CHIHUAHUA, Chih. (apro).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ordenó medidas urgentes de protección a la comunidad de Choréachi, en el municipio de Guadalupe y Calvo, por el nivel de violencia que enfrenta la Sierra Tarahumara. Se trata de la primera ocasión en que la CoIDH ordena medidas provisionales colectivas en el país. En su más reciente visita a Chihuahua, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, informó que no habría operativos para combatir la violencia en la Sierra Tarahumara. Sin embargo, con la resolución del 25 de marzo pasado, la CoIDH lo obliga a hacerlo al representar al Estado mexicano. "Hemos visto con preocupación el grado de violencia en la sierra. A partir de actividades lícitas, pequeña economía, turismo, artesanía, hay actividades como la venta de alcohol y drogas, la siembra de enervantes, extorsión y robo, o la tala ilegal del bosque, provocado por el recrudecimiento de la violencia", dijo Diana Villalobos, directora de Consultoría Técnica Comunitaria, organización que es parte de las promoventes de las medidas. La directiva recordó que en los últimos años se ha registrado reclutamiento forzado de jóvenes a las filas del crimen organizado; desplazamiento, forzado de comunidades completas, masacres a partir de 2008, entre otros delitos de lesa humanidad. Además, denunció la tala legal y despojo de tierras y parcelas de las comunidades, así como los retenes de delincuentes en caminos de carretera y terracería. De los homicidios registrados en la Sierra Tarahumara, 34% se han reportado en el municipio de Guadalupe y Calvo, agregó. "La prensa ha dado cuenta de desplazamiento forzado (...) la descomposición social la constatamos por la ausencia de política social para sierra tarahumara. Campa nos dijo que no habrá operativos", añadió Villalobos. Isela González Díaz, directora de Alianza Sierra Madre, dijo que desde hace 20 años han matado a líderes indígenas de la Tarahumara. Tan solo en el último año han asesinado a tres en Coloradas de la Virgen y una cantidad similar en Choréachi, a manos de sicarios al servicio de los grupos delictivos. En el 2013 fueron asesinados, en Choréachi, Jaime Zubías Cevallos y Socorro Ayala Ramos, cuyas familias tuvieron que huir a otras ciudades del estado y refugiarse en una cueva. A partir de ese hecho, las organizaciones pidieron medidas cautelares. En lo que va de este año han sido asesinados los líderes indígenas Isidro Baldenegro López, en Coloradas de la Virgen, y Juan Ontiveros, de Choréachi. Este último estuvo una semana antes en una reunión de planeación en Chihuahua, donde denunció los casos de tala ilegal, entre otros delitos. Amenazas Isela González dijo que en esa reunión estuvo la delegada de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Brenda Ríos, ante quien denunciaron el saqueo de madera de Choréachi. "Con absoluta frialdad dijeron que habían modificado un permiso pero que no iban a dar permiso para que saliera madera de Choréachi, luego reconocieron que sí lo dieron. Esto sembró un clima de tensión en la comunidad y posteriormente fue asesinado Juan Ontiveros", explicó. Los activistas recordaron que están amenazados y la orden es que dejen de acompañar esos procesos. No pueden entrar a la comunidad desde hace más de dos años. El abogado de Alianza Sierra Madre, Ernesto Palencia, informó que Choréachi tiene un proceso en el distrito 5 del Tribunal Agrario, que está por salir. Ruth Fierro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), explicó que la CoIDH, ordenó al Estado mexicano, medidas colectivas para Choréachi y debe mantener las que ya tenía. El Estado mexicano tiene que garantizar la seguridad de la comunidad y lo debe hacer con perspectiva indígena, agregó. Para esclarecer los delitos mencionados, González abundó que la Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) deben tener voluntad, ya que en el expediente están documentados despojos que violan el acceso de su derecho a la naturaleza. Gabino Gómez, encargado del área de personas desaparecidas y desplazamiento del Cedehm, aseguró que el Estado mexicano “no tiene vergüenza”, ya que como respuesta a la Corte dijo que había puesto “todo su esfuerzo” para resolver la situación. Además, denunció la inoperancia y falta de voluntad de las autoridades con toda la fuerza del Estado para atender la zona. En el caso del asesinato de la periodista Miroslava Breach, los activistas exigieron a Roberto Campa su presencia en Chihuahua. González recordó que la de hoy era la primera rueda de prensa en la que la periodista no estaba presente. Entonces, dijo: “Miroslava fue comprometida con la justicia y la verdad. Nos va a faltar esa mano que va a mandar a La Jornada la información de lo que ocurre en la Sierra Tarahumara".