CAMPECHE, Camp. (apro).- El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, quien en febrero pasado amagó con ir a Estados Unidos “a defender” a los connacionales amenazados por la política antiinmigrante de Donald Trump, es hoy vapuleado en su tierra por sus políticas “racistas” y “discriminatorias”. La razón: la “cacería” de migrantes chiapanecos dedicados al ambulantaje que la policía estatal emprendió en mancuerna con el ayuntamiento. Aunque el argumento de fondo es la necesidad de hacer cumplir el bando municipal que prohibió la venta ambulante en el centro histórico de la ciudad como supuesto requisito para preservar el nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad que en 1999 dio la Unesco al recinto amurallado, las formas generaron irritación entre los defensores de los derechos humanos. Peor aún, porque la persecución policiaca de “chapitas” –como se les llama con desdén– se expandió a sectores alejados del perímetro protegido. Documentada en un video que se hizo viral en las redes sociales, la brutalidad policiaca en un frustrado intento por detener a un par de indígenas tzotziles que vendían sus productos en la calle 59, una zona peatonal de establecimientos turísticos, atizó la indignación social. Las protagonistas de las imágenes son migrantes indígenas, desplazadas de sus comunidades de origen, analfabetas y, una de ellas, para rematar, es menor de edad. “¿Cómo es ser yo?... ¿cómo es ser chiapaneca?... ¿cómo se siente ser mujer indígena?”, reflexiona Susy, la chiapaneca tzotzil detenida el sábado 8 junto a su sobrina, una menor de 15 años, quien también se identifica como Susy, que es el nombre que dan todas ellas a desconocidos que se los preguntan. tzotziles Contraproducente le resultó al secretario de Seguridad Pública, Jorge Argáez Uribe, la desarticulada justificación que salió a ofrecer para mitigar las críticas ciudadanas que terminaron rebotando al gobernador priista por sus políticas “discriminatorias” y “racistas”, como calificaron activistas de los derechos humanos, usuarios de las redes sociales y los propios afectados esas acciones. En su cuenta personal de Facebook, horas después de que comenzó a circular el video donde se observa el abuso policiaco contra las chiapanecas, Argáez anotó: “Es importante referir que la policía actuó, ante las múltiples quejas de la misma sociedad, de que estas personas hacen sus necesidades en la vía pública, reporte de robos de menor cuantía que han realizado, incluso las personas que las regentean andan con gente que las utiliza y explota. Hoy se tuvo el reporte de una persona que fue agredida verbalmente por una de ellas, por lo cual se pidió retirarlas del centro. “El video no explica en su totalidad qué sucedió, sólo publican lo que conviene para desprestigiar. Por otra parte, en ningún momento el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas ha instruido acciones en contra de ningún ciudadano, minoría o persona, todo lo contrario, ha pedido la aplicación de la ley con estricto respeto”. En opinión de la antropóloga Artemia Fabré Sarandona, presidenta de la asociación civil Diálogo y Movimiento, las acciones de la autoridad, “repudiadas y lamentadas a nivel social”, violentaron los derechos humanos fundamentales, lingüísticos y culturales, así como al debido proceso. Luego detalla que en el video se deja constancia de la mala capacitación de la policía porque en la detención de las mujeres destaca la ausencia de un traductor que por ley debió estar ahí para explicarles su situación, “porque es evidente que las mujeres no hablan ni entienden bien el español; además esposaron a una menor sin percatarse siquiera de que lo era”. Y considera “tan lacerante” la justificación del titular de la SSP, porque entraña “un desconocimiento enorme de su parte o un evidente sesgo discriminatorio, y cualquiera que sea el caso es terrible la falta que se cometió”. “Habló de una posible red de trata que explota a estas mujeres; si la hay, la actuación de sus policías es peor, porque si estas mujeres ya son maltratadas y usadas por los tratantes, fueron además violentadas por el estado, que debe protegerlas e ir tras sus explotadores y no contra ellas”. “Es tan lacerante leer lo que escribió el secretario, y aquí no es ‘me entendieron mal’, está escrito… es terrible la violación, enorme”, dice. Sobre los otros argumentos que el funcionario esgrimió, sostiene