CIUDAD DE MÉXICO (apro).—La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), criticó la creación de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción publicado el miércoles pasado a través del Acuerdo A/029/17 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En teoría, esta Fiscalía entrará en vigor a partir de que el Senado de la República realice el nombramiento del titular y será un órgano con autonomía técnica y operativa, cuyo objeto será la investigación y persecución de los delitos relacionados con hechos de corrupción de tipos penales que establece el Código Penal Federal. Además, se encargará de fortalecer los mecanismos institucionales a través de los cuales "se detecta, sanciona y erradica la corrupción", así como diseñar, establecer e implementar mecanismos de cooperación con autoridades federales en el ámbito de su competencia. Sin embargo, el organismo presidido por Gustavo de Hoyos Walther señaló que se trata de un acuerdo que tiene “una vigencia limitada”, en tanto se emite por el Congreso la declaratoria de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República y la Ley correspondiente. La Coparmex explicó que este acuerdo pretende únicamente modificar el previo de 2012 para armonizarlo con el decreto que reformó la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, subrayó, no sólo armoniza “sino que limita de manera preocupante” facultades de la Fiscalía Especializada en aspectos clave como los siguientes: Requerir la aprobación del procurador General para los planes y programas destinados a detectar la comisión de delitos en materia de corrupción; sujetar los nombramientos de Agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Fiscalía Especializada, también a la decisión del procurador. Además se limita la modificación, derogación o abrogación de las normas administrativas emitidas por el Fiscal Especializado si contradicen las normas administrativas emitidas por el procurador General de la República. Para el sector patronal, era deseable que el acuerdo publicado caminara hacia una mayor autonomía y capacidad real de gestión del Fiscal Anticorrupción en consonancia con la demanda ciudadana. “Insistimos en que bajo este Acuerdo se reafirma que la responsabilidad última del combate real contra la corrupción es del titular de la actual Procuraduría General de la República”, acotó. La Coparmex señaló que los mensajes de control, aunque sean temporales para la Fiscalía Especializada, no es el deber ser para el diseño institucional óptimo de la Fiscalía General de la República y las facultades del Fiscal anticorrupción.