso del exalcalde y exdiputado local panista, Marcos Parra Gómez, quien actualmente se desempeña como auditor interno del Poder Judicial y cuyo único mérito es ser amigo de Robles Hurtado. Así como a trabajadores de su notaría, entre ellos Carlos Apolonio Tapia, quien se desempeña como visitador en el Consejo de la Judicatura. También, señalaron el caso de la amiga del gobernador Astudillo, identificada como Josefina Verduzco, quien fue nombrada como administradora de los juzgados del nuevo sistema de justicia penal en el puerto de Acapulco. Mientras que el resto de los magistrados mantiene sus privilegios, como el de colocar esposas, hijos y amigos en diferentes cargos del TSJ, indicaron los inconformes. Negro historial El 28 de julio pasado Apro dio a conocer que Robles Hurtado tomó protesta en noviembre de 2015 como miembro de la organización priista denominada Fundación Colosio a Iván Alonso Bustamante, hijo del empresario Joaquín Alonso Piedra, quien actualmente se encuentra preso por narcotráfico y acusado por el gobierno federal de ser operador financiero del cartel de los Beltrán Leyva en Acapulco. La captura del presunto lavador de activos del narco se registró el 27 de julio de 2016, luego de una serie de señalamientos contra los hermanos Ricardo y Héctor Astudillo Calvo, hijos del gobernador Astudillo, por realizar presuntos negocios al amparo del poder en Acapulco. Días antes, el 19 de julio del mismo año, un comando atacó a balazos la sede de la Notaría 19, propiedad del presidente del TSJ, Robespierre Robles Hurtado, ubicada en el fraccionamiento Costa Azul en el puerto de Acapulco. Además, los sicarios dejaron dos cartulinas con mensajes donde acusan al gobernador Héctor Astudillo Flores, así como al fiscal en la entidad, Xavier Olea Peláez, y al propio Robespierre Robles, de recibir dinero y “no cumplir con el acuerdo” de liberar a David Canek Palma Analco El Deivid, señalado como presunto líder de una facción del grupo delictivo denominado Cártel Independiente de Acapulco (Cida). Una semana después, agentes federales detuvieron al empresario Joaquín Alonso Piedra en plena zona urbana del puerto, y los señalamientos por presuntos nexos con el narco contra el gobernador Astudillo y el titular del Poder Judicial, Robespierre Robles, simplemente se diluyeron.