MÉRIDA, Yuc. (apro).- Ligia Canto Lugo, madre de Emma Gabriela Molina Canto, quien fue asesinada ayer presuntamente por dos tabasqueños ya detenidos, inculpó a su exyerno Alberto Martín Medina Sonda como autor intelectual del crimen; además, responsabilizó también a la autoridad por negar la protección a su hija Asimismo, reveló que esta mañana recibió una amenaza de muerte, por lo que solicitó nuevamente protección de las autoridades para sí y su familia. Ema Gabriela estuvo casada con Medina Sonda, a su vez socio, operador financiero y presunto prestanombres de José Manuel Saiz Pineda, quien fue tesorero del gobierno de Tabasco en el sexenio de Andrés Granier Melo, el exgobernador actualmente preso. La tragedia de la familia comenzó desde 2010 con la disputa legal por la custodia de los tres hijos que procreó Ema con Medina Sonda, quien los raptó en 2014, además de que, valiéndose de sus influencias, torció leyes en complicidad con las autoridades para acosarla judicialmente y encarcelarla. Lo hizo también con la madre de ella. Ema Gabriela fue detenida en dos ocasiones por supuestos delitos fiscales y trasladada judicialmente a diferentes entidades del país, aparentemente para impedir que pudiera quedarse con la custodia de los niños. La primera vez se le detuvo el 25 de mayo de 2012. Fue acusada por Medina Sonda del delito de retención ilegal de bienes, esto por usar un vehículo que él le había obsequiado cuando estuvieron casados. En aquella ocasión, la mujer fue bajada del vehículo en la calle, y el momento aprovechado por su exesposo para raptar a los menores, que viajaban con su madre. Así inició su periplo contra el sistema para recuperar a sus hijos. El tiempo que Medina Sonda logró mantener presa a Ema Gabriela, en Tabasco, Ligia Canto, su madre, continuó la búsqueda de sus nietos, cuyo paradero desconocían. Su lucha llevó a ambas mujeres a encarar incluso al presidente Enrique Peña Nieto en demanda de justicia. Presa su hija, Ligia Canto denunció en su momento ante la Procuraduría del Menor, tanto en Mérida como en Tabasco, la desaparición de sus nietos, pero fue hasta el 21 de agosto de 2014 cuando la Fiscalía General del Estado de Yucatán accedió a emitir una “prealerta” para la búsqueda y presentación de Mariana, Martín e Isabela Medina Molina, entonces de 10, 7 y 6 años de edad, respectivamente, en todo el país. Días antes de que se emitiera esa “prealerta”, la abuela fue detenida por la Procuraduría General de la República (PGR) en Mérida y trasladada a Guadalajara, Jalisco acusada de falsificar tarjetas de crédito en aquella entidad, lo que provocó fuertes movilizaciones de activistas de derechos humanos por la fabricación de delitos en contra de la mujer. La custodia de los niños se le otorgó a la madre en diciembre de 2014, y desde entonces ella y sus familiares habían recibido amenazas de la contraparte, por lo que solicitaron la protección del estado, la que nunca les fue brindada. Hoy, en conferencia de prensa en la explanada de la Fiscalía General del Estado, Ligia Canto exigió a la autoridad que clasifique el asesinato de Ema Gabriela como feminicidio y reprochó la omisión del estado para brindarle protección pese a que el Sistema Nacional de Víctimas advirtió del peligro que corrían ella y sus hijos. “El estado yucateco no cumplió...”, acusó. Exigió que se activen los protocolos para casos de feminicidio y se alcance a los autores intelectuales de la muerte de su hija, de la que responsabilizó directamente a Medina Sonda y su familia. Dijo que ella misma recibió hoy, a las 8 de la mañana, una llamada en la que se le advirtió: “Tú eres la próxima…”, por ello exigió al estado protección para ella y su familia. También demandó justicia para recuperar a los niños, porque “merecen vivir en paz”. Antes, en conferencia de prensa, el secretario general de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf; el fiscal general del Estado, Ariel Aldecua Kuk, y el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, confirmaron la detención de los dos posibles homicidas, ambos tabasqueños, la cual se logró minutos después del crimen gracias a la colaboración ciudadana. Asimismo, aclararon que Ema Gabriela no fue asesinada a balazos sino con arma blanca, aunque no especificaron cuántas heridas recibió, porque aún no concluía la necropsia. No hubo armas de fuego en este crimen, insistieron. Identificaron a los detenidos con las iniciales, O.M.L.T y J.M.A, de 20 y 25 años de edad, respectivamente. Ambos son de Tabasco. Se les capturó gracias a videos que proporcionaron