MADRID (apro).- En abril de 2015, el magistrado Baltasar Garzón decía en la presentación de su libro El Fango. Cuarenta años de corrupción en España (Debate 2015), que la corrupción en España es “sistémica” y que a pesar de los instrumentos legales e institucionales con los que cuenta el poder judicial, su combate se hace casi de manera “artesanal”. Algunos de los casos antes citados muestran que ese sistema corrupto bien puede atravesar el Atlántico y encontrar fuertes conexiones en España, al igual que en México. Garzón criticó que no eran casos aislados, sino que existía toda una mecánica de comportamiento en las tramas de la corrupción, y por ello fustigó al Partido Popular (PP), del presidente Mariano Rajoy, porque no solo obstaculiza las investigaciones que le perjudican, sino que ha emprendido una “persecución de los jueces” que instruían dichos casos. Garzón es ejemplo de ello, ya que como el primer juez instructor del caso Gürtel –sin duda la mayor trama de corrupción política que se enjuicia hoy en España– fue separado de la carrera judicial. El argumento: que ordenó “escuchas” a dos de los cabecillas encarcelados en la investigación, sobre los que existían fundadas sospechas que desde prisión seguían maniobrando para ocultar sus fortunas en el extranjero. Lo mismo sucedió al juez Elpidio Silva, quien instruía la investigación del caso Blesa, el banquero de Caja Madrid (luego Bankia), responsable de uno de los mayores desfalcos a los pequeños ahorradores en la historia española. La protección de los poderes fácticos, políticos e incluso judiciales ayudó a Miguel Blesa, quien llegó a ese cargo por haber sido el compañero de pupitre en sus años infantiles del que después sería el presidente del gobierno, José María Aznar. El libro de Garzón desmenuza 61 casos de corrupción, desde la dictadura de Francisco Franco hasta los que se produjeron dentro de las administraciones de Felipe González, el propio Aznar o los actuales en la gestión de Mariano Rajoy. Una de las conclusiones del juez es que “no existe voluntad política” para un combate real a la corrupción, porque se ha enquistado en los grandes capitales y en el estamento político. Esta plasta viscosa de complicidad contrasta con la exigencia de un importante sector del ciudadano de a pie en España, que rechaza abiertamente la corrupción y que está cansado de los excesos y desfalcos de los que siempre ganan, y las pérdidas siempre acaban socializándose. Aun así, sorprende que el voto popular no castigue a los partidos corruptos. Y aun con todas las resistencias, en España hay un sector de la policía, de las fiscalías y del Poder Judicial que sí están abriendo causas y llevando a prisión a políticos o empresarios encumbrados. Como le sucedió en la operación Lezo al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, o a Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir y alto directivo de OHL, quien presuntamente sobornó al primero a cambio de que la constructora recibiera un contrato del tren de cercanías en las comunidades madrileñas de Navalcarnero-Móstoles. Por eso el caso del marqués Juan Miguel Villar Mir, principal accionista de OHL, es uno de los más emblemáticos tanto en España como en México. Aquí, en la península, se le siguen innumerables causas por corrupción, y en México porque goza del favor y protección descarada del gobierno de Enrique Peña Nieto y de su extensión en el Estado de México, con Eruviel Ávila. En la edición de Proceso que circula esta semana, el periodista Álvaro Delgado da a conocer la forma en que el grupo empresarial de Villar Mir participa gozosamente en el financiamiento de la campaña para el priista Alfredo del Mazo en el Estado de México, por cierto primo del presidente Peña, quien le entregó en mano la concesión a OHL de dos de las vías de pago en esa entidad. Villar Mir es un tecnócrata que inició carrera en los gobiernos de la dictadura franquista, por más que él intente ocultar esa parte de su biografía: Su primer cargo público fue como funcionario en el Puerto de Cádiz, en 1958. Tres años después fue subdirector de Puertos y Señales Marítimas. En 1964 fue nombrado director general de Empleo, y en 1967 accedió a la presidencia del Fondo Nacional de Protección del Trabajo. A finales de la década de los 60 presidió la empresa pública Altos Hornos de Vizcaya, también fue presidente de Altos Hornos del Mediterráneo y de Hidronitro Española. Un mes después de muerto el dictador Francisco Franco (20 de noviembre de 1975), Villar Mir fue nombrado vicepresidente económico y ministro de Hacienda en el gobierno de Carlos Arias Navarro. Ese cargo lo ocupó hasta julio de 1976, tiempo suficiente para entablar una relación de amistad con el rey Juan Carlos I, quien le concedió el marquesado de Villar Mir, el 4 de febrero de 2011, según lo oficializó el Boletín Oficial del Estado (BOE). La distinción se le concedió, según el decreto real, “por su destacada y dilatada trayectoria al servicio de España y de la Corona”. En 1987 Villar Mir compró a la empresa Altos Hornos de Vizcaya una sociedad que estaba en quiebra, Obrascón –la O de OHL–, en “una peseta”, y que fue la base de su actual imperio de construcción y concesiones. En el Grupo Villar Mir también concentra su sociedad en sidero-metalúrgica Ferroatlántica, en fertilizantes Fertiberia, además de OHL. En 2013, cuando tuvo que declarar en la Audiencia Nacional por el primer tramo del caso Gürtel, con un dejo de reproche respondía ante las preguntas de una de las partes: “Yo estuve en el gobierno que trajo a España la libertad de los partidos políticos, la pluralidad sindical que recoge la Constitución. Mi ideología es muy distinta (a los sindicatos), porque creo en la libertad privada (sic), creo en la propiedad privada, creo en la economía de mercado y creo en Dios”. El poderoso empresario no entendía que se le juzgaba por presuntos delitos de soborno y financiamiento irregular al PP, no por su papel en la historia de España. Cuando en 2015 su filial de OHL México se colocó en el foco del escándalo al hacer pública una serie de grabaciones de conversaciones telefónicas de sus altos ejecutivos con funcionarios mexicanos en supuestos acuerdos oscuros, Villar Mir dio una conferencia en Madrid en la que reprochaba esta “campaña de difamaciones lamentable e impropia de un país desarrollado como es México”. Sobre los vínculos de OHL con el gobierno de Enrique Peña Nieto y los gobiernos mexiquenses, Villar Mir dijo “sentirse muy orgulloso de ser amigo de todos los mexicanos. Y también del PRI, de eso estoy muy orgulloso. Pero (también) de las ocho concesiones que tenemos en México, contratadas a lo largo de 12 años. Con el PRI hemos contratado tres, con el PAN otras tres y con el PRD dos”, precisó. Incluso, lanzó que se siente “orgulloso de ser español”, pero tanto como si él fuera mexicano. “México para mí es una especie de segunda nacionalidad, porque a ningún país del mundo le hemos dedicado ni el tiempo, ni el trabajo, ni el esfuerzo, ni la inversión que estoy dedicando a México y que voy a seguir dedicando a México”, que entonces ascendía a 59 mil 260 millones de pesos en 12 años de presencia de su compañía. Producto de este escándalo, y cuando las cosas se hicieron insostenibles, cayó el gran lugarteniente en México del empresario español: José Andrés de Oteyza, presidente de OHL México, quien se convirtió en el cortafuegos de la compañía para frenar el escándalo en el que está envuelta su filial, la más importante de las ocho home market de la constructora en el mundo. Está claro que OHL no es el único grupo empresarial en estos bailes, pero sí es al que se le suman más causas… al menos en España: Papeles de Bárcenas, Gürtel, Púnica, Lezo, Tarjetas Black, trama balear con el hospital Son Espases.