CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin fiscal nacional anticorrupción ni magistrados del tribunal especializado –y con sólo 16 de 32 entidades del país que han conformado sus órganos locales–, este día se echó a andar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), con un Comité Coordinador que está encabezado por distintas dependencias federales y un Comité de Participación Ciudadana, integrado por siete especialistas y presidido por Jacqueline Peschard. En el acto de instalación, realizado en el auditorio “Antonio Carrillo Flores” del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Peschard advirtió que “sin un pacto anticorrupción que involucre a todas las fuerzas y actores políticos del país, enfrentamos el riesgo de replicar lo que ha sucedido en otras naciones de la región latinoamericana. Podemos caer en un ciclo interminable de revanchas y venganzas”. Para varios de los aspirantes a fiscal anticorrupción, sería “inmoral” que finalmente se eligiera a un responsable de la corrupción sin autonomía, que sea servidor público actualmente y que tenga una cuota partidista. “Con la cuota partidista se violenta el espíritu anticorrupción, ya que sus designios serán dirigidos por acciones u omisiones”, alertó Ricardo Peralta, uno de los aspirantes y finalistas en el proceso. En el Senado, el líder de la mayoría priista, Emilio Gamboa Patrón, afirmó que este miércoles 5 se reunirán los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para analizar el tema de la elección del fiscal anticorrupción, cuestión que quedó empantanada tras el enfrentamiento con las 13 organizaciones civiles que acusaron al proceso de “opaco y dominado por los partidos”, y con los siete integrantes del Comité de Acompañamiento que propusieron cuatro finalistas de un total de 23 aspirantes. –¿No es una paradoja implementar un andamiaje tan importante y no tener la cabeza que lo represente? –se le cuestionó a Gamboa Patrón. –No. Creo que la señora Peschard juega un papel importante con la sociedad mexicana; ella puede y va a estar presente, junto con los seis miembros. Gamboa Patrón dijo que ante la ausencia del fiscal anticorrupción, el actual procurador general Raúl Cervantes Andrade “puede asistir a las reuniones que se vayan a convocar”. Por su parte, el presidente de la Jucopo y coordinador del PAN, Fernando Herrera, advirtió que no se puede entregar al país un SNA “débil desde su origen, sino garantizar que la fiscalía especializada sea sólida, autónoma, fuerte para que en breve periodo le rinda cuentas al país”. “Una fiscalía anticorrupción sin autonomía garantizada sería un fraude a la nación”, sentenció Herrera, durante el evento del 100 aniversario del periódico Excélsior, al que asistieron todos los coordinadores del Senado. Autonomía en riesgo Precisamente por la falta de condiciones para garantizar una fiscalía autónoma han renunciado varios aspirantes de los 32 que originalmente se inscribieron, como fue el caso de Miguel Sarré, exvisitador general de la CNDH y miembro del subcomité de la ONU para la prevención de la tortura. Otros cuatro aspirantes declinaron durante las comparecencias del 14,15 y 16 de marzo, y dos fueron descalificados tras el bochornoso episodio de haberse plagiado partes centrales de sus discursos. El sábado 25 de marzo anunció su declinación Bernardo Rafael Espino del Castillo, argumentando que “el objeto fundamental de la fiscalía debe estar sustentado en la capacidad técnico jurídico-penal necesaria para la gestión transparente y legal, sin que se vea afectada su definición por cuestiones de carácter político”. Espino del Castillo fue uno de los cuatro seleccionados por el Comité de Acompañamiento como finalista, junto con César Alejandro Chávez Flores, Miguel Angel Gómez Félix y Manuel Luciano Hallivis Pelayo. A Hallivis Pelayo se le considera en las bancadas de PAN y PRD como el “candidato” del PRI, respaldado además por la exprocuradora y actual titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez. Ricardo Peralta, otro de los aspirantes apoyados por la comunidad de la Facultad de Derecho de la UNAM, consideró que es urgente el nombramiento del fiscal general “para la persecución especializada de delitos recién tipificados en el Código Penal”. De no existir el fiscal, “esta función la seguirá realizando de manera generalizada la PGR, como hasta la fecha”, deploró. “Como todo sistema, si falta uno de sus componentes o elementos, no será eficiente su funcionamiento. Tenemos el marco legal mínimo para funcionar, es perfectible y debe buscarse su autonomía. No hay que olvidar que a la CNDH le costó nueve años lograr su autonomía”, dijo Peralta a Apro. –¿Qué riesgo hay de que sea una cuota partidista o de gobierno? –se le preguntó. –Si eventualmente se elige a un fiscal anticorrupción, que es un servidor público en funciones o tiene alguna liga política partidista su nombramiento, será como no tener a un fiscal. “La única coincidencia entre grupos de la sociedad civil, partidos políticos y la propia Junta de Coordinación Política es tener un fiscal anticorrupción autónomo, sin dueño ni nexo político y que obedezca a la ciudadanía. “De entrada, es inmoral que tenga no solamente un nexo partidista, sino que sea servidor público en funciones inmediatamente antes de su designación”, remató.