BUENOS AIRES (apro).- La represión policial llevada a cabo el sábado 8 contra un grupo de maestros en Plaza Congreso puso de manifiesto que el gobierno no rehúye medio alguno para someter la resistencia de los gremios. El conflicto docente abarca a 18 de las 24 provincias argentinas. Los reclamos salariales se mantienen desde que el 6 de marzo comenzó el ciclo lectivo. Después de cinco semanas signadas por las huelgas, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) decidió montar una “escuela itinerante” frente al Congreso Nacional, una plataforma simbólica para dar realce a sus reclamos. Durante 2016, con una inflación de 40.9%, los maestros perdieron alrededor de ocho puntos de poder adquisitivo. Hoy, con una inflación anual estimada en 25%, se niegan a aceptar 19% de aumento. La protesta se inscribe en un clima de marcada polarización política. Para muchos argentinos los maestros simbolizan la lucha contra la reducción del salario y el vaciamiento de la educación pública. Para otros, son la punta de lanza de un movimiento que pretende desestabilizar al gobierno. El 22 de marzo unos 300 mil trabajadores de la educación llegados de todo el país colmaron la Plaza de Mayo. El jueves 6 de abril, los maestros se plegaron a la huelga general organizada por todas las centrales sindicales en rechazo a la política económica del presidente Mauricio Macri. El 11 de abril –tras llamar a un nuevo día de huelga el día 10, debido a la represión policial–, la CTERA montó su “escuela itinerante” en Plaza Congreso. Desde el gobierno se dijo que el domingo 9 de abril los maestros habían agredido a los agentes antidisturbios y que no contaban con el permiso correspondiente. Los sindicatos docentes exigen que el marco salarial y laboral se discuta –según prescribe la Ley de Financiamiento Educativo– dentro de la Paritaria Nacional Docente. Esta instancia de negociación entre el Estado nacional y los gremios sirve para fijar el piso salarial, los programas de formación docente y la inversión en estructura escolar. Luego cada una de las provincias ejecuta sus políticas de acuerdo con este marco nacional de referencia. El 6 de abril la jueza laboral, Dora Temis, exhortó al gobierno nacional a cumplir la ley, pero éste apeló su fallo y recusó a la magistrada. El gobierno de Mauricio Macri ha decidido vincular el salario inicial docente con el salario mínimo vital y móvil, manteniéndolo 20% por encima. Incluso felicitó a María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, la más importante a nivel económico y poblacional en Argentina, por no ceder frente a los gremios. A éstos les achaca “motivaciones políticas”, de cara a las elecciones legislativas de octubre, en las que el presidente se juega tanto la posibilidad de ser reelecto como la gobernabilidad en los últimos dos años de mandato. E incluso sostiene que la población votó “por el cambio” y “contra el populismo”. “El objetivo explícito es quebrar el movimiento docente, no solamente para no sobrepasar el piso salarial de 18% o 19%, sino porque están profundamente convencidos, en la primera línea del gobierno, de la idea de la desescolarización; es decir, que el Estado se retire y de llevar a fondo la reforma que se empezó en los noventa y quedó a medio camino por la fuerte movilización docente”, dice a Apro Adriana Puiggros, doctora en Pedagogía de la UNAM y expresidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de Argentina entre 2007 y 2013. “El conflicto tiene muchas semejanzas con el que se presenta en México –sostiene–. La corriente de liberalización de la educación en el sentido del libre mercado, de la compra venta de la educación es, más que una tendencia, algo que ya está instalado en muchos países”. Polarizar La cuerda entre el gobierno y los sindicatos docentes se mantiene tensa. En la provincia de Buenos Aires, que marca el pulso de la contienda, las negociaciones han fracasado una y otra vez desde febrero. La gobernadora María Eugenia Vidal hace todo lo posible para desgastar el plan de lucha de los maestros. En cinco semanas mejoró su oferta de 18 a 19%. Luego amenazó con reemplazar a los huelguistas con voluntarios. Anunció un pago extra para quienes no se adhieran a las medidas de fuerza, condicionó un aumento de los sueldos a una baja en el ausentismo, y finalmente decretó la “conciliación obligatoria”, que fuerza a los docentes a prestar servicios mientras se negocia, aunque éstos siguen privilegiando el derecho a huelga. Vidal ha demandado a los sindicatos ante el Ministerio de Trabajo, a fin de que se les quite la personería gremial. Pretende imponerles millonarias multas. Descuenta los días de paro y sostiene que elevar los sueldos docentes desfinanciaría la obra pública. Todo indica que el gobierno, que acusa a los docentes de hacer una huelga “política”, ha asumido este conflicto como una batalla decisiva para la contienda electoral. Si bien muchos maestros votaron en 2015 por Macri, sus sindicatos responden al kirchnerismo o a la izquierda. A falta de algún logro que mostrar en lo que va de su mandato, con todas las variables de la economía en el subsuelo, el gobierno prefiere eludir el presente y polarizar con lo que considera parte del pasado. Mauricio Macri o Cristina Kirchner. “Nosotros o los sindicatos peronistas”. La decisión política está tomada. Se piensa imponer a los maestros un ajuste salarial por segundo año consecutivo. Desde las más altas esferas del gobierno, empezando por Macri, se