CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Colectivos de familiares de desaparecidos de México y Centroamérica y organizaciones sociales integradas en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México reprocharon al gobierno de Enrique Peña Nieto el no cumplir con su palabra ni tener voluntad política para buscar a las miles de víctimas de desaparición forzada y por particulares. A unos días de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión y luego de apretadas negociaciones, los representantes de los 40 colectivos de familiares de víctimas apenas lograron algunos avances en el dictamen de Ley General sobre Desaparición Forzada y por Particulares que, reconocieron, no se apega a estándares internacionales ni al objetivo esencial para las familias que es la búsqueda. En un comunicado, los colectivos y las organizaciones informaron que pese a sus discordancias decidieron “acompañar el proyecto” bajo la premisa de que “la ley es un instrumento más en nuestra exigencia de buscarles (a los desaparecidos) y encontrarles y seguiremos reiterando a necesidad de mecanismos de búsqueda operativos y eficaces”. Tras emplazar al Estado a “demostrar que la estructura que propone va a funcionar”, los colectivos de familiares describieron sus reservas, focalizadas en “la falta de capacidades y atributos suficientes” de lo que sería la Comisión Nacional de Búsqueda “para responder eficazmente a la problemática de la desaparición del país”. Al recordar que desde hace dos años, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MovNDmx) ha trabajado al lado de organizaciones, expertos y legisladores interesados en sacar la Ley General sobre Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares,  destacaron que en los últimos días la propuesta “se vio modificado por las observaciones del Ejecutivo”, mismas que consideraron “inaceptables”. Añadieron que la última versión del dictamen “tiene aspectos que abona a que el Estado mexicano atienda la problemática, pero deja grandes pendientes”, como que la Comisión Nacional de Búsqueda “no contará con policía propia y deberá solicitar colaboración al Ministerio Público para la realización de acciones de investigación, todo en disminución de su capacidad operativa”. De acuerdo con el análisis hecho por el Movimiento, en la última propuesta del Ejecutivo “no existe claridad sobre los criterios para definir quién será el responsable, ya sea la Federación o autoridades locales, de encabezar la búsqueda de personas desaparecidas”, además de que se sigue utilizando el término de “no localizadas”, cuando es contrario a las recomendaciones internacionales que se le han hecho al Estado mexicano. El documento, dijeron, tampoco atiende los estándares internacionales para “fincar responsabilidades al superior jerárquico cuando en razón de sus funciones debió saber lo que las personas a su cargo realizaban”. Las familias de desaparecidos reiteraron: “Para el MovNDmx está claro que el gobierno no cumple con su palabra y la voluntad política que dice tener, pues no está demostrada en todo el dictamen”. Al señalar que como colectivos de familiares insistirán en “la necesidad de mecanismos de búsqueda operativos y eficaces”, el MovNDmx llamó a senadores y diputados a aprobar la Ley General sobre Desaparición Forzada y por Particulares durante este periodo y “honrar su compromiso con nuestro dolor y nuestra lucha por encontrarlos y encontrarlas”. El posicionamiento fue firmado por más de 40 colectivos y organizaciones de Guerrero, Nuevo León, Baja California, Veracruz, Estado de México, Michoacán, El Salvador, Chiapas, Sinaloa, Querétaro, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Morelos y Guatemala.