TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Más de 200 indígenas desplazados del ejido Puebla, localizado en el municipio de Chenalhó, exigieron al gobernador Manuel Velasco Coello que gestione y garantice su retorno, porque desde hace más de diez meses viven en condiciones precarias y de hacinamiento en un albergue de San Cristóbal de Las Casas. El 26 mayo de 2016, cientos de personas salieron del ejido y se concentraron en la cabecera municipal de Chenalhó para presenciar la toma de protesta del síndico Miguel Santiz Pérez como alcalde sustituto, luego de que mediante un plebiscito la población decidió destituir del cargo a Rosa Pérez Pérez, del PVEM. Ese mismo día, simpatizantes de la alcaldesa destituida quemaron las casas de los seguidores de Santiz y destruyeron todas sus pertenencias, y armados con palos, piedras y machetes los expulsaron de la comunidad. En esa trifulca murió Guadalupe Cruz Hernández, de 53 años, mientras que la menor Adriana Méndez Gutiérrez, de 12 años, perdió la vida cuando los médicos la atendían en un hospital de esta ciudad. Por un tiempo los afectados se refugiaron en la Casa de la Cultura de la cabecera municipal de Chenalhó, pero tras el derrocamiento de Miguel Santiz Pérez y la reinstalación en su cargo de Rosa Pérez Pérez, el grupo de 241 personas desplazadas se trasladó a San Cristóbal de Las Casas. En instalaciones de la Secretaría de Protección Civil, los indígenas viven y comen en condiciones precarias, y sus hijos de plano perdieron el ciclo escolar. Diego Cadenas Gordillo, abogado defensor de los indígenas desplazados, denunció que el gobierno estatal se ha negado a aplicar en este caso los Principios Rectores para el desplazamiento, establecidos por Organización de las Naciones Unidas (ONU), y únicamente se ha limitado a darles tortillas y frijol a los indígenas de Puebla para que sobrevivan. Por ello, dijo, para hacerse escuchar bloquearon este miércoles la autopista Chiapa-San Cristóbal, pero lejos de atender y solucionar el problema de fondo, el gobierno los desalojó de forma violenta. “La policía municipal y la estatal llegaron sin aplicar el protocolo de desalojos. Sin diálogo de por medio empezaron a jalonar y golpear a los desplazados y éstos respondieron a puño limpio y después con piedras. La policía lanzó gases, resultando la gran mayoría intoxicados”, subrayó el abogado defensor. Indicó que los desplazados exigen la liberación de dos de sus compañeros presos, y que se les garantice un retorno con seguridad al ejido Puebla, en Chenalhó, porque allá tienen sus tierras y sus muertos. Por la tarde, los afectados marcharon de las instalaciones donde se encuentran albergados en el predio Molino Utrilla, hacia la plaza de la catedral de San Cristóbal de Las Casas, donde demandaron al gobierno de Velasco que ponga fin al desplazamiento forzado.