Un escenario de horror y sinsentido para el que ya no existen otros vocablos superlativos es la muerte que no para de brotar de la fosa de Jojutla. Llamada también “la fosa de la Fiscalía” de Morelos –las policías del estado amontonaban cadáveres en ella sin el menor respeto y sin practicarles necropsia de ley–, parece no tener fondo. De ella se exhuman cuerpos todavía vestidos, atados de pies y manos, amordazados, aún con cinta canela en la cabeza, con huellas de tortura; se extrajo el de una adolescente con su uniforme de la secundaria puesto, y hasta el de un recién nacido… Crímenes de lesa humanidad por los que el gobierno de Graco Ramírez debe ser juzgado, sentencia el poeta Javier Sicilia. JOJUTLA, Mor. (Proceso).- “Las fosas de Jojutla son peores que las de Tetelcingo si hablamos de irregularidades: con menos cuerpos hay más porquería…” La categórica aseveración es hecha por Amalia Hernández, tía de Oliver Wenceslao, la primera víctima de inhumación ilegal en las fosas clandestinas de la fiscalía de Morelos en Tetelcingo. La señora Amalia es quizá la única persona que ha estado en dos exhumaciones en Tetelcingo. La primera, en diciembre de 2014, cuando obligó a las autoridades a que le entregaran los restos de su sobrino, de lo cual existe un video que dio la vuelta al mundo; la segunda, cuando –en mayo y junio pasados– formó parte de los equipos que extrajeron 117 cuerpos de esas mismas fosas, con el objetivo de identificarlos y devolverlos a sus familiares. Ahora, con ojos distintos, colabora también en las exhumaciones de las fosas de Jojutla, y aunque parece que se ha vuelto más prudente a la hora de señalar culpables, sigue pensando que las irregularidades e ilegalidades deben ser investigadas, y los responsables, castigados. “Por ahora, para mí y para mi hermana (María Concepción Hernández, madre de Oliver Wenceslao), lo más importante es sacar todos los cuerpos para que sean identificados y devueltos a sus familias. Eso es lo urgente y lo importante”, afirma. El pasado 21 de marzo comenzaron los trabajos de recuperación de restos en dichas fosas, en los que participaron las mismas instancias que en Tetelcingo: la Fiscalía de Morelos, la Procuraduría General de la República (PGR), la División Científica de la Policía Federal y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). “De hecho, en Tetelcingo creamos un modelo de trabajo. Ahora estamos pugnando para que se convierta en política pública en todo el país, donde participen autoridades locales, federales, instituciones académicas y familiares de víctimas”, explica el poeta Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y secretario de Comunicación de la UAEM. Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2110, ya en circulación