CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tan sólo en las primeras tres semanas del mes de marzo fueron contabilizados cinco asesinatos o agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos en México –entre ellos el homicidio de Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, el jueves pasado–, una cifra que ilustra el “alarmante deterioro en las condiciones de seguridad para que periodistas y defensores ejerzan su importante labor en el país”, consideró la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Los estados de Guerrero, Veracruz, Sinaloa, Chihuahua y Oaxaca, donde fueron perpetrados los ataques más recientes, “presentan graves problemas de violencia, presencia de grupos de delincuencia organizada, desplazamiento interno y violaciones a derechos humanos”, y ahí “existen antecedentes de represión (…) que no han sido investigados ni sancionados”. La organización deploró que los mecanismos federales y locales de protección a periodistas y defensores de derechos humanos “no han sido eficientes para prevenir ataques” y que las procuradurías –General de la República y estatales– no pudieron resolver la gran mayoría de los asesinatos, lo cual “perpetúa y agrava el ciclo de violencia y abusos”, aseveró. “Cualquier agresión en contra de periodistas y defensores de derechos humanos es inaceptable, pero es especialmente alarmante cuando son víctimas de ataques directos, violentos y de homicidios”, insistió la organización en un comunicado, en el que añadió que “este nivel de violencia en contra de periodistas y defensores en México no es aceptable”. El pasado 2 marzo fue asesinado el guerrerense Cecilio Pineda Brito, director del diario La Voz de la Tierra Caliente, y el siguiente 19 sufrió la misma suerte el periodista veracruzano Ricardo Monlui Cabrera, director de El Político y presidente de la Asociación de Periodistas y Reporteros Gráficos de Córdoba y la Región. Los días 5 y 21 de ese mes, Santiago Ambrosio Hernández, presidente del Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad 19 de Junio de Nochixtlán, y otro activista fueron agredidos. El 22 de marzo, el escolta de la sinaloense Alma Barraza fue asesinado durante un ataque armado, en el que protegió a la defensora de derechos humanos. El asesinato de Breach detonó una ola de indignación y protestas en varias partes del país. El sábado pasado, más de un centenar de periodistas marchó hacia la sede de la PGR en la Ciudad de México para exigir el cese de la impunidad en los casos de periodistas asesinados. WOLA urgió al gobierno mexicano a “enviar un mensaje público y contundente que reconozca expresamente la importancia y valor del trabajo de los periodistas y defensores de derechos humanos en México y asegurar que estos casos no terminarán en impunidad” y, sobre todo, “tiene que dar más que promesas vacías, declaraciones genéricas y justificaciones”.