OAXACA, Oax. (apro).- Integrantes del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAÍZ) marcharon hoy en reclamo de justicia para los activistas de derechos humanos Alberta Cariño Trujillo y Jyri Jaakkola, a siete años de la emboscada en San Juan Copala donde perdieron la vida, crímenes que siguen impunes. El dirigente de MAIZ, Omar Esparza Zárate, afirmó que durante estos siete años “no hemos estado solos, ya que existe el acompañamiento de las eurodiputadas, la solidaridad y el compromiso de las organizaciones que esperan justicia para Bety Cariño y Jyri Jaakkola. La defensora oaxaqueña Cariño y el activista de Finlandia Jaakkola fueron acribillados a balazos durante una emboscada preparada por paramilitares de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) en el municipio autónomo de San Juan Copala, mientras se realizaba una caravana humanitaria para apoyar al pueblo triqui que sufría en ese entonces mucha violencia paramilitar en su territorio. A siete años de los hechos, hay cinco detenidos y ocho órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar, pero ningún juicio, ni una sola sanción. Es por ello que los manifestantes exigieron que se condene a los responsables de los asesinatos, ya que la falta de procuración de justicia por parte del gobierno mexicano en casos de asesinatos a defensores de derechos humanos o de feminicidios, favorece la impunidad y la multiplicación de esos crímenes. Así lo reconoció el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, después de su visita en México. “Bety, coordinadora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus) e integrante de la Red Mexicana de Derechos Humanos y de Afectados por la Minería (REMA), fue asesinada por su labor a favor de los derechos humanos de los pueblos indígenas en México, su derecho a la autodeterminación y a una vida digna”, destacaron. También consideraron que “su asesinato no es un caso aislado: ella es una de las 41 defensoras de derechos humanos ejecutadas en México desde 2010 a la fecha por ser mujeres y activistas”, según el recuento que presentó la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) en su último informe. Omar Esparza manifestó que el gobierno busca simular un juicio descalificando las pruebas que señalan la responsabilidad de los agresores, mientras los testigos y víctimas que participaron en la caravana han sido sujetos de acoso, amenazas permanentes, agresiones y todo tipo de hostigamientos.