CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Iniciadas las campañas electorales en cuatro estados, en medio de acusaciones de corrupción, compra de votos y uso de programas sociales con fines electorales, el INE aprobó diversas modificaciones al acuerdo por el que se establecen mecanismos para contribuir a evitar acciones que generen presión sobre el electorado. Con ello, el Instituto Nacional Electoral prohibió que los programas sociales se entreguen en actos masivos, como parte del acuerdo para ejercer la facultad de atracción para evitar la violación a los principios de equidad e imparcialidad durante las elecciones de junio próximo. En un comunicado, el INE puntualizó que las adecuaciones aprobadas, ante una propuesta de acuerdo presentada por el Partido Acción Nacional (PAN), con base en una reciente sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), establecen que los beneficios de programas sociales no puedan ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda electoral, en especial durante el periodo de campañas. Sin embargo, en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, donde el próximo 4 de junio se realizarán comicios para renovar gubernaturas y municipios, los partidos políticos arrancaron sus campañas (el pasado lunes 3) entre acusaciones diversas, como el uso de programas sociales con fines electorales, especialmente en el Estado de México, donde el candidato Alfredo del Mazo ha recibido todo el apoyo de los gobiernos federal y estatal. Este miércoles, el consejero presidente Lorenzo Córdova hizo un llamado “a todos los funcionarios públicos involucrados en el desarrollo de programas sociales, de todas las fuerzas políticas gobernantes en el país a escala federal y local, para que se conduzcan en el marco de la ley y eviten cometer conductas que vulneren la equidad en las elecciones. Y no lo dice el INE, lo dice la Constitución”, apuntó. Señaló que el INE, en el marco de sus facultades para cuidar la legalidad de los comicios, “estará atento al desarrollo de las campañas electorales en curso y las que estén por venir”, con la finalidad de que la conducta de los actores políticos sea aún más escrutada que en el anterior modelo de la democracia mexicana. Córdova precisó que más allá de los alcances que pudiera tener la modificación propuesta, “lo que subyace es la intención de aportar un factor adicional para evitar que las autoridades de las entidades con proceso electoral, y todas las autoridades del país, traten de coaccionar el ejercicio del sufragio, eviten el uso indebido de recursos públicos, así como manipular electoralmente los programas sociales a su alcance”. Si se quiere consolidar la democracia en México, destacó, “debemos cambiar el rumbo del Estado y orientarlo hacia la cuestión social. Nos va el futuro de la democracia en ello”. En su oportunidad, la consejera Pamela San Martín aclaró que “no está prohibido el reparto de bienes o servicios en programas sociales. Los programas sociales lo que atienden son necesidades sociales, son necesidades de urgente resolución y deben continuar con independencia de los procesos electorales, pero la forma en que se utilizan estos programas sociales sí debe atenerse a un conjunto de reglas”, subrayó. A su vez, el consejero Benito Nacif argumentó que si bien no existe un deber específico de suspender la entrega de los beneficios de los programas sociales durante las campañas políticas, como lo ha señalado la Sala Superior del TEPJF, “sí existe una obligación de debido cuidado sobre los servidores públicos, a fin de salvaguardar los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad durante los procesos electorales, particularmente durante las campañas”. En tanto, el consejero Ciro Murayama destacó que los programas sociales deben de tener padrones que se construyen “no alrededor de masas, sino de personas. Los programas sociales pueden llegar sin propaganda y sin uso político a sus beneficiarios”, puntualizó.