PUEBLA, Pue. (apro).- En el Día Mundial del Agua, pobladores de diferentes regiones del estado se dieron cita en esta capital para repudiar el proceso privatizador del líquido, impulsado desde 2013 por el exgobernador Rafael Moreno Valle. Cientos de campesinos de la Sierra Norte, Tehuacán y la zona conurbada de Puebla marcharon hacia el Congreso local y, de nueva cuenta, se pronunciaron por la derogación de la reforma al Artículo 12 de la Constitución poblana. Los contingentes salieron desde el lunes de sus comunidades, en una caravana que organizaron la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), el Movimiento Ciudadano de Ocotepec, los Pueblos Unidos en Contra de la Privatización del Agua (PUCPA), la Asamblea Social del Agua (ASA) y la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”. Esta mañana, hombres y mujeres del campo se concentraron en el Paseo Bravo, de donde partieron hacia el Congreso y el zócalo de esta ciudad. En la primera parada, los manifestantes entregaron un escrito al Legislativo para exigir la derogación de la reforma aprobada días antes de que concluyera el sexenio de Moreno Valle. Y es que la modificación al Artículo 12 de la Constitución poblana abre la posibilidad de que el gobierno estatal quite a los municipios la administración del servicio de agua potable, medida que, presumen, sería un paso para su privatización, tal como se hizo en esta capital desde finales de 2013. En el mitin, los manifestantes denunciaron que durante la marcha que realizaron desde sus comunidades hasta esta ciudad fueron hostigados por la policía estatal, además de que algunos activistas, como el profesor Gilberto Maldonado, han recibido amenazas de que los “desaparecerán” si continúan en la lucha contra la privatización del servicio en el municipio de Izúcar de Matamoros. Por la mañana, un grupo de participantes en la movilización por el Día Mundial del Agua tomó por una hora la caseta de Amozoc, en la autopista Puebla-Córdoba, para dar paso libre a los usuarios. Y en un foro que se llevó a cabo en el zócalo capitalino, el alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa, aseguró que detrás de la empresa Concesiones Integrales –actualmente a cargo del servicio de agua en la zona metropolitana de Puebla– está la familia Hank. Según el cholulteca, la reciente reforma al Artículo 12 constitucional sólo tiene como propósito ampliar el negocio que está bajo el poder de ese consorcio, para que ahora abarque el resto de la entidad. Este lunes el periódico La Jornada de Oriente informó que en el acta constitutiva de Concesiones Integrales aparece como socio mayoritario el empresario Diego Gutiérrez Cortina, uno de los constructores favoritos del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, quien igual resultó beneficiado con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). En el foro, Espinosa afirmó que es tal el interés porque la reforma se mantenga como fue aprobada por los diputados, el pasado 6 de enero, que la Auditoría Superior del Estado es usada como instrumento para presionar a los alcaldes a fin de que eviten pronunciarse en su contra, o de lo contrario tendrán problemas con la aprobación de sus cuentas públicas. De igual manera, señaló que el actual vocero del gobierno estatal, Javier Lozano Alarcón, ha llevado a cabo una campaña mediática para atacarlo, dado que fue el primero en presentar una controversia constitucional para revertir el cambio legislativo aprobado antes de concluir el sexenio de Moreno Valle. Tras participar en el foro contra la privatización del agua, Espinosa y pobladores de las Cholulas, Coronango y Cuautlancingo, entregaron al Congreso local un escrito en el que hacen patente su rechazo a la reforma. En rueda de prensa, María Eugenia Ochoa, Omar Jiménez y José Luis García, integrantes de el ASA, aseguraron que a más de tres años de que se privatizó el servicio de agua en esta ciudad, los usuarios ya padecen las consecuencias en el corte del suministro y en el “pésimo” servicio, que en lugar de mejorar, ha empeorado. Jiménez informó que los últimos dos años esa organización ha ganado 47 amparos para igual número de usuarios a quienes la empresa les cortó el servicio, sin tomar en cuenta que el suministro del líquido es un derecho humano.