CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La credibilidad del Sistema Nacional Anticorrupción está en riesgo por la falta de una Fiscalía General de la República, aprobada en una reforma constitucional al sistema de justicia desde 2008, pero aplazada por falta de voluntad política, aseguró la exprocuradora general de Justicia de Chihuahua, Patricia González Rodríguez. Al participar en el panel “Política del Estado para la Seguridad y Justicia”, como parte de los Foros Universitarios “La UNAM y los desafíos de la Nación”, la también académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad, añadió que por esa falta de voluntad política, México no ha transitado con pasos firmes al sistema judicial acusatorio, de transparencia y rendición de cuentas, que lleve a una justicia pronta. De acuerdo con un comunicado de la UNAM, añadió: “Ha faltado voluntad política para el diseño de políticas públicas de mediano y largo plazos. Una planificación que permita lograr la consolidación de una de las instituciones más importantes, que constituya el motor del sistema nacional acusatorio: la Fiscalía General de la República”. La exjueza penal añadió que para dar paso a esta Fiscalía, deben desaparecer escalonadamente las delegaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), pues “la mayoría de los delegados desconoce el sistema nacional acusatorio”. Agregó que en su diseño deben participar la sociedad civil, organizaciones sociales y expertos en temas de corrupción e impunidad. En el Aula Magna “Jacinto Pallares” de la Facultad de Derecho, el rector de la Universidad Naval, Luis Orozco Inclán, indicó que la seguridad nacional es una condición necesaria que proporciona el Estado para garantizar estabilidad, integridad, soberanía y lograr los objetivos nacionales. No obstante, dijo que a este concepto se han sumado otros como la seguridad pública y la seguridad interior, ésta última aún no definida en ningún documento aprobado por el Congreso. Piden acelerar nuevo sistema penal El expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, coincidió en que la seguridad es el valor fundamental de lo jurídico y fin esencial del Estado. Sin embargo, las cifras que indican que en el país hay más de 29 mil personas desaparecidas, 850 fosas clandestinas y 60 mil desplazados muestran “que se ha roto con este valor”. A ello, sumó diagnósticos de la ONU que señalan que el grado de impunidad en el país es de 99%, pues sólo uno de cada 100 delitos es perseguido y no todos terminan con sentencias condenatorias. Luego, llamó a acelerar la adecuación de todos los participantes en el nuevo sistema penal oral y acusatorio para que pronto sea eficaz. Se pronunció porque haya insumos necesarios y que los jueces, policías y fiscales reciban la preparación requerida. Deni Álvarez Icaza, especialista en atención a víctimas de crímenes de alto impacto, consideró que México debe revisar las políticas prohibicionistas del uso de sustancias psicoactivas, pues éstas han tenido altos costos sociales. El problema, dijo, debe verse no sólo como de seguridad, sino de salud pública.