los vecinos de la víctima y se les detuvo a bordo del taxi que abordaron para abandonar el lugar. “Vamos a aplicar todo el peso de la ley, vamos a poner todos los recursos humanos, materiales y legales disponibles para esclarecer esos hechos y que los involucrados sea llevados hasta los tribunales y sean sentenciados. No vacilaremos en la persecución de éste y todos los delitos que se cometan en Yucatán”, afirmó Saidén. Rodríguez Asaf, por su parte, destacó la importancia de la participación ciudadana a través de Escudo Yucatán con el número de emergencias 9-1-1, pues éste es un ejemplo de lo que se puede lograr gracias a la colaboración de la sociedad y las autoridades para dar una pronta respuesta ante este tipo de sucesos, que al final es lo que se busca con esta estrategia. Al dar el parte informativo, Saidén Ojeda indicó que a las 15:30 horas se cometió el homicidio de una mujer en la colonia Máximo Ancona, por lo que la corporación recibió a través del 9-1-1 el reporte de testigos que señalaron que dos sujetos acababan de privar de la vida a una señora y se dieron a la fuga en un taxi con número económico 007 blanco con franja verde de la compañía Econotaxi. Con la descripción que se proporcionó de ambos individuos y del automóvil de alquiler, se activó de inmediato el protocolo de búsqueda y localización. Elementos de la Policía Estatal ubicaron a los sujetos en el Centro de la ciudad de Mérida; en un intento de resistirse a la detención, corrieron y uno de ellos sacó un arma blanca, pero fue controlado por los policías. Precisó que se corroboró que abordaron el taxi muy cerca de donde se cometió el crimen y ambos fueron puestos de inmediato a disposición de la Fiscalía General del Estado, mientras el Ministerio Público se encarga de integrar la carpeta de investigación para turnar el juez de control. En su turno, Aldecua Kuk confirmó que fueron puestas a disposición del Ministerio Público dos personas que están presuntamente relacionadas con los hechos delictivos de este día, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) integra ya la carpeta de investigación correspondiente en coordinación con la Policía Estatal de Investigación (PEI). Con base en esto, dentro de las 48 horas siguientes, los probables responsables serán turnados al juez de control que corresponda y se realizará la imputación, el control de detención y entonces, como FGE, se continuará con la investigación para obtener la vinculación a proceso. Posteriormente, con la investigación complementaria, se deberá obtener los elementos suficientes para proceder a una acusación formal en el momento procesal oportuno; a partir de ello, la Fiscalía pedirá el castigo máximo para estos delincuentes por este lamentable hecho, detalló. “Si bien hasta ahora no se ha concluido la necropsia de ley, podemos señalar como dato preliminar que la causa de la muerte de esta mujer fue por heridas producidas por arma blanca; no se encontraron elementos ni indicios de que los delincuentes hayan utilizado arma de fuego pues las lesiones que presenta el cuerpo son producto de arma blanca”, apuntó. La víctima trabajaba en el ayuntamiento de Mérida, donde el cabildo guardo un minuto de silencio en su memoria. CNDH exige justicia La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió a las autoridades de Yucatán que lleven a cabo con la debida diligencia su labor de procuración e impartición de justicia en este caso. Asimismo, expresó su solidaridad y respaldo a la familia, en especial a la madre e hijos de la víctima. En tanto, dirigió medidas cautelares a la Secretaría de Gobierno y a la Fiscalía General de Yucatán para que lleven a cabo las acciones necesarias para salvaguardar la vida e integridad personal de la madre e hijos de la víctima. Es importante precisar que el 31 de octubre de 2014 este Organismo Nacional emitió la Recomendación 54/2014, en la cual se acreditaron violaciones a los derechos humanos de la señora Molina Canto, de su madre y de sus menores hijos. “En particular a los derechos de las víctimas a la legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, trato digno y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia; sin embargo, las autoridades recomendadas no han dado cumplimiento a la citada Recomendación, pues la Procuraduría General de la República ha atendido solamente 3 de las 5 recomendaciones específicas; en tanto, ni el Gobierno de la Ciudad de México, ni el Gobierno de Tabasco han cumplido las 5 recomendaciones específicas que se le dirigieron”, expuso la Comisión en un comunicado.