MONTERREY, NL (apro).- La Agencia Estatal del Transporte (AET) de Nuevo León investigará las concesiones que le entregó la dependencia hace una década al dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, debido a que observan anomalías en la documentación que está en poder de la autoridad. Así lo señaló el titular de la dependencia, Jorge Longoria Treviño, al manifestar que pedirá el respaldo de la Contraloría Estatal y la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León, para revisar la papelería de las concesiones que le fueron otorgadas entre el 2006 y el 2007 al político, para que operara 18 autos de alquiler, conocidos en la entidad como ecotaxis. “Hay inconsistencias. Hay anomalías. Tiene deficiencias que tiene que subsanar. No, no lo van a poder subsanar. Las concesiones están activas y, en caso de que encontremos más irregularidades, tendremos que ponerlas en un bloqueo temporal hasta que no se subsane”, dijo Longoria en entrevista con el diario El Norte. El mismo medio dio a conocer la semana pasada que Ochoa tiene una flotilla de taxis que opera desde hace años en la entidad, y las respectivas concesiones las obtuvo mediante procedimientos amañados, como el haber dado un domicilio en el municipio de San Nicolás, en el que nunca vivió. Como reacción de las notas, el gobernador Jaime Rodríguez llamó a Ochoa “delincuente” porque dijo que era ilegal la venta entre particulares de concesiones, a lo que el priista le respondió tildandolo de “ignorante”, pues en el momento en que hizo las compras, la ley se lo permitía. Longoria Treviño dijo a El Norte que buscarán que el presidente del PRI a nivel nacional justifique la manera en que adquirió las concesiones. “Pero más que subsanar, es venir a demostrar con pruebas que lo que se hizo está en apego a la ley”. Como parte de las irregularidades detectadas, el titular de la AET señaló que Ochoa tiene registrados en los archivos de la dependencia, una misma fotografía para los trámites que realizó durante 2006, 2007, 2008 cuando, legalmente, debió tomarse una gráfica nueva para cada año. “En esto no hay duda. Ahí hay un manipuleo de información y de datos y se ve que alguien le facilitó los trámites. Internamente eso es una anomalía. Vamos a hacer una revisión a profundidad de cada uno de los expedientes. Viendo desde el origen, por cuántas manos pasó, quién es el representante, si la persona vino en forma física y si vivió o no aquí”, declaró al periódico local.