XALAPA, Ver. (apro).- Funcionarios de la Jurisdicción Sanitaria 8 de la Secretaría de Salud estatal reprendieron a empleados del Semefo de Boca del Río y de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) por violar diversas disposiciones de la ley en la materia en lo que a manejo de cuerpos se refiere. Tras la publicación del reportaje especial “Veracruz: el hacinamiento de cadáveres”, empleados del Forense y de Periciales se comunicaron con Apro para hacer del conocimiento del “regaño” que funcionarios de la Secretaría de Salud les hicieron hace unos días. Sin embargo, los quejosos se deslindaron de ello y denunciaron la falta de infraestructura y recursos económicos, por el cual se cometen negligencias y omisiones que violan la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cuerpos de seres humanos. “El Forense no cuenta con los permisos ni disposiciones de la ley para el manejo de cadáveres. Vino gente de la Jurisdicción Sanitaria y dijeron eso, pero pues entre dependencias se tapan, pese a que hay procedimientos aceptados para la conservación de cadáveres que no se están llevando a cabo”, acusaron los empleados del Forense y Periciales. Otras disposiciones que no se cumplen al pie de la letra son la refrigeración en cámaras cerradas a temperaturas menores de cero grados centígrados; el embalsamiento mediante la inyección intravascular de soluciones antisépticas, así como la inmersión total de cadáver en recipientes cerrados que contengan soluciones antisépticas. Un ejemplo: el artículo 72 de la Ley General de Salud marca que los establecimientos que apliquen las técnicas y procedimientos para la conservación de cadáveres sólo podrán efectuar aquellos que expresamente les hayan sido autorizados, de acuerdo con su capacidad instalada y las necesidades sanitarias respectivas, situación que en el Forense de Boca del Río no ocurre, dijeron. “Vino personal de la Jurisdicción Sanitaria y el jefe de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a nivel local, y reprendieron, levantaron irregularidades, llamaron la atención, pero no pasó a mayores, todo queda entre familia porque son dependencias de gobierno, pero el área continua muy contaminada en detrimento de quienes aquí trabajamos, en medio de cuerpos tirados”, acusaron, molestos, los empleados. El fin de semana, proceso.com.mx publicó que el hallazgo de la Secretaría de Marina-Armada de México hace dos semanas en Alvarado, donde han sido exhumados 47 cráneos y cientos de restos humanos, volvió a saturar “por enésima vez” el Forense de Boca del Río, ubicado en la esquina de Juan Pablo II, frente al campus de la Universidad Veracruzana (UV). “La mayoría de cuerpos llegan putrefactos, contaminan el área como no tienes idea, no hay una infraestructura que nos permita su almacenamiento… cuando se juntan –no aguantan ni los vecinos los olores putrefactos– se tiene que alzar la voz, y a las autoridades (de la Fiscalía General del Estado) se les exige que vengan por los cuerpos, y han venido hasta en camiones por ellos y sólo nos dicen que se los llevan a Xalapa. ¿Que allá tengan un manejo irregular?, es muy probable”, compartieron los empleados en un comedor de Plaza Mocambo. Una radiografía de la Fiscalía General del Estado (FGE), proporcionada por Jorge Winckler, ilustra que en el sexenio del priista Javier Duarte –prófugo de la justicia desde hace más de 150 días-- se detectaron cementerios clandestinos en 43 ciudades de los 212 municipios de la entidad. El mapeo de dichas fosas señala el registro de fosas halladas en las ciudades de Pueblo Viejo, Veracruz, Oluta, Ixmatlahuacan, Perote, Misantla, Teocelo, Coatepec, Emiliano Zapata, Tuxpan, Papantla, Acayucan, Jáltipan, Nanchital, Chinameca, Cosoleacaque, Minatitlán, Coatzacoalcos, Agua Dulce, Lerdo de Tejada, Rodríguez Clara, Isla y Alto Lucero. Además de Alvarado, Chontla, Moloacán, Oteapan, Tres Valles, Carlos A. Carrillo, Tihuatlán, Las Choapas, Soconusco, Mecayapan, Chicalpextle, Cosamaloapan, Chacaltianguis, Castillo de Teayo, Tampico Alto, Texistepec, Tlacotalpan, Ixtaczoquitlán, Córdoba y San Rafael. Así, sólo en 43 inhumaciones se encontraron 225 cuerpos, sin tomar en cuenta los últimos dos grandes hallazgos: el de Colinas de Santa Fe, de donde se han extraído más de 17 mil restos óseos y 250 cráneos, pero sin concluir las labores de exhumación, así como 47 cráneos y cientos de restos humanos encontrados el viernes 17 de marzo en la congregación de Arbollillo, en el municipio costero de Alvarado, en donde integrantes de la Marina-Armada de México y de la Dirección de Servicios Periciales ubicaron ocho fosas de un nuevo camposanto clandestino. En el Semefo de Boca del Río hay tres quirófanos: el de necropsia, el de almacenamiento y el de enseñanza, y también existe un área de refrigeración donde hay unas planchas con refrigerador “como el que se ve en las películas” –explicaron los empleados de la FGE–, y ahí hay espacio para meter dos cuerpos. “Pues en cada espacio de esos dos ya metimos cuatro o cinco cuerpos y no dudo que en algunos casos hasta seis. El pedo aquí es que según la ley podemos despachar los cuerpos a la fosa común a los 10 días de haber llegado, pero ya no nos lo permiten por todo el escándalo que se ha armado. Total, aquí el área se sigue contaminando”, alertaron. En el gobierno de Yunes Linares ya se habló de la necesidad de construir un “panteón ministerial” con instalaciones adecuadas para el manejo de cuerpos, y también para el almacenamiento de restos humanos y óseos, cuando de personas no identificadas se trata, el único problema es la falta de recursos, y el pretexto por excelencia es el desfalco financiero que dejó la administración de Duarte de Ochoa. “Hay falta de tecnología adecuada; falta de insumos indispensables, como reactivos para perfiles genéticos; falta de personal suficiente adscrito a los Servicios Periciales. Tenemos el apoyo de la Policía Científica de la Comisión Nacional de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación y de la PGR, aunque debe reconocerse que el estado actual de los servicios periciales de la Fiscalía resultan insuficientes para atender la problemática”, admitió en entrevista con Apro, realizada el martes 21, Jorge Winckler, titular de la FGE.