Astudillo evade demanda de exhumar cuerpos de fosa irregular en Acapulco

Las osamentas halladas en Acapulco. Foto: Especial Las osamentas halladas en Acapulco. Foto: Especial

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- En un encuentro privado con integrantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas, el gobernador Héctor Astudillo Flores evadió el tema sobre la demanda para exhumar cerca de 800 cuerpos que las autoridades ministeriales depositaron de manera irregular en un panteón municipal de Acapulco.

En dicha reunión –realizada la tarde de ayer en la residencia oficial Casa Guerrero–, el mandatario estatal asumió el compromiso de “analizar” la entrega de becas y proyectos productivos para mujeres viudas y niños que han quedado huérfanos en el contexto de la violencia que se vive en la entidad.

También dio un espaldarazo al presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), José Luis Gallegos Peralta, quien asumirá el control total del organismo tras el conflicto interno que se generó por el manejo del presupuesto, pese a que el comisionado Javier Morlet Macho lo demandó ante la Fiscalía General del estado (FGE) por amenazas de muerte.

En diciembre de 2014, Apro dio a conocer que Gallegos Peralta aparece en calidad de “inculpado” en seis carpetas de investigación de la FGE por los delitos de robo, fraude, falsificación y despojo desde 2003.

La reunión

Fuentes oficiales consultadas por Apro, que pidieron el anonimato por a temor a sufrir represalias, informaron que en el encuentro de ayer estuvieron miembros de los colectivos de familiares de personas desaparecidas de Acapulco, Chilapa y Chilpancingo.

Los representantes del colectivo de Chilapa plantearon a Astudillo la necesidad de crear un Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4), que supuestamente tendría un costo aproximado de 20 millones de pesos.

Por su parte, el grupo de Chilpancingo solicitó becas y apoyos productivos para mujeres viudas y niños huérfanos, víctimas de la violencia, mientras que los integrantes del colectivo de Acapulco exigieron celeridad en los trabajos de perfil genético de los cuerpos que no han sido identificados y que permanecen en las tres unidades del Servicio Médico Forense (Semefo) del estado.

También demandaron la creación de un cementerio forense en el puerto de Acapulco, como el que Astudillo mandó construir en esta capital en terrenos de su compadre Heriberto Huicochea Vázquez, dirigente estatal del PRI.

El colectivo de Acapulco exigió la exhumación de los cuerpos que autoridades ministeriales han depositado desde 2010 –violando el protocolo de tratamiento forense– en una fosa común ubicada en el panteón de El Palmar, en ese puerto.

Las víctimas informaron a Astudillo que hasta 2013 había un registro oficial de 27 fosas comunes con 20 cuerpos cada una, o sea que al menos 547 restos humanos se encuentran en ese panteón, sin registro de perfil genético ni cadena de custodia. De igual manera, señalaron que a la fecha la cifra podría alcanzar los 800 cuerpos en estas condiciones.

El gobernador de plano evadió el tema y se enfocó en señalar que analizará la demanda de otorgar paliativos a niños huérfanos y mujeres viudas de los colectivos de familiares de personas desaparecidas.

TAmbién se comprometió a gestionar los recursos para la construcción de un C4 en Chilapa, donde a la fecha los gobiernos federal y estatal no han cumplido con su promesa de instalar un cuartel militar para tratar de revertir los efectos de la confrontación que mantienen bandas criminales.

Luego de que el representante de la FGE admitió que “no tiene equipo ni peritos suficientes” para analizar las muestras de ADN y elaborar los perfiles genéticos de los más de 600 cuerpos que permanecen sin identificar en las unidades del Semefo, Astudillo anunció que había solicitado ayuda a la PGR para que se encargue de esa labor que compete al gobierno estatal.

Las fuentes señalaron que el presidente de la CEEAV, José Luis Gallegos, sostuvo que ante la falta de recursos económicos, equipo y personal capacitado, solicitará a la Comisión Nacional de Atención a Víctimas que entreguen al gobierno de Guerrero al menos 150 millones de pesos para cumplir con las demandas de los colectivos en la entidad.

La noche de ayer el gobierno de Astudillo se limitó a difundir una fotografía grupal donde el gobernador aparece flanqueado por sus colaboradores y representantes de los colectivos de víctimas, y únicamente informó que se habían tomado “acuerdos importantes”.

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