CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones no gubernamentales (ONG) acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir que se hagan efectivas las resoluciones emitidas contra un permiso otorgado a Monsanto para la siembra de soya genéticamente modificada en diversas regiones del estado de Campeche. En su sentencia del 4 de noviembre de 2015, la Segunda Sala declaró la suspensión del permiso y ordenó se efectuara una consulta “previa”, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, a fin de proteger los derechos y garantizar la participación en las decisiones del pueblo maya. Sin embargo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y otras organizaciones civiles denunciaron que desde que inició formalmente la consulta hasta la fecha, se ha dado “una flagrante violación a lo establecido por la SCJN en sus resoluciones”, y entre las más graves destaca la siembra ilegal de soya transgénica, a pesar de que el permiso está sin efectos. En un comunicado señalaron que representantes comunitarios y asesores legales de las comunidades han sido amenazados, intimidados e insultados durante las sesiones de la consulta, y no existe imparcialidad por parte de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), que ha promovido las bondades del modelo agrícola industrial y la inocuidad de sustancias toxicas como el herbicida glifosato, “a pesar de su papel como organizador de la consulta y no como promovente de la soya transgénica”. También denunciaron la omisión de diversas dependencias federales, entre ellas la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para investigar y castigar la siembra ilegal de soya transgénica, la deforestación asociada a ella y la afectación a los recursos hídricos de la región. Y aseguraron que no se informa a las comunidades sobre las medidas de monitoreo para evitar la siembra ilegal de soya transgénica. Muchas de estas graves irregularidades, subrayaron, han sido documentadas por la Misión de Observación ciudadana instituida para dar seguimiento al proceso de consulta y también reconocidas por la propia Cibiogem, que el 5 de diciembre del año pasado reconoció ante las y los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que existían cuando menos 300 hectáreas de soya transgénica sembradas en el municipio de Hopelchén, sin que hasta la fecha haya información sobre las sanciones implementadas ni sobre el destino de esa soya ilegalmente sembrada. Frente a esas irregularidades, señalaron, los representantes de las comunidades han acudido tres veces al Juzgado Segundo de Distrito de Campeche a solicitar se inicie el incidente de inejecución de sentencia; no obstante, dicho órgano juzgador se ha negado sistemáticamente a establecer las medidas de apremio necesarias para que la sentencia sea efectiva y se cumplan los lineamientos establecidos por la SCJN. Por ello, las y los representantes de las comunidades acudieron al máximo tribunal del país para exigir a los ministros que se cumplan las condiciones establecidas en su sentencia, y externaron la falta de credibilidad y fuerza de sus sentencias y como institución. “La visita se da en un contexto de suma gravedad para la zona de Hopelchén, misma que sufre una prolongada sequía, entre otras cosas, por el uso desmedido de agua para la agricultura industrial, la perforación ilegal de pozos de absorción, la desecación de aguadas y lagunas naturales que está secando la selva, provocando incendios y dejando a familias sin sustento”, recalcaron en su comunicado.