CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Este 30 de marzo es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, y el gobierno mexicano sigue sin ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que firmó en 2011. Dicho Convenio establece que trabajadoras y trabajadores domésticos tienen los mismos derechos básicos que los demás trabajadores, y para que entre en vigor se requiere armonizar la legislación. Por un lado, modificar la Ley Federal del Trabajo, que cuenta con un capítulo especial (Capítulo 13) dedicado a los y las trabajadoras domésticas que, entre otras cosas, permite que sus jornadas laborales sean más largas que las del resto de las y los trabajadores. Por otro lado, eliminar la restricción de la Ley del Seguro Social que limita su acceso a la seguridad social a través de la incorporación voluntaria al régimen obligatorio, modalidad que no incluye la totalidad de los seguros y prestaciones a las que el resto de las y los trabajadores por ley tienen acceso, y les niega servicios fundamentales como el acceso a estancias infantiles. La ratificación le toca hacerla al Senado, pero el Senado ya ha hecho 10 exhortos al Poder Ejecutivo para que envíe el Convenio a su ratificación, sin que esto haya sucedido. En 2014 el gobierno de la República –a través del secretario de Gobernación– se comprometió a hacerlo; sin embargo, algo misterioso lo ha impedido. Al respecto circulan dos chismes políticos respecto a quién encarna ese misterioso obstáculo: uno que dice que es el Jurídico de la Presidencia el que se opone a la ratificación; el otro, que es el Seguro Social el que se resiste. Sea uno o el otro, o incluso un tercero, lo que es evidente es que el gobierno federal no quiere generar un marco normativo que garantice plenos derechos a 2.4 millones de personas trabajadoras del hogar, de las cuales 9 de cada 10 son mujeres. México es uno de los países de América Latina con las condiciones más precarias para ejercer este oficio, y otros países de la región con menor índice de desarrollo ya han ratificado el Convenio y provisto a las trabajadoras del hogar de un sistema de seguridad completo y gratuito. Hoy en día el trabajo doméstico remunerado está en un proceso de reestructuración interna, pues ha experimentado una especie de flexibilización laboral en la cual la misma persona puede ser contratada para desempeñar múltiples tareas de distintas maneras (por día, por horas, a destajo, por función) incluso para varios patrones/as. Sin embargo, persisten algunos aspectos negativos: además de las condiciones laborales adversas en las cuales se realiza (sin las prestaciones señaladas por la ley y sin seguridad social) también está la discriminación social. Ésta se expresa con los términos “chacha”, criada, sirvienta, gata, etcétera. Es alentador el movimiento de las propias trabajadoras por dignificar su oficio y valorar las actividades que abarca, pese a las dificultades que enfrentan para organizarse y defender sus derechos. Desde el objetivo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para impulsar el “trabajo decente” para los/las trabajadores del hogar, el Convenio 189 plantea que hay que tratar legalmente a estas personas con las mismas reglas que se establecen en otros espacios laborales. O sea, esto implica definirles claramente sus condiciones de empleo y sus horarios de labores, hacerles contratos, ingresarlas al Seguro Social y otorgarles vacaciones pagadas. Esto, además de que supondría alinear la legislación, los programas y políticas públicas, implicaría un cambio brutal en lo que han sido y siguen siendo los “usos y costumbres” respecto al “servicio doméstico” en nuestro país. Por eso, tal vez el misterio a desentrañar no es el de qué personaje o instancia del gobierno federal impide la ratificación, sino las razones por las cuales hay dicho obstáculo. Además de atentar contra los “usos y costumbres” que se tienen en relación a las trabajadoras del hogar, el Convenio 189 contraviene varios elementos del orden simbólico de género. Ya no es suficiente considerar a estas personas “como de la familia”, ni “ser buena onda” con ellas. Ahora, al reconocerles derechos laborales, hay que cambiar sustantivamente nuestra manera de tratarlas. ¿Qué implicaría en México una regulación del trabajo del hogar? Tener empleadas con derechos probablemente provocaría situaciones como las que han ocurrido en Europa, Canadá y Estados Unidos, donde, por ejemplo, con las vacaciones pagadas, las amas de casa han requerido la colaboración de otros integrantes del hogar, en especial de la parte masculina. ¿Será que a eso le teme el gobierno federal? Por lo pronto, visualizar esa labor como un trabajo igual que los demás trabajos desafía esos usos y costumbres que son, simultáneamente, producto y garantía de preservación del actual orden social. En este orden, las labores de mantenimiento del hogar y el cuidado de los seres humanos siguen siendo vistas como un asunto que les compete “naturalmente” a las mujeres. Y cuando las mujeres pueden pagar, se descargan de dichas labores en una mujer más pobre y necesitada de ingreso. Por eso el fondo del asunto es tan importante, porque remite a la forma de organización social que tenemos y que queremos tener. ¿Es ese debate lo que provoca la misteriosa resistencia gubernamental? Este análisis se publicó en la edición 2108 de la revista Proceso del 26 de marzo de 2017.