CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La presentación de las Líneas de Trabajo 2017-2018 de la Secretaria de Cultura (SC) evidenció que en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el sector cultura no cuenta con la gestión de liderazgo adecuada para diseñar una nueva agenda de política cultural que responda a los cambios sociales, artísticos y económicos de la contemporaneidad. Y si acaso había alguna duda de la incapacidad profesional de los funcionarios, la misma Secretaria de Cultura, Cristina García Cepeda, la disipó al afirmar durante la presentación del documento, el pasado martes 21 de marzo, que “La Secretaría de Cultura no dicta una política cultural”, sino que “se convocará a un consejo asesor de no más de 25 integrantes”. Si la secretaría sólo es una instancia mediadora para mantener la hegemonía del poder artístico, ¿se justifica que su titular reciba mensualmente un salario neto de 139 mil 940 pesos –más 40 días de aguinaldo y prestaciones– cuando no reestructura política y administrativamente al sector? Diseñadas a partir de un único e impreciso objetivo que se propone “Ampliar los beneficios del arte y la cultura con inclusión y pluralidad”, las Líneas de Trabajo no sustituyen la obligación de presentar un programa de trabajo que, con una planeación de actividades sustentadas en objetivos medibles de eficacia cultural y presupuestal, se vincule explícitamente con el Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018 (PECA). Si bien en su contenido las Líneas de Trabajo de García Cepeda repiten o hacen eco a los objetivos y líneas de acción del PECA, la ausencia de objetivos, metas e indicadores particulares de evaluación impiden una vinculación de gestión responsable con el PECA. En lo que se refiere a la gestión de las artes visuales, fue alarmante su gestión al frente del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). Sin impulsar un liderazgo que se sustente en la contratación de funcionarios que con un alto perfil ético y profesional, se atrevan a desempeñar una gestión comprometida con la sociedad y el patrimonio artístico de México, García Cepeda se ha rodeado de burócratas que, como la directora del Museo de Arte Moderno, Silvia Navarrete, permiten tanto la celebración de picnics domingueros en los jardines escultóricos como el préstamo itinerante, desde octubre de 2016, de obras tan fundamentales como Las dos Fridas, de Frida Kahlo. Pintada en 1939, la pieza es especialmente relevante por dos razones: la rareza de sus enormes dimensiones y la pertenencia a una colección gubernamental. Si a las autoridades culturales les interesara promover la protección, el orgullo y pertenencia patrimonial –como se menciona en las Líneas de trabajo–, nunca hubiera permitido que una obra tan fundamental se ausentara para complacer al público del Grand Palais en Paris o del Museo de Arte de Dallas. En todos los países que fomentan el valor y aprecio por su patrimonio existen obras “inamovibles” que, como la Mona Lisa de Da Vinci en París o la Nefertiti en Berlín, jamás abandonarán sus espacios museísticos. Los funcionarios-burócratas mexicanos no pueden promover ni la dignidad cultural ni la valoración del patrimonio artístico por varias razones: no tienen dignidad cultural, no valoran el patrimonio y no respetan al público mexicano. Este texto se publicó en la edición 2109 de la revista Proceso del 2 de abril de 2017.