COLIMA, Col. (apro).- El Juzgado Primero de Distrito con sede en esta ciudad admitió una demanda de amparo contra una nueva orden de detención de Rogelio Salazar Borjas, exdelegado del Instituto Nacional de Economía Social (Inaes), quien desde hace cinco meses se encuentra preso y junto con tres personas más enfrenta un proceso por presunta posesión de droga. La demanda, clasificada con el número de expediente 447/2017-I-J, fue presentada por el propio exfuncionario federal contra el director de Averiguaciones Previas del sistema tradicional de Colima, el agente de la Mesa Primera del Ministerio Público de Manzanillo y otras autoridades del fuero común, con el argumento de que en sus diversas actuaciones la autoridad ministerial no le otorgó garantía de audiencia, con “clara violación a nuestras garantías individuales y derechos fundamentales”. Salazar Borjas impugnó la orden “verbal o escrita” emitida en su contra por las autoridades demandadas para que se le privara de su libertad y “se le pusiera a disposición de juez competente o ante el fiscal social del fuero común o fuero federal por la probable comisión de delito que en la actualidad desconozco”. En relación con la garantía de audiencia del detenido ante las actuaciones ministeriales, el juez consideró improcedente ese reclamo, porque las autoridades ministeriales “cumplen su deber al integrar las averiguaciones previas o las carpetas de investigación respecto de probables delitos, pero el perjuicio se materializará, en su caso, hasta que se ejerza acción penal y la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar, una orden de aprehensión, pues estimar lo contrario, entorpecería las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público anteponiendo el interés particular en este caso, el de la quejosa, al de la sociedad”. En cambio, respecto de los actos reclamados en relación con la orden emitida en su contra para privarlo de su libertad y ponerlo a disposición de una autoridad competente, el juez admitió la demanda de garantías, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución federal; así como el 1, fracción I, 35, 107, 108, 112, 115 y, 117, de la Ley de Amparo. Tras concederle la suspensión provisional de los actos reclamados, el juez fijó el próximo 31 de marzo como fecha para la audiencia incidental y el 25 de abril para la audiencia constitucional. También ordenó pedir a las autoridades señaladas como responsables rendir su informe justificado dentro del término de ocho días, en el que “expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; acompañando copias certificadas completas y legibles, en su caso, de todas y cada una de las constancias del expediente de donde deriva el acto reclamado, incluyendo los documentos fundatorios y las pruebas que hubieren sido tomadas en consideración para la emisión del acto impugnado”. A finales de octubre de 2016, Rogelio Salazar y tres personas más fueron detenidos mientras se encontraban amarrados y amordazados en el interior de dos vehículos en los límites de Colima y Jalisco, en uno de los cuales había más de 18 kilogramos de cocaína, con un valor en el mercado de alrededor de tres millones de pesos. En la audiencia realizada en noviembre con base en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, argumentaron haber sido secuestrados y abandonados en ese lugar, pero el juez determinó vincularlos a proceso, por lo que actualmente se encuentran en espera de la audiencia en la que se dictará la sentencia.