CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Paraguay es uno de los países de América Latina de los que se habla muy poco. Y, cuando se habla, casi siempre es para reportar catástrofes naturales o graves disturbios de índole política o social. Esto último ocurrió la semana pasada, cuando unos mil manifestantes, algunos encapuchados, asaltaron el edificio del Congreso en Asunción, causaron destrozos y le prendieron fuego al salón principal. La represión policial se saldó con un joven dirigente de la oposición muerto, un centenar de heridos y al menos 200 detenidos, entre ellos varios menores de edad. La crisis empezó a gestarse el 28 de marzo, cuando una propuesta del Ejecutivo para modificar la Constitución y permitir que el actual mandatario, el conservador Horacio Cartes, pueda reelegirse en 2018, acabó en una discusión a gritos en el Senado entre quienes favorecen esta medida y los que se oponen a ella. En el Partido Colorado (PC), al que pertence Cartes, también hubo división, pues unos se alinearon con el oficialismo y otros no. El opositor Partido Liberal (PL) rechazó totalmente la enmienda; pero ésta encontró un apoyo inesperado en el Frente Guazú (FG), una formación de izquierda que quiere que el expresidente Fernando Lugo pueda volver a contender por la presidencia. Lugo, un exobispo identificado con la Teología de la Liberación, se convirtió en 2008 contra todo pronóstico en presidente de Paraguay, acabando así con el predominio de seis décadas del PC. Pero tras una polémica gestión, en 2012 el Senado lo destituyó en un juicio político “express”, tras la muerte de seis policías y 11 campesinos durante la ocupación de una finca en el norte del país. Hoy senador por el FG, al defenestrado mandatario no parece disgustarle la idea de volver a ocupar la silla presidencial. En este clima de división y crispación, 25 de los 45 senadores se reunieron en secreto en una oficina del FG, sin convocar al presidente del Senado, Roberto Acevedo, opuesto a la reforma. Ahí otro senador, Julio César Velázquez (PC), se autoproclamó presidente y dio entrada a un proyecto de resolución que modifica las atribuciones de la presidencia de la Cámara Alta y, con ello, abre la vía a la enmienda constitucional que permite la reelección. El artículo 229 de la Constitución paraguaya, aprobada en 1992 tras la caída de la larga dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), establece que tanto el cargo de presidente como el de vicepresidente son “improrrogables”, y que éstos “no podrán ser reelectos en ningún caso”. Al igual que en México, con el “síndrome de Don Porfirio”, en Paraguay el tema de la reelección es muy sensible, ya que Stroessner se reeligió “democráticamente” siete veces, después de haber acabado muy antidemocráticamente con cualquier vestigio de oposición. Con este antecedente histórico y la jugarreta palaciega para sacar adelante el proyecto, no resultó extraño que los ánimos se caldearan. Los legisladores del Partido Liberal, la segunda fuerza política despues de los “colorados” de Cartes, denunciaron directamente “un golpe de Estado” y llamaron a sus militantes y a la población a manifestarse en su contra. Pero en las protestas de la noche del 31 de marzo los liberales no estuvieron solos. A ellos se sumaron los disidentes del oficialismo, como lo demuestra el hecho de que no sólo Efraín Alegre, el presidente del PL, haya sido herido por la embestida policial, sino también Acevedo, el burlado presidente del Senado, quien a nombre de otros senadores de la bancada del PC pidió a Cartes retirar el proyecto de enmienda para volver a la tranquilidad. Como ellos, las fotos de la prensa nacional e internacional mostraron al día siguiente a decenas de personas con la ropa y el rostro ensangrentados por los efectos de los golpes y las balas de goma. Rodrigo Quintana Sin duda, el caso más grave fue el de Rodrigo Quintana, de 25 años y líder de la rama juvenil del PL en la localidad de La Colmena, quien junto con otros militantes fue atacado por la policía en la sede del partido en el centro de Asunción. El médico legista que realizó la autopsia dijo que el muchacho había recibido en la cabeza un impacto a corta distancia. La policía alegó