CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La Procuraduría General de Justicia capitalina presentó pruebas determinantes para que Magistrados de la Quinta Sala confirmaran sentencia de 31 años, 10 meses, 15 días de prisión y el pago de 82 mil 160 pesos contra un hombre encontrado penalmente responsable del delito de trata de personas agravado. En un comunicado, la Procuraduría dio a conocer que a finales de 2011, la agraviada de 16 años de edad y el victimario se conocieron en Tabasco, donde la joven vivía en forma precaria, situación que aprovechó el ahora sentenciado para enamorarla y llevarla a Puebla con la promesa de que ahí tendría una vida mejor. Transcurrido un mes de la relación, el imputado convenció a la afectada de ejercer la prostitución, en un bar de aquella entidad, pues supuestamente tenía deudas económicas y que necesitaba su apoyo de manera temporal. No obstante, tiempo después la trasladó al municipio de Tenancingo, Tlaxcala y luego a la Ciudad de México, donde la obligó a realizar el comercio sexual en la zona de La Merced durante un año. Posteriormente, el probable participante la trasladó a San Luis Potosí, donde también fue forzada a ejercer el sexoservicio, pero al quedar embarazada, la obligó a abortar y la llevó a Izúcar de Matamoros, Puebla, donde el agresor la preñó nuevamente. A principios de 2014, la pareja y su hijo regresaron a la Ciudad de México y nuevamente la menor fue explotada sexualmente en las calles de San Pablo, Sullivan y Topacio. Durante todo ese tiempo, el individuo la obligó a entregarle determinadas cuotas de dinero, a cambio de ver a su hijo, el cual tenía en su pueblo natal, San Pablo del Monte, Tlaxcala, y si la ofendida no le daba la cantidad exigida, la golpeaba. Todas estas agresiones, provocaron que la adolescente acudiera a denunciar el ilícito ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas, quien inició la averiguación previa correspondiente y dio intervención a Policía de Investigación para la localización del imputado. Después de varios meses de investigación, el 16 de mayo de 2016, personal ministerial y de la Policía de Investigación (PDI) acudieron al estado de Puebla, donde, mediante oficio de colaboración, lograron la captura del acusado y recuperaron al menor, quien fue entregado a su madre. A su vez, la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad proporcionó apoyo psicológico, médico y orientación jurídica a la afectada, quien junto con su hijo fue trasladada a un refugio de la PGJ capitalina.