CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El gobernador Héctor Astudillo Flores rechazó haber pactado con el narco y hacer negocio con la violencia como lo afirmó el obispo católico de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza. Al respecto, el mandatario dijo que no ve bien esas expresiones y calificó como incorrecta la acusación lanzada este domingo por el prelado en esta capital. Entrevistado en una estación de radio de esta ciudad, Astudillo dijo: “Yo lo que leo son expresiones que no las veo bien, no las veo correctas pero tampoco voy a entrar en una ruta de confrontación con el obispo Salvador Rangel, a quien yo respeto”. Luego, anunció que pasando la celebración del Tianguis Turístico buscará platicar con el jerarca católico y advirtió que la valoración que tiene el gobierno estatal del obispo es de “un hombre muy responsable y muy sensato”. Enseguida, Astudillo reiteró que no es su intención confrontarse públicamente con el obispo y que pretende arreglar el conflicto en privado. “De ninguna manera acepto algunas cosas que señaló el obispo Salvador Rangel, pero creo que a lo mejor pueden ser magnificadas o tergiversadas y hasta ahí me quiero quedar”, indicó Astudillo. Este domingo, Rangel Mendoza afirmó que el gobierno de Astudillo ya pactó con el narco en algunas regiones de la entidad pero que la violencia no cesa porque “en el fondo hay cierta repartición de dividendos entre ambos”, indicó. “Por debajo de la mesa ya hay arreglos. El gobierno y las bandas delincuenciales ya se entienden, sólo que públicamente no lo quieren decir. La violencia sigue porque no la quieren aplacar, porque esto del narcotráfico es un gran negocio a nivel nacional y ni modo que los de Guerrero sean almas puras”, expresó el prelado. Desde el año pasado, Proceso ha documentado una serie de señalamientos contra Astudillo por sus presuntos nexos con el narco donde destaca una historia registrada en el puerto de Acapulco que involucra al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Robespierre Robles Hurtado y los hijos del mandatario que han sido acusado de realizar negocios al amparo del poder. El 28 de julio pasado Apro dio a conocer que Robles Hurtado tomó protesta en noviembre de 2015 como miembro de la organización priista Fundación Colosio, a Iván Alonso Bustamante, hijo del empresario Joaquín Alonso Piedra quien actualmente se encuentra preso por narcotráfico y acusado por el gobierno federal de ser operador financiero del cartel de los Beltrán Leyva en Acapulco. La captura del presunto lavador de activos del narco se registró el 27 de julio de 2016, luego de una serie de señalamientos contra los hermanos Ricardo y Héctor Astudillo Calvo, hijos del gobernador Astudillo, por realizar presuntos negocios al amparo del poder en Acapulco. Días antes, el 19 de julio del mismo año, un comando atacó a balazos la sede de la Notaría 19, propiedad del presidente del TSJ, Robespierre Robles Hurtado, ubicada en el fraccionamiento Costa Azul en el puerto de Acapulco. Además, los sicarios dejaron dos cartulinas con mensajes donde acusan al gobernador Héctor Astudillo Flores, así como al fiscal en la entidad, Xavier Olea Peláez, y al propio Robespierre Robles, de recibir dinero y “no cumplir con el acuerdo” de liberar a David Canek Palma Analco El Deivid, señalado como presunto líder de una facción del grupo delictivo denominado Cártel Independiente de Acapulco (Cida). Una semana después, agentes federales detuvieron al empresario Joaquín Alonso Piedra en plena zona urbana del puerto, y los señalamientos por presuntos nexos con el narco contra el gobernador Astudillo y el titular del Poder Judicial, Robespierre Robles, simplemente se diluyeron.