sostiene que “los gremios son parte del problema estructural que atraviesa Argentina en materia de educación”, se pone en duda su representatividad y se les tilda de “extorsionadores”. Macri reclama debatir “temas de fondo, como la calidad de la educación”. Y se ha valido para ese fin de los resultados de las pruebas Aprender 2016. De acuerdo con estas evaluaciones, muy resistidas por los docentes, más de 50% de los alumnos que terminan la escuela secundaria en Argentina no tiene los conocimientos mínimos en matemáticas y comprensión de textos. “El gobierno invita a empresarios internacionales de la educación, como Pearson, Microsoft, o el Banco Santander, al tiempo que impulsa una flexibilización pedagógica en la que la educación es un bien transable”, sostiene Adriana Puiggros. “Si la educación es un elemento que se compra y se vende, para las corporaciones se convierte en un mercado infinito. Pero por otro lado necesitan regularlo, disminuyendo la cantidad de docentes, flexibilizando su contratación, regulando la cantidad de alumnos a través de exámenes estandarizados. El gran instrumento son las pruebas estandarizadas como Pisa o Aprender”. Disciplinar Entre marzo de 1984 y marzo de 1985 los mineros británicos llevaron adelante una lucha histórica contra la política de la primera ministra Margaret Thatcher. Su derrota sirvió para que la precarización laboral se extendiera al resto de los sectores asalariados de la economía. En estos días muchos analistas trazan paralelos entre aquel conflicto y el que aquí enfrentan los docentes. Consideran que la intransigencia del gobierno responde a una lógica que va más allá de esta negociación puntual. No se trata sólo de imponer a los maestros un techo salarial que no estimule la inflación. El gobierno busca una victoria ejemplificadora, que se propague hacia todo el campo sindical. La furia del oficialismo y de los grandes medios se concentra en la figura de Roberto Baradel, el secretario general del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA). Desde que se inció el conflicto, Baradel ha recibido un vapuleo mediático pocas veces visto. “Quieren bajar salarios y flexibilizar las normas laborales para todos los trabajadores de Argentina”, dice Baradel a Apro. “Intentan empezar por los docentes, con lo que ellos llaman ‘bajar el costo laboral’. Esto no significa mayor eficiencia y eficacia en la inversión que hacen en las empresas o el Estado sino una mayor explotación de los trabajadores”, resume. El dirigente sindical ha recibido además, de manera anónima, amenazas de muerte que también incluyen a sus hijos. “Es hostigamiento, es persecusión política, es intentar quebrar la voluntad de defensa de los derechos de los trabajadores –expresa–. Pero han generado un efecto contrario en gran parte de la sociedad. Lo que recibo en la calle son muestras de apoyo y aliento. Por supuesto que en algún sector, refuerzan lo que piensan ellos”. “El 60% de los argentinos considera que el reclamo docente es justo y que hay que apoyarlo. Los valores se mantienen desde que empezó el conflicto a comienzos de marzo”, dice a Apro el sociólogo Roberto Bacman, director del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), citando datos de su más reciente encuesta. “La mayor parte considera que es el gobierno el que debe encontrar un camino para resolver este problema, porque los docentes no pueden ganar lo que ganan”, sostiene. Un maestro argentino con dos cargos de escuela primaria, que está ocho horas diarias frente a un mínimo de 30 niños, percibe en promedio, cuando ya está a punto de jubilarse, 28 mil pesos, unos mil 700 dólares. La gran mayoría de los docentes gana la mitad en un país en el que los precios de alimentos y servicios básicos suelen superar a los de los países industrializados. Para millones de familias con hijos en edad escolar la huelga entraña molestias y dificultades. Hasta el momento, sin embargo, dos tercios de la población apoyan el reclamo salarial de los docentes. “La gente lo apoya, pero en la medida en que esto no se resuelva, y el paro cause dificultades en la vida cotidiana, esto puede causar rechazo en la población”, alerta Bacman. El gobierno parece apostar a ese escenario. Intenta enfrentar a los docentes con el resto de la sociedad. Al mismo tiempo que pone en duda la idoneidad profesional de los maestros, desarticula y desfinancia los programas de formación docente del Ministerio de Educación. Los gremios alertan que lo que en realidad se busca es la destrucción de la escuela pública. Para la mayoría de la población argentina, formada en la educación pública, éste es el reaseguro de un ideal igualitario y democrático. “Desde el punto de vista cualitativo, analizando las entrevistas, la gente defiende la escuela pública. No quiere que la educación se privatice en Argentina. Por eso apoya a los docentes en su reivindicación del rol de la escuela pública”, sostiene Bacman. El gobierno de Macri es la expresión de una corriente opuesta. El presidente sinceró su pensamiento político al criticar “la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada y aquel que tiene que caer en la escuela pública”. “En Argentina ha cambiado la contradicción que hubo durante un siglo, que era escuela pública o escuela privada, o si el Estado iba a tener un papel central o subordinado”, resume Adriana Puiggros. “Ahora el tema es Escuela o mercado –señala la especialista–. Lo que está en juego es la institución escuela.”