TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro).- El pleno del Congreso del Estado le tomó protesta como nuevo Fiscal General del Estado (FGE) a Raciel López Salazar, quien estará en ese cargo por ocho años, que se sumarán a los nueve que estuvo como procurador general de justicia del estado. En una sesión legislativa celebrada esta mañana, el presidente del Congreso del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, le tomó protesta a López Salazar, quien inició como procurador general del estado en enero del 2009 con el entonces gobernador Juan Sabines Guerrero. A la llegada de Manuel Velasco Coello, Raciel López Salazar fue ratificado como procurador general de justicia. Y aunque fue electo diputado federal por la vía plurinominal por el PVEM, sólo se ausentó unos meses del cargo y regresó para fungir en el puesto. En enero pasado, López Salazar cumplió ocho años como procurador y con la nueva reforma penal y constitucional desapareció la figura de la PGJE y se creó la de la FGE. Para el nuevo cargo, el gobernador propuso cinco posibles candidatos, cuatro de ellos con muy bajo perfil, por lo que finalmente el Congreso eligió a López Salazar. López Salazar es originario de Tonalá, trabajó en la Procuraduría General de la República (PGR) donde se desempeñó como Subdelegado de Averiguaciones Previas, Encargado de Delegaciones Federales, Encargado de la Fiscalía Especializada en Delitos de Propiedad Intelectual; y Director de Estudios y Divulgación del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. Sus responsabilidades públicas transcurrieron en los estados de Chiapas, Baja California, Puebla, Jalisco, Estado de México, Coahuila y la Ciudad de México. “Aspiro al cargo de Fiscal General del estado porque estoy seguro que cuento con la formación profesional y, sobre todo, la experiencia adquirida durante 30 años en el servicio público federal y estatal como Agente del Ministerio Público”, expuso luego de tomar protesta. Presumió que se han obtenido 63 sentencias condenatorias en contra de tratantes de personas y se han rescatado a más de 600 víctimas de este delito. En el marco de una “política criminal de cero tolerancia”, sostuvo que en 2016 se detuvieron a cuatro mil 393 personas, quienes fueron sometidas a la acción de la justicia al ponerlos a disposición de los Jueces de Control. También enfatizó que como Fiscal General consolidará el Programa Regional de Seguridad y Prevención en los 122 municipios del estado, bajo la premisa que lo resuelto en la prevención ya no será materia de la investigación, como es el caso del “exitoso programa” Alcoholímetro. El titular de la FGE enumeró la trascendencia, a escala nacional, de modelos nacidos en Chiapas como los Centros Especializados en Prevención y Tratamiento de las Adicciones (CENTRA), el Centro de Denuncia Fuerza Ciudadana, Taxi Confía, Comisión Intersecretarial para Prevenir y Combatir la Trata de Personas, y la Línea Anticorrupción. Agregó que un órgano autónomo como la Fiscalía General requiere de la coordinación con las fuerzas federales y estatales para alcanzar sus objetivos, por lo que señaló que en su esquema de trabajo impulsará acciones conjuntas con la Policía Federal y el Ministerio Público Federal, Policías Estatales y Municipales. Hizo un reconocimiento al Ejército Mexicano y la Marina y Armada de México, por el respaldo que brindan a Chiapas, y afirmó que dicha coordinación continuará vigente. López Salazar reconoció que la procuración de justicia es más fuerte cuando se apoya en la participación ciudadana, por ello precisó que se fortalecerán los mecanismos de comunicación con el Consejo de Participación Ciudadana y la Mesa Única de Seguridad, vínculo con la sociedad civil. El nuevo Fiscal General resaltó que para posicionarse como una herramienta útil en la prevención y combate al delito, la dependencia deberá fortalecer la labor de sus policías, peritos y fiscales del Ministerio Público a través del establecimiento y bases del servicio civil de carrera policial, pericial y ministerial; la capacitación, formación, actualización y especialización permanente en el proceso penal acusatorio y la teoría del delito; la coordinación y mecanismos de comunicación con las policías como primer respondiente de la noticia criminal, y el uso de tecnologías de última generación para la producción de la evidencia en juicio.