CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite el recurso de reclamación que presentó el senador Alejandro Encinas Rodríguez, como presidente de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, para que este cuerpo originario sea reconocido en la defensa de la Constitución capitalina ante las impugnaciones en su contra. De acuerdo con Encinas Rodríguez, la admisión representa “un primer paso en el proceso jurídico para defender la Constitución” de los recursos interpuestos por la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) capitalino y los partidos Morena y Nueva Alianza. En un comunicado, explicó que, tras desahogar el procedimiento de ley establecido para su tramitación, los ministros deberán analizar y dar o no razón a la petición de que sean los propios constituyentes quienes respondan las impugnaciones y no la Asamblea Legislativa ni el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. La admisión, dijo, “implica una primera victoria, pues la Corte encuentra en el recurso suficientes razones jurídicas para sustentar la reclamación y estudiar los argumentos presentados, sobre los que se tendrá que pronunciar antes de resolver los procedimientos que atacan a la Constitución local”. Añadió: “Los jueces constitucionales tienen la responsabilidad de buscar la justicia y el deber de atender las exigencias de la sociedad, más aún cuando se trata de asuntos estructurales vinculados al reclamo del bien político común, que involucra problemas públicos de primera importancia”. El pasado 7 de abril, a casi un mes de que se presentaron las primeras impugnaciones contra la Constitución de la Ciudad de México, exdiputados de la Asamblea Constituyente interpusieron el recurso de reclamación en la SCJN, dirigido al ministro presidente, Luis María Aguilar Morales. En el texto entregado, se consideraron agraviados por la decisión del ministro Javier Laynez Potisek, quien designó como autoridades competentes para responder a las controversias y actos de inconstitucionalidad promovidos contra la Constitución capitalina a la Asamblea Legislativa (ALDF) y al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, cuando “la responsabilidad solamente le atañe a la Asamblea Constituyente”.