que no había utilizado armas de fuego y su comisario, Tomás Paredes Palma, aseguró que sus elementos habían ido a la sede del PL tras una llamada que denunció balazos previos. Pero el daño ya estaba hecho. Las redes sociales hervían de indignación y nuevas protestas, engrosadas por ciudadanos de a pie, llenaron el centro de la capital. Grupos civiles convocaron a la firma de una petición para rechazar la enmienda, y cientos de personas hicieron de inmediato largas filas para estampar su nombre. Rodrigo Quintana fue enterrado en La Colmena como “mártir de la libertad y la democracia” por sus correligionarios, quienes pidieron al presidente Alegre del PL, ahí presente, que establaciera un premio anual con su nombre. Familiares, amigos y vecinos también exigieron justicia para el joven caído. Pero no sólo sus allegados y sectores políticamente activos se expresaron en este sentido y en rechazo de la enmienda constitucional. En Paraguay, un país con un gran espíritu futbolero, notoriamente también los equipos y los jugadores tomaron posición. Según informó el periódico Extra de Asunción, el equipo Olimpia corría el riesgo de sufrir una sanción por parte de la Asociación Paraguaya de Futbol y la FIFA, porque antes de jugar había desplegado en la cancha una pancarta en la que llamaba a la paz y lamentaba la muerte de Quintana, lo que ambos organismos podrían interpretar como un “mensaje político”. El presidente del equipo, Marco Trovato, afirmó que había pedido permiso a la AFP, pero ésta se lo negó. A pesar de ello decidió seguir adelante. “Sabíamos que estábamos infringiendo un reglamento interno. Me hago responsable. No era un cartel político, porque lo único que hacíamos era pedir paz”, sostuvo. Otros furbolistas paraguayos, tanto de equipos nacionales como extranjeros, también protestaron. Roberto Avelar, Junior Alonso y Julio Irrazábal, por ejemplo, llamaron a parar el torneo local hasta que no se retirara la enmienda constitucional. Y jugadores del Cerro Porteño subieron a las redes sociales fotografías tapándose un ojo, en solidaridad con uno de sus hinchas, José Manucho Alarcón, a quien durante las protestas una bala de goma le reventó el globo ocular. A nivel internacional también hubo reacciones. Más allá de la “preocupación” expresada por varios gobiernos latinoamericanos, las organizaciones de Estados Americanos (OEA) y de Naciones Unidas (ONU) llamaron al gobierno paraguayo a respetar la democracia y a abrir una investigación por la muerte de Quintana. El Papa Francisco, por su parte, hizo un exhorto a la paz y propuso abrir una mesa de diálogo con la oposición y un representante de la Conferencia Episcopal. Cartes tardó horas en comparecer ante la opinión pública y, en primera instancia, responsabilizó a la oposición y a los medios de atizar los disturbios. Ante tanta presión hizo finalmente algunos gestos conciliatorios. Destituyó al ministro del Interior y al jefe de la policía, y se detuvo al agente que presuntamente disparó la bala que mató a Quintana. Luego, llamó a un diálogo con los líderes de todos los partidos y los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, para “determinar prioridades y lograr un gran acuerdo”. Nada dijo de retirar la enmienda. Lugo, su otro potencial beneficiario, también guardó un largo silencio. Dos días después, en un video de cinco minutos, condenó la violencia en todos los frentes y afirmó que él nunca se mancharía las manos con sangre. No obstante, desestimó a quienes “hablan mal” de él y del FG por prestarse a apoyar la mascarada para enmendar la Constitución; y tampoco dijo nada sobre un posible retiro de esta iniciativa. No es la primera vez desde que la democracia volvió a Paraguay que se intenta modificar la Constitución para permitir la reelección. En 2006 el entonces presidente Nicanor Duarte Frutos, del PC, también presentó una iniciativa en este sentido. Las protestas de ese año se saldaron con ocho muertos y unos 100 heridos. Y, paradójicamente, la indignación popular que se desató, en mucho ayudó a llegar a la presidencia al exobispo Lugo, que ahora no ve nada malo en reelegirse. En agosto de 2016, otro proyecto de enmienda a la Constitución con este fin fue rechazado por el Congreso.