CAMPECHE, Camp. (apro).- Tras las críticas desatadas por la difusión de un video que delató el abuso policiaco contra cuatro vendedoras ambulantes tzotziles a las que intentaban expulsar del centro histórico, el secretario de Seguridad Pública, Jorge Argáez Uribe, aseguró hoy que el caso será investigado. El problema estalló la tarde del sábado pasado en la calle 59 –peatonal y donde se concentran bares, restaurantes y tiendas de artesanías– cuando un grupo de policías pretendió llevarse a rastras y esposadas a las cuatro chiapanecas, una de ellas de 13 y otra de 15 años, por vender sus artesanías en la vía pública. Indignados, comerciantes, empleados y ciudadanos que transitaban por ahí, salieron en defensa de las cuatro indígenas que se resistían al arresto y obligaron a los uniformados a liberarlas. En el video se aprecia a una mujer policía forcejeando con una de las mujeres como si se tratara de una riña callejera y a otro de sus compañeros dándole indicaciones. La gente se arremolina en torno a ellos para impedir que se las lleven. Ante la presión ciudadana, los policías les quitaron las esposas, las soltaron y abandonaron el lugar. El video fue subido a las redes sociales, donde las críticas alcanzaron al gobernador Alejandro Moreno Cárdenas. El domingo, las chiapanecas, apoyadas por activistas de los derechos humanos y de las mujeres, se manifestaron en el centro de la ciudad y hoy acudieron a presentar sus quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). El mismo sábado, Argáez Uribe, en un intento por deslindar a Moreno Cárdenas del conflicto, escribió en su muro de Facebook un comentario que atizó la indignación. El funcionario intentó justificar que “la policía actuó, ante las múltiples quejas de la misma sociedad, de que estas personas hacen sus necesidades en la vía pública, reporte de robos de menor cuantía que han realizado, incluso las personas que las regentean andan con gente que las utiliza y explota”. Y argumentó que “se tuvo el reporte de una persona que fue agredida verbalmente por una de ellas, por lo cual se pidió retirarlas del centro. El video no explica en su totalidad qué sucedió, sólo publican lo que conviene para desprestigiar”. De paso deslindó al gobernador: “En ningún momento el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas ha instruido acciones en contra de ningún ciudadano, minoría o persona, todo lo contrario, ha pedido la aplicación de la ley con estricto respeto”. Y sostuvo que “se investigará como en todos los casos la actuación de la policía, y si determinamos que hubo un exceso se procederá conforme marca la ley. “La actuación de la policía siempre molestará a alguna de las partes, ya sea a la víctima porque no se acudió a tiempo, o del victimario porque siente que se le están violando sus derechos”. Por último, escribió: “Sin embargo, tenemos que seguir trabajando y acoplarnos al nuevo sistema de justicia penal, que la sociedad percibe está creado para proteger a los delincuentes y no a los ciudadanos. Son nuevas reglas del juego, que incluso en algunas ocasiones tal vez no estaré de acuerdo con ellas, pero es mi función asumirlas y velar por que se apliquen, aunque tal vez moleste a muchos”. Hoy llamó a conferencia de prensa, aunque no permitió preguntas. En su mensaje de poco de más de seis minutos, Argáez dijo que lo ocurrido el sábado se turnó a la Comisión de Honor y Justicia de la corporación para determinar si el actuar de los agentes involucrados estuvo apegado a derecho y aseguró que, de no ser así, se les sancionará. “Se investigará realmente la actuación de la policía y si no se siguieron los principios para el uso de la fuerza, tendrán una sanción”, dijo y advirtió que no se solapará “a ningún policía, a ningún servidor público que cometa una arbitrariedad en contra de un funcionario (sic)”. Insistió en que la SSP seguirá trabajando con el ayuntamiento para sacar del centro a los ambulantes y recordó que esta disposición es una condicionante para que Campeche preserve el título de la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad. “No se trata de que estemos en contra ningún indígena, es un tema simplemente de cumplimiento a la ley, no se trata de estigmatizar a nadie, todos tienen el derecho a trabajar pero conforme a los reglamentos establecidos. “Lo mismo con vialidad, todos tienen derecho a transitar por nuestro estado pero conforme maca la ley”, acotó. Comentó que el año pasado detuvieron a más de 22 mil personas, por las que recibieron “pocas quejas y recomendaciones” de Derechos Humanos. En su soliloquio, negó que se exija a los agentes determinado número de infracciones, “se les pide que si ven a alguna persona violando el reglamento levanten la infracción o se detenga la unidad”. También hizo alusión a los robos que, como nunca antes, se han desatado en la entidad. El problema ha escalado al extremo de que vecinos de las zonas más afectadas han llenado sus calles con letreros en los que advierten a los ladrones que si los atrapan se hará justicia por propia mano. “He visto, en el caso de los robos, hablan de un incremento sustancial, nosotros en las estadísticas no hemos notado un nivel tan alarmante”, minimizó. Sin embargo, reconoció que “sí hemos visto un incremento en detenciones y muchas de esas detenciones las hace la ciudadanía que entrega a los ladrones al Ministerio Público, pero el 50% de esas personas quedan libres porque no los van a denunciar”, por lo que señaló que debe haber un trabajo conjunto.