CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, urgió al presidente Enrique Peña Nieto la promulgación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada en días recientes por el Congreso de la Unión. Dicha legislación responde a recomendaciones del Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, tras su visita al país en octubre de 2015, así como a otras formuladas por otros mecanismos internacionales. Al mencionar las características de la Ley, Jarab reconoció que sus “potencialidades” se observarán cuando “se prevenga la tortura, se sancione a los culpables, se excluyan las pruebas obtenidas mediante tortura y se repare de manera integral a las víctimas”. Puntualizó que su aplicación “debe asegurar que la tortura deje de emplearse como un método de investigación criminal y que sean los torturadores y no las víctimas quienes enfrenten cargos ante la justicia”. Jarab puso a disposición la oficina de la ONU-DH para asesorar en la efectiva implementación de la ley y dar seguimiento a la misma. De acuerdo con la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ley aprobada prohíbe de forma absoluta la tortura, “sanciona la conducta en todo el país bajo una misma definición acorde con los tratados internacionales, excluye pruebas obtenidas mediante tortura y otras violaciones a los derechos humanos y determina reglas claras de combate a la impunidad”. Agrega que otro avance de la legislación consiste en que “distribuye competencias entre los tres órdenes de gobierno, crea un registro nacional de casos de tortura e incluye medidas para la asistencia, atención y reparación de las víctimas”, así como la creación de “un programa nacional para erradicar el delito, refuerza las medidas de prevención y robustece al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura”. Para la ONU-DH, la consolidación de la ley fue posible gracias al trabajo realizado por el Senado, por la Cámara de Diputados, así como por “el impulso desplegado desde la Procuraduría General de la República”, por las contribuciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las organizaciones de la sociedad civil y algunas universidades”. La oficina de la ONU-DH reconoció que ante todo, “ha sido la valentía de las víctimas la que ha inspirado a múltiples actores a impulsar una ley cuyo objetivo central es erradicar el sufrimiento que implica la inadmisible práctica de la tortura”. Además, expresó su “solidaridad, respaldo y empatía” con las víctimas de tortura, “reiteradamente estigmatizadas, así como a quienes defienden sus derechos humanos”, al tiempo que reiteró su disposición para trabajar con el Estado mexicano y la sociedad civil a favor del respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas. Próximo paso, la Ley General: CDNH Por su parte, la CNDH coincidió con el representante de la ONU-DH, de que el próximo paso es la aplicación de la Ley General, y se congratuló de que en la formulación de la legislación fueron tomadas en cuenta sus recomendaciones así como las de organismos internacionales y de la sociedad civil. En un comunicado, el organismo puntualizó que “ahora el reto es hacerla efectiva (la ley), contar con la profesionalización de los actores en la aplicación de la ley una vez en vigor, contar con los recursos suficientes para instrumentar sus contenidos y sobre todo de identificarse casos, hacer investigaciones efectivas que eviten la impunidad”. La CNDH valoró que se haya aprobado “que en nuestro país no tengan valor alguno declaración o prueba que sean resultado de un acto de tortura, abuso o trato cruel o inhumanos”, como se estableció en la ley general. Asimismo, celebró que mediante la legislación se fortalezca el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que depende de la CNDH, y coincidió con la ONU-DH en aplaudir que se contemple la creación de un programa nacional para eliminar la tortura y establezcan sanciones “a quien la cometa, tolere o conozca que se ha cometido”, en apego a los estándares internacionales. “Palabras sobre papel”: AI Por su parte, la directora ejecutiva en México de Amnistía Internacional, Tania Reneaum Panszi, emplazó a las autoridades mexicanas a “garantizar un procesamiento de todos los responsables de los miles de casos de tortura denunciados cada año en todo el país”, de lo contrario dicha normatividad “no será más que palabras sobre el papel”. La directiva reconoció que la ley es un “paso adelante para hacer frente a la crisis de derechos humanos que azota al país”, por lo que es momento de “garantizar que todos los responsables de estos infames delitos contra el derecho internacional comparezcan ante la justicia”. Al recordar que hace dos años el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a impulsar esta ley, igual que la Ley General sobre Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, la defensora puntualizó que pese a que la tortura “es una práctica muy extendida en México” y obliga a personas a firmar confesiones falsas, y de las que hay miles “sólo 15 casos han concluido en sentencias condenatorias a nivel federal desde 1991”. En los hechos, añadió la representante en México de Amnistía Internacional, “los ministerios públicos y los tribunales de México siguen sin investigar, enjuiciar ni castigar la tortura cometida por funcionarios públicos”, además de que en raras ocasiones se presentan cargos contra presuntos responsables. La defensora puso como ejemplo de las consecuencias de la tortura en México el caso de Verónica Razo, quien fue víctima de tortura sexual en junio de 2011 y que permanece en prisión acusada de delitos que no cometió. Para Tania Reneaum, “mientras haya sobrevivientes de tortura, que como Verónica Razo, permanezcan en prisión, esta ley no podrá considerarse efectiva. Es hora de que las leyes se pongan plenamente en práctica en México y de que Verónica vuelva casa con su familia”. Agregó que hasta que el congreso no apruebe una ley general contra la desaparición forzada, “tal como se comprometió el presidente en 2014, su trabajo no podrá considerarse terminado”. En noviembre de 2014, tras el escándalo internacional que significó la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Peña Nieto se comprometió a una serie de reformas legislativas además de las encaminadas a resolver el caso. Entre esas reformas, estaban las leyes generales de tortura y la de desaparición forzada y desaparición por particulares.