que para acusar a esas mujeres de orinar en la calle, se debe probar, además de que “está imputando al ciudadano una cuestión que le toca al Estado proveer, porque el Estado debe proveer servicios públicos, y entre éstos están los baños públicos, como los hay en otros estados y otros países”. También destaca que al imputarles, sin probar, robos de menor cuantía, “se está criminalizando la pobreza, se está prejuzgando y se está discriminando, peor aun cuando el gobierno no está dando las condiciones para que trabajen”. Aunque sólo salió a la luz el caso que se documentó en el video, se supo después que otras dos tzotziles, tía y sobrina también, una de ellas de 13 años, habían sido sometidas ese mismo día a un episodio similar. La especialista subraya que donde las tzotziles vienen es común que se ganen la vida vendiendo sus artesanías, “para ellas es una manera digna y honrada de vivir; ellas se ganan la vida de una manera digna y honrada”. Localizada en una calle de la ciudad para recoger su opinión de lo que le ocurrió, Susy, nativa de San Juan Chamula y madre de cuatro hijos, aclara: “Nadie nos está explotando, nadie nos trajo, vine por mi voluntad, somos muchas y todas venimos por nuestra cuenta a trabajar, vendo mis blusas que yo bordo”. También sostiene que no es ladrona y explica que no orinan en las calles, pues para hacer sus necesidades rentan el baño en un estacionamiento o en los templos católicas. “Los hechos evidencian una clara discriminación en contra de los pueblos originarios, especialmente contra las niñas y las mujeres en situación de vulnerabilidad, marginadas, y que no sólo viven la violencia estructural de no tener acceso a los satisfactores necesarios que las obligan a desplazarse de su lugar de origen, de no tener acceso a la educación, un trabajo bien remunerado que les garantice el buen vivir y el ejercicio pleno de sus derechos”, señala por su parte Argentina Casanova, coordinadora del Observatorio contra la Violencia de Género en Campeche. “Es grave y preocupante que el Estado haga uso de las fuerzas públicas en contra de poblaciones en condiciones de marginación y vulnerabilidad, como son reconocidas en todos los protocolos de acceso a la justicia las niñas, las mujeres y las poblaciones indígenas, así como las personas en condición de pobreza, ya que el Estado mexicano no sólo ha sido incapaz de garantizar el acceso al pleno ejercicio de sus derechos, sino que además ejerce violencia a través de sus corporaciones contra ellas”, reitera. Abogadas del Observatorio acompañaron a las afectadas a presentar su queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), donde por cierto se toparon con un escollo: la carencia de intérpretes, pese a que la Constitución estatal reconoce expresamente a la tzotzil como una etnia asentada en el estado. Junto con activistas de los derechos humanos, las mujeres chiapanecas protestaron la noche del domingo 9 en el centro de la ciudad donde, pese a las circunstancias, continuó el hostigamiento policiaco en su contra. Desde entonces el ayuntamiento mantiene apostados todo el día a sus inspectores en cada esquina de las calles del centro histórico. En un pronunciamiento de repudio, el Observatorio exigió a la autoridad “la garantía de no repetición” de la brutalidad que se aplicó a las mujeres tzotziles, “a través de la implementación de los protocolos de uso de la fuerza, así como garantizar el artículo primero de la Convención Americana de Derechos Humanos, que compromete al Estado mexicano a respetar los derechos y libertades de las personas, a garantizar la no discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Pero, la mañana del martes 11, un escandaloso operativo policiaco montado a las puertas de una fábrica de hielo, ubicada en el barrio de Santa Ana, a varios kilómetros del recinto histórico, para decomisar triciclos y detener “en flagrancia” a vendedores de raspados, todos indígenas de origen chiapaneco, cuando se abastecían de su materia prima para iniciar su jornada, acendró el repudio ciudadano contra la autoridad. Fabre resalta que, aunque no es originaria de Campeche, la etnia tzotzil, como otras que aquí se han asentado, entre ellas las guatemaltecas, está expresamente reconocida en la Constitución política local como parte de la diversidad cultural del estado, además de los derechos que les otorga la Constitución federal por ser mexicanos.