CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Senadores del PRD y del PT plantearon modificaciones al artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de Protección a Periodistas y al artículo 6 de la Constitución para que se agote toda “línea de investigación” en el caso de agresiones a reporteros y para que el Estado se comprometa a garantizar la seguridad de las personas que trabajen en los medios informativos. Marco Antonio Blásquez Salinas, senador del PT y presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, presentó una iniciativa de ley para obligar al Ministerio Público a agotar “no sólo las líneas de investigación relativas a la condición de comunicador de la víctima, sino también los vínculos que los individuos y grupos criminales que pudieran desatar la violencia en función de dicha labor, tengan con servidores públicos del lugar en que se registre la conducta delictiva”. La iniciativa del senador del PT mencionó los casos recientes de Cecilio Pineda, asesinado en Guerrero; de Ricardo Monlui, columnista de Córdoba, y de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada, como ejemplos de impunidad. Los tres “eran periodistas ampliamente conocidos en la sociedad en la que se venían desenvolviendo. Su actividad informativa y la índole de sus notas les habían forjado un lugar en el campo del periodismo. Sin embargo, estos datos valiosos no se reflejan en la actuación de la policía ni de los agentes ministeriales ya que las líneas de investigación se prefieren reducir a lo inmediato”, con excepción del caso de Miroslava Breach. Blásquez también mencionó el caso del fotorreportero Rubén Espinosa, colaborador de Proceso, cuyo caso “ha dejado numerosos cabos sueltos en la investigación especialmente la circunstancia de amenaza permanente en la que vivió el periodista en sus últimos meses”. Por su parte, la senadora Dolores Padierna, coordinadora del PRD, presentó otra iniciativa de reforma al artículo 6 constitucional para homologarlo a lo aprobado en la Constitución de la Ciudad de México que elevó a garantía en la Carta Magna la protección a los periodistas. El artículo 7 de la Constitución de la Ciudad de México señala que “se garantizará la seguridad de las personas que ejerzan el periodismo; así como las condiciones para quienes sean perseguidos arbitrariamente en el ejercicio de dicha actividad profesional puedan vivir y trabajar en la Ciudad”. La Constitución federal ya prevé la protección en el artículo 73 facción XXIX, pero es necesario incorporar un párrafo al artículo 6 donde se comprometa al Estado a “garantizar la seguridad de las personas que ejerzan el periodismo; así como las condiciones para que, quienes sean perseguidos arbitrariamente en el ejercicio de dicha actividad profesional, puedan vivir y trabajar con dignidad”. Padierna argumentó que México “enfrenta una crisis de violencia y en medio de ella, las y los periodistas se han convertido en uno del os grupos más vulnerables al crimen; los recientes crímenes son parte de una persecución sistemática en contra del gremio, cuyo objetivo es silenciar a quienes investigan y denuncian los hechos de violencia y de corrupción”.